(U24) - A poco de cumplirse un año del escándalo de los cuadernos, y con críticas al juez federal Claudio Bonadio, la exmandataria y candidata a vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner pidió ir a juicio oral en la causa.
La presentación la hizo Carlos Beraldi, abogado de la senadora de Unidad Ciudadana, que le entregó al juez un documento que en el que advierte sobre lo que considera es "la ausencia manifiesta de un órgano jurisdiccional que en esta instancia pueda reparar" la cadena de "ilicitudes" de la investigación.
La precandidata a vicepresidenta del "Frente de Todos" está procesada como jefa de una asociación ilícita y 27 hechos de cohecho, en la causa que se investiga el pago de sobornos millonarios de parte de empresarios de la obra pública, viales y de la energía a funcionarios kirchneristas para asegurarse contratos del Estado, en el caso que se originó por las anotaciones que hizo en cuadernos el chofer Oscar Centeno.
La defensa consideró "imprescindible" pasar a la instancia de juicio oral en esta causa para exigir "una vez más, el restablecimiento de los principios constitucionales que hacen al debido proceso legal, del que deben gozar todos los habitantes de la Nación, sin excepción alguna".
Con estas palabras, en medio de una campaña electoral, Kirchner hizo su jugada en la causa y dio la sorpresa. Dejó claro que prefiere enfrentar el banquillo, como ya está haciendo ante el Tribunal Oral Federal 2 por la causa de la obra pública entregada al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz, y que el caso deje la órbita del juzgado de Bonadio y la fiscalía de Carlos Stornelli.
En el escrito presentado ante Bonadio, Beraldi argumentó: "En condiciones normales, la posibilidad de que estas actuaciones pudieran ser elevadas a juicio, en términos jurídicos, resultaría absurda. Ello así, pues todo lo actuado es insanablemente nulo, al haberse vulnerado todas y cada una de las garantías previstas en la Constitución Nacional".
En la presentación, Beraldi hizo un repaso del caso desde que se inició "a partir de un supuesto elemento de prueba obtenido por medios ilegales: los presuntos cuadernos del chofer Oscar Centeno" (chofer de Roberto Baratta, mano derecha el exministro K de Planificación Federal Julio De Vido); remarcó que "los supuestos cuadernos nunca aparecieron y sólo obra en la causa lo que serían fotocopias de los mismos", que "el juez y el fiscal recién fueron a buscarla cinco meses más tarde", y que si bien "Centeno habría confesado que incineró los supuestos cuadernos en la parrilla de su casa", "pasó a ser considerado por los instructores como un importante colaborador en la búsqueda de la verdad".
Recordó la aplicación de la figura del "imputado colaborador": "El primero fue Centeno, pero después se sumaron empresarios y más tarde ex funcionarios, que hicieron acuerdos con la fiscalía y lograron esquivar o salir de la cárcel, luego de que el juez validara esas declaraciones".
Remarca que "se realizaron detenciones arbitrarias a mansalva y se efectuó una aplicación totalmente ilegítima de la ley 27.304, la cual terminó siendo utilizada como un medio coactivo no sólo para arrancar supuestas confesiones a los imputados, sino también para manipular sus dichos, siempre en una misma dirección: imputar, como sea y por cualquier delito, a mi representada".
"Así, decenas de imputados fueron colocados ante la siguiente disyuntiva: o reconocían la comisión de supuestos delitos, vinculando a la ex Presidente de la Nación con los mismos, o serían privados de su libertad por un lapso indefinido", sostuvo.
Beraldi manifestó que "en un pícaro intento por no dejar rastros de estos atropellos, de manera deliberada se omitió obtener registros audiovisuales de estos actos procesales, vulnerando la clara disposición prevista en el artículo 6 de la ley 27.304"″, pero "como la mentira tiene patas cortas quedó expuesto públicamente que las actas que documentaron las supuestas declaraciones de los arrepentidos no eran un fiel reflejo de las mismas".
"Preparado así el terreno y como era de esperar, se dictó un auto de procesamiento en contra de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, nuevamente por el supuesto delito de asociación ilícita (multiplicado de manera obscena), con el aditamento de imponerle como medidas cautelares la prisión preventiva y un embargo multimillonario para dar a estas maniobras la repercusión pública perseguida.
A todo ello se le adicionó una nueva práctica ilegítima, consistente en conformar nuevas causas conexas, multiplicar la misma imputación y dictar nuevos procesamientos en contra de mi representada aunque no existe una sola prueba directa que demuestre que mi asistida hubiera recibido coimas", sentenció el letrado.
En otro tramo del escrito cuestionó los operativos en diversas propiedades de la exmandataria por esta investigación. Añadió el defensor: "se allanaron distintos domicilios de mi representada, se destrozaron paredes y expresamente se incumplieron las directivas del Senado de la Nación sobre la manera en que debían desarrollarse estos procedimientos".
"Así las cosas y frente a la ausencia manifiesta de un órgano jurisdiccional que en esta instancia pueda reparar todas estas ilicitudes, resulta imprescindible que las actuaciones transiten hacia el juicio oral", completó.
Bonadio dio por cerrada de manera parcial la investigación y pidió opinión a las partes sobre el envío a sorteo de un Tribunal Oral. Por su parte, la fiscalía pidió enviar a juicio a la ex mandataria, ex funcionarios procesados y empresarios. También lo hicieron los organismos querellantes y ahora es el turno de todas las defensas.
Algunos empresarios, como Aldo Roggio, ya presentaron escritos para oponerse a que el caso sea enviado por ahora a juicio. Una vez que tenga todas las opiniones el juez resolverá. Este año, Cristina tuvo su primer juicio oral por corrupción en la obra pública, donde estuvo sentada a pocos metros de Julio De Vido, José López y el empresario Lázaro Báez.
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