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| Los titulares de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, se presentaron en la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia (Foto NA: Celeste Salguero / Comunicación Senado). |
(U24) - Hace poco más un mes, el 19/6 la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la acordada 17/2019 le pidió a los magistrados que ordenen escuchas telefónicas que lo hagan con "criterio restrictivo" y de manera "fundada".
Además, prohibió la "excursión de pesca", es decir, que se pinche un teléfono para luego investigar, y pidió "a la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia que certifique que la Agencia Federal de Inteligencia no realiza tareas de investigación criminal ajenas a las expresa y específicamente solicitadas como requerimiento de asistencia por los magistrados judiciales".
La decisión se tomó con la firma de los cinco miembros de la Corte, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. Ante este pronunciamiento de la Corte, los directores de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, protestaron a través de una carta enviada a la comisión bicameral del Congreso encargada de fiscalizar a los organismos de inteligencia.
A la AFI le molestó especialmente que el máximo tribunal le pidiera a la bicameral certificar que la Agencia "no realiza tareas de investigación criminal ajenas a las solicitadas por los jueces". Para el organismo que dirige Arribas, la Corte simplemente se está metiendo en otro poder del Estado y reconoce sólo el control de la bicameral del parlamento.
El siguiente párrafo de la misiva enviada por la AFI a la bicameral es claro al respecto: "Corresponde al Congreso mantener el equilibrio que armonice las garantías individuales con las conveniencias generales, y no incumbe a los jueces sustituirse a los otros poderes del Estado en las funciones que le son propias".
En la acordada 17/2019, la Corte Suprema también les pide a los jueces que deben velar para que la cadena de custodias de los audios de las escuchas no trasciendan. Porque si ellos las filtraran cometerían un delito. La Corte también recuerda que la divulgación, tráfico o comercio de los datos obtenidos en base a una finalidad originariamente lícita, la amenaza o el chantaje derivados de la posesión de datos íntimos que no resultan conducentes para el esclarecimiento de un delito, no solo deben ser prevenidos sino castigados por la ley.
Para el diario Pagina/12, la Corte en su acordada “intentó dejar a resguardo el papel la oficina de escuchas, que funciona bajo su órbita, y apuntó tanto a quienes llevan adelante las causas penales como también a la AFI”.
“Entre otras cosas, pidió la intervención de la bicameral en el tema. Ahora la central de espías dice observar con “intranquilidad” los planteos de la Corte y la acusa de invadir a los otros poderes del Estado”, completa. Los diputados opositores Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau presentaron una nota en la que plantean que se debe hacer una investigación en base a la certificación que pidió la Corte sobre presuntas actividades de inteligencia criminal por fuera de lo que ordenan jueces y juezas, pero que de todos modos en algunos casos está comprobada la intervención de la AFI en operaciones de inteligencia , tales como el pedido directo al juez Luis Carzoglio, quien reveló que dos funcionarios de la agencia le llevaron una orden redactada para la detención de Hugo y Pablo Moyano, a lo que se negó, recuerda el matutino.
La nota enviada al Congreso por Arribas y Majdalani dice que “observa con intranquilidad la exhortación a los jueces (…) para que se restrinja la participación de esta agencia en las investigaciones a su cargo”.
“Ni este director ni esta subdirectora general ordenamos ni consentimos ninguna tarea por parte de persona de este organismo violatoria de las previsiones contenidas en el artículo 4 inciso 1 de la ley 25520 (ley de inteligencia), encontrándose tal actividad, por otra parte, sancionada estatutariamente”, agregan.
“Todas las tareas de investigación criminal que lleva adelante este organismo han sido ordenadas por los señores magistrados actuantes en el marco de investigaciones sometidas a su jurisdicción”, insisten en aclarar, aunque plantean su “rechazo” a una pesquisa sobre sus actos.
“Siendo que la investigación criminal resulta una facultad atribuida por el Congreso a esta AFI (…) es que se observa con intranquilidad la exhortación efectuada por el supremo tribunal para (…) prescindir de este organismo en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo”, destacan.
Y, por último, lanza un dardo por elevación a la Corte: “Se aprecia –dice la AFI-- que se reduciría el riesgo de filtración si la DAJuDeCO impusiera para las comunicaciones que graban y entrega alguna ´marca o sello de agua´ que pudiese permitir el identificar el tenedor del material y el potencial origen de la filtración”. Con la campaña electoral a pleno y a menos de 1 mes de las PASO, no se espera que la bicameral se reúna por este tema.
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