(U24) - En un momento tan preciso que se presta especulaciones, el juez Claudio Bonadio tomó una decisión importante no sólo a nivel judicial. El magistrado que instruye en la causa de encubrimiento a los iraníes por el atentado a la AMIA, ordenó la detención de Carlos Zannini, secretario Legal y Técnico tanto de los 2 mandatos de Cristina Fernández, como del ex presidente Néstor Kirchner, y del piquetero kirchnerista Luis D'Elía, al tiempo que le otorgó la prisión domiciliaria al ex canciller Héctor Timerman, por su delicado estado de salud.
Además, decidió pedirle al Senado el desafuero de Cristina para detenerla por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado, por el cual la procesó.
Zannini fue arrestado esta madrugada en Río Gallegos por personal de la Policía Federal, mientras que D'Elía, supuesto principal vínculo del kirchnerismo con el régimen de los Ayatollas de Irán, fue arrestado en su domicilio de Larerrere en La Matanza.
La PFA también detuvo a Jorge "Yussuf" Khalil, referente de la comunidad islámica en Argentina, mientras que estaba siendo buscado el ex líder de Quebracho, Fernando Esteche.
Los otros imputados en esta causa son el diputado Andrés "Cuervo" Larroque y el ex jefe de la AFI Oscar Parrilli, a quienes Bonadio procesó sin prisión preventiva y les impuso la prohibición de salir del país.
La misma decisión les cabe al ex número dos de la AFI Juan Martín Mena, y la ex procuradora del Tesoro, Angélica Abbona.
El avance de Bonadio en la causa que involucra a la exmandataria y senadora por el principio de acuerdo que supo presentar como "un hecho histórico" por considerar que desbloquearía la investigación del atentado, llega en un momento crítico para el Gobierno de Mauricio Macri tras la crisis por el submarino ARA San Juan, el conflicto con los mapuches en el sur del país, una economía que no repunta, reformas que causan más polémicas que entusiasmo y un fin de año que por costumbre, remueve análisis y sensibilidades de todos.
¿Casualidad? Puede ser. ¿Oportuno? Sin dudas. Pero difícil de cuestionar.
LA DENUNCIA QUE MATÓ A NISMAN
La denuncia judicial por la que el fiscal Alberto Nisman perdió su vida permaneció congelada un largo tiempo hasta que la Cámara de Casación ordenó investigarla hace aproximadamente un año.
Las maniobras con las cuales el kirchnerismo intentó evitar que el expediente se abriera se tornaron una clara señal de la preocupación que la misma generaba entre los apuntados.
En efecto, se discute actualmente en el Consejo de la Magistratura el desempeño en el caso del juez Daniel Rafecas, quien se negó a investigar la denuncia de Nisman y los consejeros hurgan en una posible coordinación con el gobierno K para colocar aquella lápida, que luego fue remachada por otra tanda de jueces y fiscales cercanos al kirchnerismo: el ahora destituido camarista Eduardo Freiler, su entonces inseparable y ahora redimido colega Jorge Ballestero y el fiscal Javier De Luca, quien en lugar de golpear las puertas de la Casación para que abriera el caso, como es su función, hizo lo imposible por evitarlo.
Mientras tanto, Bonadio seguía adelante con su expediente por supuesta traición a la Patria, al que luego se sumó la renacida causa por la denuncia de Nisman. En sus miles de fojas fueron emergiendo las pruebas y los testimonios sobre una supuesta operación para beneficiar a Irán.
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