CIUDAD DE BUENOS AIRES (Idesa). Las centrales gremiales amenazan con un paro general si no se hace lugar a sus demandas. Aunque los reclamos varían según la corriente sindical, en general, incluyen el pedido de reapertura de las paritarias para negociar aumentos de salarios adicionales a los ya acordados, reducir la incidencia del impuesto a las ganancias (en especial del medio aguinaldo) y establecer un bono de fin de año “para todos”.
La principal razón en la que se fundamentan estas demandas es la delicada situación social. Los planteos toman como base los datos recientemente publicados por el INDEC que señalan que el 32% las personas son pobres.
Pero las estadísticas oficiales también muestran que la pobreza está fuertemente asociada al trabajo informal o a la falta de trabajo, ya sea manifestada en desempleo abierto o inactividad laboral (desempleo oculto).
Dada la estrecha ligazón entre situación social e inserción laboral, resulta perti nente evaluar las demandas sindicales a la luz de la conformación del mercado de trabajo. En este sentido, según datos del INdEC, se estima que la estructura del empleo en Argentina tiene la siguiente configuración:
** Los asalariados registrados en empresas privadas y los empleados públicos constituyen el 50% del total de ocupados.
** Otro 26% está conformado por asalariados no registrados y servicio doméstico.
** El restante 24% son trabajadores no asalariados o sea que trabajan por su cuenta.
Estos datos muestran que los potenciales beneficiarios de las demandas de los sindicatos apenas representan la mitad de los ocupados. La otra mitad, conformados por los asalariados “en negro” y los que trabajan por su cuenta, quedan excluidos porque no están alcanzados por los convenios colectivos de trabajo, no tienen quién les pague un bono de fin de año, ni aguinaldo para quedar eximidos del impuesto a las ganancias.
Excluyendo a los empleadores y profesionales independientes, se llega a que el 42% del total de los ocupados son informales. Esto explica que la mitad de los ocupados representados por los sindicatos cobren remuneraciones del orden de los $20 mil mensuales, mientras que la otra mitad conformada por los informales y los cuentapropistas apenas alcancen una media de $9 mil mensuales.
A esto hay que agregarle la desfavorable situación de la mayoría de los desocupados y los inactivos involuntarios (fundamentalmente mujeres). La contundencia de estas cifras lleva a enfatizar que no alcanza con sincerar las estadísticas oficiales, también hay que sincerar las prioridades en la agenda de políticas públicas.
Reabrir las paritarias, bajar la incidencia del impuesto a las ganancias, subsidiar indiscriminadamente los servicios públicos o exigir a las empresas el pago de un bono “para todos no solo no ayuda a mejorar la situación social, como declaman sus propulsores, sino que tiende a profundizar la exclusión.
La vulnerabilidad social aumenta porque mientras los ingresos de los pobres se generan en la economía informal, los precios de la canasta básica se determinan en la economía formal. Las demandas sindicales tienen dos efectos.
En primer lugar, no llegan a los trabajadores de ingresos más bajos por trabajar en la informalidad.
En segundo lugar, agregan presiones inflacionarias debido a que los precios de los bienes y servicios que integran la canasta básica se determinan en mercados formales, o sea, donde inciden las paritarias, los impuestos y los mayores costos laborales del “bono”.
El debate sobre políticas públicas está cargado de enunciados en favor de la inclusión social, pero de ideas que van en el sentido contrario.
Se declama beneficiar a los pobres, pero aumentar las presiones inflacionarias a través de incrementos de los costos laborales o profundizando el déficit fiscal es regresivo y excluyente.
La manera de promover la inclusión social es aportando soluciones para reducir la informalidad.
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