Por LUIS ALEJANDRO RIZZI - Abogado especializado en Derecho Comercio, con experiencia en la gestión del aerocomercio.
(U24) - En la Argentina sólo el 42% de las personas muestran confianza en la economía de mercado y alrededor de un 62% prefiere mayor presencia del Estado y de las empresas públicas. Pienso que esto se debe a que en la gente hay una falsa creencia, pero creencia al fin, de que los recursos del Estado son infinitos y se generan de modo espontáneo, lo que se debe a que, durante la mayor parte de nuestra vida, hemos pagado miserias por usar los servicios públicos mientras nos quejábamos (y quejamos) por su pésima calidad.
Así hemos padecido y padecemos su escasez, las interrupciones inveteradas de la prestación de los servicios de electricidad y gas, la imposibilidad durante más de 20 años de conseguir líneas telefónicas, las deficiencias de los servicios hospitalarios, la baja calidad de la educación, la imposibilidad de acceso a servicios básicos, y así la enumeración podría continuar, pero todo eso malo y escaso era casi gratis.
Allí se forjó esa cultura de la “gratuidad” que nos llevó a creer que los “derechos” no tienen costo.
Es cuestión de establecerlos, hacer uso y abuso y siempre hay alguien que al final de camino estará pagando.
Ahora, por la impericia política del gobierno, se abordó con total ligereza el modo de calcular los haberes previsionales, en un contexto, de alto déficit fiscal, falta de relación entre aportantes y beneficiarios y el lógico colapso del sistema si no se lo reforma.
A modo de consuelo podemos decir que en muchos países los sistemas previsionales están en crisis.
El gobierno mostró falta de sensibilidad al minimizar el hecho que la base de jubilados que cobran “la mínima” si bien le ganarían a la inflación, perderían 4,5 puntos con relación a lo que cobrarían según el sistema vigente.
Más allá de lo pernicioso que fueron los gobiernos “K” en el tema previsional, lo cierto es que el régimen vigente es más beneficioso y mas justo que el que se propugna.
Tengamos en cuenta que hablamos de beneficios que rondan los $8.000 y 4,5 puntos de diferencia, mínima para los deciles 9 y 10 de la medición de ingresos de la población, resulta sustancial para los deciles inferiores.
Se trata de una cuestión de caridad, o si se prefiere de respetar el principio de la diferencia, componente del principio liberal de Justicia.
Es cierto que es necesario reducir el “déficit fiscal”, causa final e inicial de la inflación y del pésimo funcionamiento de la macroeconomía ya que todas las variables están desajustadas y carecen de relación entre ellos.
Por eso -y como si fuera el maestro de Ciruela-, diría ¿por qué no empezamos por el Presupuesto Nacional y una vez que sabemos con qué recursos contamos, vemos entre todos como los invertimos, distribuimos y gastamos?
No se puede conceder y reconocer lo que no se puede financiar. Una definición clásica dice que el Presupuesto define las prioridades del gasto y asigna bienes públicos y redistribuye ingresos. Lo primero que se debería definir son las prioridades.
Pongo un ejemplo grosero, se debe priorizar el haber mínimo previsional o la construcción de una autopista y en su caso ver como se podrían armonizar esos dos objetivos y en qué medida.
Otro ejemplo, ¿se justifica que se asignen recursos a Aerolíneas Argentinas, cuyos servicios son usados por alrededor de 4 millones de personas si tenemos en cuenta la recurrencia (pasajeros que viajan más de una vez en el año) y cuyos empleados están entre los deciles 8, 9 y 10 de ingresos, recursos que no se pueden destinar a dotar de agua corriente y cloacas a un 30% de personas que no tienen acceso a esos servicios?
¿Se justifica el gasto político del Congreso, cuando el 42% de los menores de 14 años son pobres?
Lo que uno advierte es que la política no define las prioridades del gasto y de la inversión o lo que es pero dilapida, sin hablar de la korrupción.
Esta cuestión de las prioridades también debe ponderar como se asignan los bienes públicos y esto tiene que ver con los subsidios que deben direccionarse a la demanda y no a la oferta como ocurre, por ejemplo con el transporte.
Pongo un ejemplo también grosero, un beneficiario que percibe una jubilación de $ 25.000,00 o más goza de un descuento en el transporte público que es igual al que beneficia a quienes cobran “la mínima”.
¿Es justo? ¿Cuánto se ahorraría si se limita el descuento a quienes perciben el haber mínimo?
Los grandes números dicen un 25%.
Estimo que cuando asume un gobierno debería elaborar un Presupuesto para los 4 años de su gestión, sin perjuicio de cumplir con el rito del Presupuesto anual, en vez de enunciar sus intenciones y objetivos que pueden ser loables pero imposibles de cumplir por la propia naturaleza imperfecta que es la vida y limitación de los recursos disponibles.
Más aun: quizás ese Presupuesto debería divulgarse como propuesta electoral, para que la gente no se deje tentar por los cantos de Licosia, Ligea y Parténope, las famosas habitantes de Sirenusa ubicada entre Capri y la península italiana.
Este podría ser uno de los cambios que nos debe “Cambiemos”, sería como dijo José Ortega “ir a las cosas”.
Más bien ir a la política.
Creo que estas ideas ayudarían a que la gente entienda dónde estamos parados.
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