Nélida Nieves Rojas de Martínez, líder de la Tupac Amaru Mendoza, quedó detenida anoche, acusada por usurpación, coacción agravada, y asociación ilícita entre otros delitos que se le atribuyen. La representante de Milagro Sala en Mendoza quedó detenida junto a su esposo, Ramón Domingo Martinez, y sus dos hijas, Carla y Leonela Martínez.
La titular de la agrupación kirchnerista es investigada por la fiscal Gabriela Chaves, quien la detuvo junto a otros miembros de su familia en su casa de Lavalle, en el marco de la investigación por supuestas estafas en la construcción de viviendas sociales, donde habría más de un centenar de familias involucradas.
La agrupación social informó de la detención en su cuenta de Twitter: @PrensaTupac “Urgente: detuvieron a Nélida Rojas, referente de la Tupac en Mendoza, a su esposo y dos hijas en el marco de la persecución política”.
Rojas quedó en el ojo de la tormenta luego de un informe presentado en el programa que conduce Jorge Lanata, “Periodismo Para Todos”, en noviembre del año pasado, en el cual ex miembros de la agrupación K denunciaban que existía un sistema extorsivo para entregar viviendas sociales en el norte provincial.
Aparentemente, la mujer creó un “sistema de puntos” para poder llegar a la casa propia, dependiendo del “compromiso” que se tuviera con la Tupac. Entre las acciones que “sumaban puntos” se encontraría horas voluntarias de trabajo, pagar una cuota de $80, usar pechera identificatoria, bandera, gorra, participar de las marchas, asistir a asambleas, cortes de rutas, protestas, etc.
Según se presenta en el informe, la organización está a cargo de la construcción del 56% de las viviendas sociales en la provincia y es la responsable del 44% de las viviendas realizadas hasta el momento.
Por lo expuesto en el show televisivo, la diputada nacional Margarita Stolbizer presentó una denuncia en la Justicia Federal por supuesta ‘malversación de caudales públicos’ e ‘incitación a la violencia colectiva’ contra los responsables de la agrupación en Mendoza.
No obstante, en abril de 2015 una de las presuntas víctimas había presentado la primera denuncia contra la dirigente por una vivienda que se le adjudicó en dos oportunidades, pero nunca le fue entregada. La presentación judicial por entonces fue por “coacción y estafa”. Por esta causa fue detenida junto a sus familiares.
LA DEFENSA DE ROJAS
En diálogo con Radio Jornada (FM 91.9), Rojas aseguró que no se continuó con la construcción de viviendas porque con el cambio de Gobierno dejaron de llegar fondos para la agrupación. “Todo tiene que ver que este programa de integración social comunitaria no esté más. Estamos desde 2007 y terminó el año pasado y tenemos mil familias en lista de espera”, explicó en noviembre de 2016 en el programa ‘Pulso Urbano’.
Relató la enfermera jubilada y ex dirigente de ATE Salud que “nos quedan terrenos que fueron donados al IPV para este programa y da como resultado que más de mil familias tienen viviendas en Mendoza. Nadie los obliga a marchar con nosotros”.
Además, se desligó de cualquier responsabilidad al indicar que el dinero para las viviendas viene de Nación “y es el IPV el que hace el primer desembolso, que es para el acopio. La cooperativa empieza la obra hasta la altura del dintel y ahí viene el siguiente desembolso, y así hasta el final de obra”.
En cuanto a los vehículos de alta gama que tiene su familia, Rojas señaló que “ellos trabajan, van de un lado para otro y tienen derecho a tener bueno vehículos, ya que eligen eso a otras cosas materiales”. “No robamos ni somos delincuentes, porque no hay vehículos para pobres y otros para ricos”, mencionó la dirigente.
LA DENUNCIA EN LA JUSTICIA FEDERAL
En su presentación judicial, Stolbizer también involucró al ex ministro de Planificación Federal de la Nación, Julio De Vido, y al detenido ex secretario de Obras Públicas Jóse López, quienes eran los responsables de ejecutar el plan de construcción de viviendas sociales a nivel nacional.
La legisladora y su abogada Silvina Martínez denunciaron que la responsable de la organización en Mendoza y sus tres hijos recibieron millonarios fondos nacionales desde el ex Ministerio de Planificación Federal.
