Por: MARTÍN ANGULO mangulo@infobae.com
La Oficina Anticorrupción fue aceptada como querellante. Ya lo eran la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF)
El gobierno de Mauricio Macri suma poder en la causa por lavado de dinero contra el empresario Lázaro Báez.
El juez federal Sebastián Casanello aceptó a la Oficina Anticorrupción (OA) como querellante en el expediente. Con esa decisión, ya son los tres los organismos del Estado actuando como acusadores privados.
Ya estaban la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Unidad de Información Financiera (UIF), quienes se presentaron durante el gobierno de Cristina Kirchner.
"La UIF tiene el rol de querellante desde hace tiempo, pero recién hace unos meses la UIF empezó a tener un protagonismo activo en la causa", le dijo a Infobae una fuente que trabaja en el expediente.
En efecto, el organismo pidió a mediados de mayo la inhibición general de bienes y el congelamiento de las cuentas bancarias de 28 empresas de Báez y de otros acusados en la causa. La querella implica una acusación privada paralela a la que tiene la Fiscalía, que representa los intereses de los ciudadanos.
Un querellante puede pedir medidas de prueba o declaraciones de testigos e imputados. Así, el gobierno de Macri interviene de lleno en una causa en la que Báez está preso con sus millones, bienes en juego y que tiene como imputados a la ex presidente Cristina Kirchner y al ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional, Julio De Vido.
A esas tres querellas se suma la diputada nacional Margarita Stolbizer, quien actúa como "amicus curiae" (amiga del tribunal). Se trata de un rol en el que esta parte de la causa sin las atribuciones de una querella.
La OA, a cargo de Laura Alonso, pidió ser querellante por la intervención de ex funcionarios públicos en la causa, puntualmente el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y el ex jefe de la DGI Rubén Toninelli, involucrados en el expediente por el uso de facturas falsas que utilizó Austral Construcciones, la empresa insignia de Báez, y por el que ya fueron indagados.
El organismo también hizo referencia a la posible vinculación con irregularidades en la obra pública y a su intención de intervenir en el recupero de activos.
"Corresponde admitir el ejercicio de la acusación privada por parte de la Oficina Anticorrupción -en los términos del Art. 82 del C.P.P.N.- en todos los casos de naturaleza criminal en que se persiga el esclarecimiento de hechos en que se vea perjudicado el patrimonio del Estado y respecto de las conductas concordantes abarcadas por la Convención Interamericana contra la Corrupción", resolvió el juez Casanello.
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