PERIODISMO / GRAVE
El proyecto de blanqueo y pago a los jubilados enviado este miercoles 01/06 al Congreso por el Poder Ejecutivo, definitivamente le pone un bozal informativo a la libertad de expresión.
Así surge del texto de la iniciativa de 94 artículos de "Sinceramiento fiscal" que ingresó a la Cámara de Diputados y que permitirá blanquear a todas las personas no condenadas por delitos de evasión, incluidos algunos prominentes empresarios ligados al kirchnerismo, al macrismo (mencionados en los Panamá Papers) y las 4.000 cuentas investigadas por la causa de fondos no declarados en Suiza.
El proyecto enviado por el presidente Maricio Macri, ratifica el secreto fiscal de quienes acceden al blanqueo, con la correspondiente sanción económica para quienes lo violen, luego de las filtraciones registradas en el blanqueo 2013-2015.
Ocurre que en el Capitulo VII de Disposiciones Generales, el artículo 85 establece la obligacion de guardar secreto y la reserva de identidad de los sujetos reportantes y reportados y la prohibición de revelar la fuente de información.
En un 2do. párrafo del mismo artículo textualmente se expresa: "La declaración voluntaria y excepcional que presente un contribuyente, así como toda la información y documentación que aporte, las consultas que efectúe y el contenido de todos y cada uno de los trámites conducentes a la realización de dicha declaración, están alcanzados por el secreto fiscal regulados por la ley 11.683" de Procedimientos fiscales.
El 3er. párrafo del mismo artículo 85 es el que torna peligroso el contenido del texto del Ejecutivo para la libertad de informar que tiene todo periodista profesional, oficio que tiene contra las cuerdas al empresario Lázaro Báez, a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y varios funcionarios del gobierno de la Década Ganada.
Dicho párrafo establece que "los magistarados, funcionarios, empleados judiciales o dependientes de la AFIP, están obligados a mantener el más absoluto secreto de lo que que llegue a su conocimiento en el ejercicio de sus funciones sin poder comunicarlo a alguna persona. Igual obligación existirá para todo tercero respecto de cualquier documentación o información relacionada con las declaraciones voluntarias y excepcionales que fueran presentadas por cualquier contribuyente"; y agrega "los terceros que divulguen o reproduzcan información de cualquier modo relacionada con las declaraciones voluntarias (blanqueo), incurrirán en la pena prevista en el artículo 157 del Código Penal", es decir hasta 2 años de prisión.
Pero no solo eso. Los terceros que divulguen o reproduzcan información de blanqueo, "incurrirán, ademas, en una multa igual a una vez de valor de los bienes exteriorizados por aquel que hubiera realizado la declaración voluntaria y excepcional".
Ahora bien, el mismo proyeco de ley enviado por el presidente Mauricio Macri dice que los sujetos que realicen un blanqueo de capitales "quedan liberados de toda acción civil y penal cambiaria, aduanera e infracciones administrativas que pudiera corresponder por el incumplimiento de las obligaciones vinculadas con el origen de los bienes que se declaren voluntaria y excepcionalmente y en las rentas que éstos hubieran generado".
El expediente 0015-PE-2016 que ingresó con la firma del Jefe de Gabinete, Marcos Peña; y los ministros Jorge Triaca, Francisco Cabrera y Rogelio Frigerio, comenzará a debatirse hoy 02/06,en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Previsión y Seguridad social.
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