Stolbizer advirtió en base a testigos de identidad reservada, cuyos datos se entregaron al juzgado y otra documentación, que “durante los últimos años se administraron en forma fraudulenta y arbitraria los fondos públicos que provenían del Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido, a través de la Secretaría de José López, los cuales se destinaban al Programa Federal de Integración socio comunitario, los cuales eran manejados en forma absolutamente arbitraria”.
“Desde el Ministerio de Planificación se alimentó a la organización Tupac Amaru con millones de pesos con el objetivo aparente de proyectos habitacionales pero que en realidad se trataba de una pantalla para inyectarle fondos públicos a una organización que era utilizada para realizar piquetes y cortes de calles como medio de extorsión y amenazas”, sostuvo Stolbizer.
Y detalló que “las viviendas prometidas no eran entregadas en tiempo y forma ya que la mayoría se adjudicó con manejos arbitrarios y mafiosos y en muchos casos sin estar terminadas a pesar de haber recibido el pago total por la obra”.
El programa para la construcción de viviendas se creó en el ámbito de la secretaría de Obras Públicas que comandaba López en el 2008, y habilitó la entrega de fondos públicos de manera directa a cooperativas y organizaciones intermedias para la construcción de viviendas sociales.
Pero en Mendoza, según la denuncia, la organización que más dinero recibió fue la filial de la Tupac Amaru, dirigida por Rojas de Martínez, con quien trabajan sus hijos y su marido. “Ella dice que no tiene sueldo por su tarea y que sus cinco hijos ‘cobran como todos los miembros de la cooperativa’.
Ramón Martínez, su marido, es el que controla las obras. Y sus hijos y familiares (Carla Martínez, Leonela Aída Martínez, Matías Corzo) son los delegados que controlan a los miembros de la organización. Se caracterizan por los manejos prepotentes y amenazadores y tuvieron presencia activa este año con la realización de varios cortes de calles y piquetes para amedrentar al poder político”, aseguró la denunciante.
Además, aludieron a un “reglamento interno totalmente arbitrario para adjudicar las viviendas construidas con fondos públicos”. Este reglamento, según la denuncia, establecía “un sistema de puntaje” y, para poder acceder a la vivienda, debían “acumular puntos”, para lo cual “debían vestir la ropa de la Tupac Amaru (la cual debían comprar), saberse las canciones de la organización, cortar calles y realizar piquetes y participar de marchas, entre otras actividades para acumular puntos y así acceder a la vivienda”.
“La líder de la organización junto con sus hijos deciden quiénes acceden a una vivienda gracias a los puntos obtenidos con motivo de los cortes de calle y piquetes que realizaban con la imagen de Eva Perón o el Che Guevara. Era la única manera de acceder a una vivienda y así jugaban con las necesidades de la gente que lo único que quería era un techo digno para sus hijos. Le indicaban que debían cortar calles y realizar diferentes manifestaciones (muchas de las cuales eran muy violentas)”, agregó.
Además, remarcó que las obras se cobraban en su totalidad pese a no estar terminadas, con la sola presentación de un certificado de obra que daba cuenta del 40 por ciento de avance. “Pero estas obras nunca se terminaban y el dinero se diluía”, advirtió Stolbizer en la denuncia, en la que, además, consignó que, “hasta la actualidad, las viviendas se entregan sin terminar, con faltantes de techos o ventanas”.
En la denuncia se apuntó principalmente a la adjudicación en dos barrios de Lavalle, el Telteca y el Tupac Amaru II.
Stolbizer remarcó que, además, “la organización cobra una cuota mensual a cada integrante pese a tratarse de personas de bajos recursos” y que “el pago de la cuota junto con el resto de las actividades resultan obligatorias para poder acceder a la vivienda”.
Además, detalló que la encargada del cobro de las cuotas era la tesorera de la filial mendocina de la Tupac Amaru, a quien identificó como “la señora Fanny Villegas”.
Según los testimonios, los miembros deben “vender rifas o participar de diferentes actividades” para recaudar fondos para la compra de pasajes y viáticos de los líderes que viajan a Jujuy, donde la organización tiene su sede central, presidida por la detenida dirigente social Milagro Sala.
El mismo mecanismo de recaudación se usaba para los viajes a la ciudad de Buenos Aires con el fin de “participar de los actos de la señora Cristina Fernández de Kirchner como presidente de la Nación”, sostuvo la denuncia. (http://jornadaonline.com/mendoza)
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