OPINIÓN / AGRONEGOCIOS
por SUSANA MERLO
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Campo2.0). Después de 10 años de reclamos, ya que ese es el lapso que llevan los productores lecheros argentinos pidiendo por medidas y correcciones a las políticas antiproductivas que se impusieron durante más de una década, todavía algunos se muestran “sorprendidos” porque en el borde del abismo, se vuelca leche en las banquinas de las rutas.
En ese lapso, la producción siguió estancada (el último gran salto productivo fue a mediados de los ’90) en 10.500 a 11.000 millones de litros por año, desaparecieron alrededor de 6.000 tambos (30%), y se retiraron buena parte de los capitales industriales externos que habían recalado en la industria lechera hace 15-20 años, mientras que simultáneamente el país fue perdiendo peso relativo en materia lechera respecto a cualquiera de los vecinos, que crecieron en forma más que significativa en este mismo período.
Obvio que la medida no es “simpática”, y hasta es “impolítica”. Sin embargo, ante los precios de quebranto actuales, es muy difícil pretender que un tambero, que “debe” ordeñar diariamente a sus vacas lecheras (no puede dejar de hacerlo 2 veces por día), también, pague por guardar esa producción en algún depósito refrigerado, al que además hay que trasladar el producto con el consiguiente costo de flete y las restricciones que impone el mal estado de los caminos.
¿Quién pone esa plata?
Y, si se dona esa producción, ¿hay algún ente u organismo que absorbería el costo de ir a buscarla, pasteurizarla, y distribuirla?
Difícil…
Lo cierto es que los precios pagados “en tranquera de tambo” también están estancados desde hace bastante más de un año, en alrededor de $ 3-3,20 por litro y, lejos de tener alguna actualización acorde, al menos, con el índice de inflación oficial, la realidad es que desde junio-julio, varias usinas presionan por “bajar” el precio a los productores, lo que ya se concretó en varios casos, y amenaza con generalizarse y profundizarse.
Para justificar esta actitud la industria se escuda, tanto en la suba de los costos de producción internos, como en la estrepitosa baja de los precios internacionales de la leche en polvo (que es lo que exporta la Argentina), que acumula más de 40% de retroceso en el último año, y que ya perforaron los U$S 1.500 por tonelada, cuando habían llegado a superar holgadamente los U$S 5.000 en el 2013.
De todos modos, solo media docena de usinas son las que exportan, y apenas una quinta parte de lo que producen, aunque a nivel de tambo, “toda” la leche recibe el mismo precio…
Producto de esto, pero también de los “precios cuidados”, que les impiden trasladar totalmente las subas a los consumidores, la suspensión de los subsidios que se recibían, el tipo de cambio que complica adicionalmente y los atrasos para recuperar reintegros e IVA, varias industrias también tienen ahora sus números “en rojo” …
El contra-argumento es que, cuando nada de esto sucedía, tampoco los productores recibían un precio acorde por la leche en el tambo.
Pero eso ya fue y, en síntesis, como en la perinola, ahora todos pierden y la situación va a seguir probablemente así ya que las formidables cifras que se transfirieron de un sector a otro (de los productores a la industria, de las usinas a los consumidores, etc.) durante la última década, pero más especialmente las que recibió el Estado por impuestos, incluidas las retenciones, no fueron aprovechadas internamente siquiera para hacer un “colchón” para la época de las “vacas flacas” como ahora.
Además, se expolió a la producción de tal forma que le impidieron estar más preparada para afrontar la etapa crítica actual.
Según la Asociación de Productores de Leche (APL), lo “no cobrado” por la producción local (en comparación con los recibido en otros países), supera desde 2006, los US$ 7.000 millones.
Entonces, si en la etapa de precios en alza le quitaron las diferencias favorables que le correspondían, ¿¿en la de precios negativos se los van a reintegrar o compensar??
En tal sentido, un “ensayo” proselitista del tadem Comercio-Agricultura, en plena campaña política, fue ofrecer un “aporte” adicional de $0,30 por litro, por 3 meses, a los productores de menos de 2.900 litros.
La “oferta”, se prorrogó ahora por otros 3 meses (para llegar, casualmente, a las elecciones en octubre??).
Obviamente, el alcance de la decisión en el primer tramo, fue más que acotado (apenas abarcó al 21% de la producción, y menos de la mitad de los productores), y no constituyó ninguna corrección estructural.
Es decir que fue, y es, apenas un parche oportunista que no se acerca siquiera a una solución a la profunda crisis que afronta hoy la lechería.
Y, como en otros tantos frentes, el conflicto no solucionado, formará parte de “la herencia” que va a recibir el próximo Gobierno.
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