(U24) - Las tres cuartas partes de los protagonistas directos involucrados en la reforma previsional a punto de sancionarse y en el bono compensatorio que anunció el gobierno en el Boletín Oficial, o sea los propios jubilados, pensionados y niños en situación de vulnerabilidad, no llegan a juntar en todos esos pases de fórmulas ni para tocar el billete de $1.000 con la figura del hornero a punto de salir.
Los jubilados con 30 años de aportes y que no hayan adherido a moratorias serán los que más cerca queden con el bono de $750 que le entregarán por única vez en marzo de 2018, y para aquellos de la mínima que se acogieron a algún plan de pagos será de $375. $400 recibirán los casi 4 millones de niños alcanzados por la AUH y $375 los 1,1 millones de pensiones no contributivas por discapacidad y los 66.500 beneficiarios de la pensión universal de adulto mayor.
Detrás de la grandilocuencia de frases que llevaron el recinto de la Cámara de Diputados y ocuparon espacio en el smartphone del Presidente mientras iba negociando pari passu con los gobernadores, la reforma previsional se limita a un incremento de $377 bruto, que en mano representará un alza de poco más de $322 para más de la mitad de los 6 millones de los jubilados y pensionados.
En la Asignación Universal por Hijo (AUH) la mejora asciende a $73, que de bolsillo son sólo $50. Todo esto se puede cubrir con un yaguareté, recibir vuelto y todo.
PIRÁMIDE DE LOS INGRESOS ACHATADA
Según cifras oficiales, son 10 los millones de pasivos que, por cobrar menos de $10 mil mensuales a partir de marzo próximo, recibirán un bono compensatorio por la quita que conlleva el proyecto de ley a punto de ser sancionado en la fórmula de ajustes que regía desde 2009, llamada de movilidad.
Desde otro ángulo, la AFIP fijó en $30 mil la frontera entre los trabajadores contribuyentes del impuesto a las ganancias y aquellos que sus sueldos no quedaron gravados como una renta.
Aproximadamente, de acuerdo con la línea de corte del mínimo no imponible, comprende a un millón y medio de un padrón compuesto en total por 12,249 millones contabilizados en el Sistema Integrado Previsional Argentino, cuya remuneración promedio estimada a setiembre era de $ 20.578.
Si se construyera, en base a estos extremos definidos por el gobierno, una pirámide de ingresos “en blanco” en que quedó dividida la sociedad, entre una base formada por los 10 millones de pasividades más unos 6 millones de trabajadores activos que están debajo de cobrar $10 mil, y el extremo superior del 1,5 millón que supera los $30 mil, flotarían en el medio unos 10 millones de asalariados de $20 mil junto a unos 5 millones y medio de jubilados y pensionados de Anses y cajas provinciales que por encima del nivel mínimo de $10 mil establecido para 2018.
Desde un arbitrario punto de vista estadístico se podría determinar, de este modo, la existencia de una “clase sumergida” en las remuneraciones integrada por 16 millones de personas; otro tanto que, como no es ni chicha ni limonada, se clasificaría como “término medio” y apenas 1,5 millones a la que se la consideran tan pudiente que la hacen tributar ganancias.
Claro que la referencia sobre la que se toman los plus que tantas horas de debate parlamentario insumieron no daba margen estadístico para mejorarle a una mayoría silenciosa de la población (“en blanco” y sin voz ni voto para obtener privilegios) la especie monetaria que se representa con los animales autóctonos de la Argentina: desde julio de este año, y hasta enero de 2018, el salario mínimo, vital y móvil (SMVM) es de $8.860. La jubilación mínima es de $7.246.
Por fortuna, para tranquilidad de conciencia de la clase política en general, estos valores superan la línea de indigencia medida a octubre por INdEC de $2.079,23 y también a la canasta que limita la pobreza: $5.073,32, aunque si se metieran la mano en el bolsillo y sacaran lo que llevan en efectivo seguramente les alcanzaría para encargarse de pagarle aumentos y bonos a varios “beneficiarios”.
Mejor ni mirar que, más allá de las jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales que la ANSeS abona a 15 millones de personas y del millón y medio entre jubilados provinciales —de cajas no transferidas a la órbita nacional, como Provincia de Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba—, retirados y pensionados de las FF.AA., Policía y Fuerzas de Seguridad y planes sociales y planes de empleo, hay 7203 beneficiarios, entre los que están 11 ex Presidentes y vices, que se reparten $ 737 millones por mes, del cual el 85% es en concepto de pensiones vitalicias de ex jueces de la Corte y otros cargos judiciales.
