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| María SERVINI de CUBRÍA / Foto: NA |
Tras el allanamiento dispuesto por la jueza federal María Servini de Cubría al Data Center que almacena los datos relativos a toda la actividad de la Justicia, la magistrada determinó, como conclusión preliminar, que los sistemas informáticos del Poder Judicial son vulnerables y no cuentan con los protocolos de seguridad que permitan garantizar la fiabilidad de los sorteos de las causas judiciales.
El procedimiento fue realizado días atrás, a raíz de una denuncia por irregularidades en la asignación de causas planteada por la diputada Elisa Carrió. El puntapié para la investigación había sido el expediente administrativo abierto relativo al sorteo de la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman, en el fuero federal.
El escándalo que generó esta conclusión de Servini de Cubría amenaza con poner en tela de juicio la forma en que se asignan las causas penales más sensibles, y ya está generando gran conmoción en Comodoro Py.
Según publica Ámbito Financiero, en primera instancia la jueza determinó que no existe un resguardo del código fuente (que certifica los registros informáticos de cada proceso). Por otra parte, se detectó la existencia de claves que permiten muchos privilegios en el sistema sin que haya protocolos de seguridad que aseguren que no se alteran los registros.
En síntesis, el sistema Lex 100 no cumple con las normas de seguridad necesarias para realizar los sorteos automáticos de causas y que asignan las tareas a cada uno de los juzgados, en especial a los federales de Comodoro Py.
La información fue recogida por el Juzgado Federal N° 1 tras el allanamiento realizado el viernes pasado en los despachos de Lavalle 1240, y que depende del Consejo de la Magistratura de la Nación.
El procedimiento fue llevado a cabo por la división de Cibercrimen de la Policía Metropolitana, y tuvo por objetivo poner a prueba la seguridad del sistema informático que determina no sólo en qué juzgados quedan radicadas las denuncias, sino también la modalidad de designación de peritos, y la intervención de martilleros públicos.
Ahora resta practicar una serie de pericias forenses para establecer qué otras irregularidades existen en los procesos que se "corren" día a día para cada sorteo.
La magistrada tiene previsto ordenar declaraciones testimoniales en el expediente, así como una serie de informes a expertos informáticos para certificar el tenor de las falencias, en una de las causas penales de mayor impacto para el funcionamiento interno del Poder Judicial.
Cabe recordar que cuando se sorteaba la causa Nisman, el sistema quedó interrumpido durante casi tres horas a raíz de una irregularidad que derivó en que resultara asignado el juzgado de Sebastián Casanello, pero que por no haberse exhibido en una pantalla de la oficina de sorteos, se definió volver a realizarlo.
En ese procedimiento intervino el director general de Tecnología del Consejo, Gabriel Mehlman. El presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, hizo una denuncia penal, pero del expediente administrativo surge que Mehlman actuó por orden de Irurzun para eliminar los datos del fallido sorteo original.
A esto se sumaron declaraciones de la propia Servini de Cubría que robustecieron la denuncia que finalmente interpuso Carrió, a la vez que hubo otros inconvenientes informáticos, como el borrado de toda la base salarial de la Justicia ocurrida en junio pasado a partir de un hackeo, que finalmente pudo ser recuperada.
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