EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS YA AFECTA A CASI 2 MILLONES DE ARGENTINOS

SOCIEDAD / AFIP 

(DP) - La carga impositiva en la Argentina no da tregua, ya que el impuesto a las Ganancias afecta a casi 2 millones de personas, es decir, un 62,5% más que la cantidad de contribuyentes de 2015. El avance del impuesto sobre los ingresos de asalariados, jubilados y pensionados que superan el mínimo no imponible establecido por el Gobierno se da en paralelo con el impacto de la inflación en los salarios. 


El mínimo no imponible para los trabajadores solteros es de 30.000 pesos mensuales netos(en mano) y de 40.000 pesos para los asalariados que están casados y tienen dos hijos.

Según el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET) la pérdida de poder adquisitivo de los salarios alcanzó en septiembre el 14,7%, respecto de fines de 2015, lo que representó la caída más profunda desde 2002.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, respondió a una consulta en el Congreso al dar su informe de gestión y allí precisó que en 2015 pagaban Ganancias 1.194.149 personas; en 2016, unas 1.688.141; en 2017, unas 1.990.349; y ahora, 1.939.994.

Esos datos oficiales indican que unas 745.845 personas que en 2015 no pagaban Ganancias tuvieron que pasar a tributar, independientemente de la erosión que hayan registrado sus ingresos por el impacto de la inflación.

De acuerdo con los datos brindados por Peña, del total de personas que abonan el impuesto 1.638.433 son trabajadores en relación de dependencia; es decir, pagan en forma compulsiva porque sus empleadores les retienen el porcentaje.

En el caso de los asalariados, son 85.000 menos que en 2017, pero 270.000 más que en 2016 y 560.000 más que en 2015. Los números indican que el 20% de los 9 millones de asalariados del sector público y privado registrados pagan el impuesto a las Ganancias, es decir, uno de cada 5 trabajadores.

Esta situación va a contramano de una de las principales promesas de campaña de Mauricio Macri y todo el espacio Cambiemos, que consistía en la eliminación del impuesto, al que consideraban “dañino” para el poder adquisitivo de los trabajadores.