También, como señaló el veterano economista Alieto Guadagni, sería preferible no escarbar demasiado en las jubilaciones mínimas ingresadas por moratorias camufladas en el paquete del recorte, para ver cuántas se comparecen con la finalidad declarada de universalizar el sistema incluyendo a los que involuntariamente no tenían regularizada su situación de aportes a lo largo de toda la vida y cuántas son los que nunca trabajaron o lo hicieron evadiendo los aportes previsionales y se acogieron al beneficio por la intermediación de gestores a cambio de una parte de lo que pasaban a percibir.
POCO PARA MUCHOS, MUCHO PARA POCOS
En dependencias menos expuestas al clamor popular, a los agitadores y a los violentos, como las dos cuadras que abarcan por la calle Hipólito Yrigoyen al Ministerio de Hacienda y a la AFIP, las planillas de la cuarta categoría de ganancias desplegadas sobre la mesa de los burócratas apelan a un razonamiento parecido pero inverso al que le bajaron a ANSES cuando, en lugar de cumplir el compromiso presidencial expuesto en campaña electoral de que en su gobierno los trabajadores no pagarían ganancias, hacían cuentas con el mínimo no imponible para que gran parte del padrón se le quite una gabela que no llega al hornero de $1.000.
Para los administradores, el billete color fucsia se ve como un lujo a la hora de pagar y una bicoca a la de cobrar, en función de quiénes están de un lado y del otro de esa ponderación.
Inclusive, al explicar el nuevo cuadro de la tributación al trabajo, el administrador de AFIP, Alberto Abad, señaló magnánimanente que "con estos nuevos valores los empleados pagarán menos impuesto a las ganancias sobre los salarios que cobren desde el primer día de enero”, si bien nada dijo sobre que para muchos de ellos será efímero porque en cuanto las paritarias fijen los ajustes, y los hagan volver al redil.
Bastante trabajo les aguarda a los sabuesos informáticos y al ejército de contadores en los que virtualmente tercerizaron las liquidaciones para la cobranza con el reencuadramiento desde el primer día de 2018 de 3,4 millones de monotributistas, a los que el organismo recaudador les piensa cruzar la declaración con sus gastos con tarjeta de crédito, de resultas de lo cual determinará recategorizaciones de oficio que pueden hacer que muchos inscriptos tengan que pasar al régimen general de IVA y Ganancias.
Los que quedarán más expuestos serán los llamados "monotributistas puros", que son aquellos que sólo aportan en el régimen simplificado y no figuran a la vez como trabajadores en relación de dependencia.
El monto global consumido con tarjeta que informan a la AFIP los bancos y los emisores de los plásticos no discrimina qué consumos integran el re sumen y cómo se conforman los pagos cruzados con ingresos propios que se generan con las separaciones y las familias ensambladas.
La salvedad es que en 15 días el monotributista tendrá de plazo para justificar su situación y evitar sanciones se acumularán descargos que justifiquen algún desfase entre gastos y facturación. Por ahí no estaría de más que los funcionarios dejaran por un rato las sillas y salieran a la calle a verificar qué hacen los que tienen locales o andan en vehículos de carga y se declaran monotributistas, cuando en realidad son comerciantes.
Pero evidentemente el cuerpo a cuerpo no es el fuerte de estos gestores siglo XXI. Los ministros de Hacienda y de Interior, Nicolás Dujovne y Rogelio Frigerio, se sienten satisfechos por pilotear las reformas en el rubro “Seguridad Social” hacia los grandes números planteados en el proyecto de Ley de Presupuesto 2018, donde los recursos para pagar jubilaciones, pensiones y asignaciones representan casi el 50% del total, es decir, que de cada $100 del presupuesto, 49 se destinarán a estos beneficios sociales, cuando en 2017 era del 46%, y en 2003, antes de la primera moratoria previsional sancionada durante el kirchnerismo en 2004, alcanzaba al 37,4 %, según chequeado.com.
No cuenta demasiado en el análisis que, en todo 2018, el cambio de fórmula generaría un sacrificio de $6 mil millones de los jubilado que cobran $1 0 mil mensualmente, de acuerdo con el cálculo del economista Oscar Cetrángolo, ni del 8% que a diciembre de 2019 resigna un haber mínimo real (o sea, teniendo en cuenta la inflación), como estima el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
El cálculo del ex diputado nacional Claudio Lozano, coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) de Unidad Popular, da una quita mucho peor, ya que "con el bono, Macri confisca el 30% de los haberes jubilatorios inferiores a $ 10.000, con todos los aportes y sin moratoria, y el 10% de las asignaciones familiares en 6 meses".
La recompensa es macroeconómica: haber generado sólo en 2018 un ahorro fiscal de $72 mil millones, equivalente a 0,6% del Producto Bruto Interno (PBI).
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