Se trata de un fondo que estaba bajo su control, cuando presidía la Legislatura tucumana. La oposición sospecha que el dinero habría sido utilizado para la campaña. El caso se judicializó
El gobernador electo de Tucumán, Juan Manzur, quedó en el centro de la tormenta por el destino de un fondo millonario dependiente de la Legislatura provincial. Las sospechas estallaron cuando se descubrió que, en una maniobra poco protocolar, se retiraron 190 millones de pesos de esa cuenta en valijas, que se trasladaron en una camioneta oficial hasta la sede del Poder Legislativo tucumano.
La operación se dio a conocer a principios de este mes por una investigación periodística del diario La Gaceta. Según informes bancarios, los $190 millones habían sido extraídos de un banco tucumano en los meses de junio, julio y agosto. Ese dinero corresponde a un fondo de la Legislatura que dispone de un presupuesto de $505,6 millones y que se destina a "ayudas sociales de personas".
Al mes de septiembre, se utilizaron de esa "caja" una cifra de 490 millones de pesos. La maniobra generó fuertes sospechas en la oposición de Tucumán. Son fondos de los que se desconoce su destino y están bajo el poder discrecional de las autoridades del Poder Legislativo.
Además, los movimientos bancarios coincidieron con los meses de campaña para las elecciones primarias y los comicios provinciales. En base a la información periodística recabada, el ex candidato a legislador Oscar López pidió ante la Justicia que se abra una investigación contra el ex presidente de la Legislatura tucumana y actual gobernador por la falta de transparencia de la operación y el presunto manejo irregular del erario público.
El diputado radical y ex candidato a gobernador por Acuerdo para el Bicientenario, José Cano cuestionó el "crecimiento desmedido" del presupuesto de la Legislatura y calificó el gasto parlamentario como un "agujero negro".
"Es evidente que utilizaron fondos millonarios para sostener la estructura clientelar y fraudulenta de las elecciones de agosto", afirmó hace una semana. "Las valijas con dinero que van y vienen sin control confirman un manejo irregular de fondos públicos que afecta a todos los tucumanos. Hay dinero, el problema es que se va por la alcantarilla de la corrupción", agregó.
La denuncia de López, sin embargo, encontró un primer revés judicial. El fiscal de Instrucción Washington Navarro Dávila dictaminó que trasladar efectivo en valijas, aunque sean millones de pesos de las arcas del Estado, no es delito.
No conforme con la resolución, López ratificó su presentación y la amplió, al solicitar mayores detalles sobre el destino que se le dio al dinero, entre ellos cada uno de los cheques retirados de la Legislatura de enero a octubre, "la fecha en que se cobraron, cómo fueron distribuidos, cuánto le correspondía a cada legislador y cómo es el control interno para estos movimientos".
"Hay varios puntos que están claros: una distribución no bancarizada de millones de pesos; el reparto del dinero a cambio de la firma en un simple recibo; la habilitación a autoridades de la Cámara y legisladores para gastar esos recursos en lo que ellos quieran; y el destino que se les da a esos fondos, que no van para 'ayudas sociales', sino que lo vuelcan en sí mismos, sobre todo", resumió el ex candidato a legislador.
"Evidentemente, el tema de las valijas es la demostración de la obscenidad con la que se maneja el patrimonio público; pero esa no es la cuestión principal, como lo plantea el fiscal, sino el saqueo de $490 millones del erario", concluyó.
En paralelo, un particular, Carlos Duguech solicitó ante la Justicia que se reabra una causa que había iniciado por el presunto uso irregular de los fondos de la Legislatura. También había pedido informes sobre los gastos denominados sobre "ayudas sociales a personas", pero el expediente fue cerrado.
El presupuesto para la Legislatura de este año, de ejecución en curso, alcanza los $1.529 millones –el original era de $ 959 millones, pero fue ampliado en septiembre pasado–. Aunque se incrementó, la situación financiera del cuerpo atraviesa por un estado de incertidumbre, ya que hay parlamentarios que advierten por lo bajo que no percibieron fondos para gastos sociales.
Además, no se formalizaron las designaciones de asesores y les habrían anticipado que podrán tener como máximo 20 empleados. (www.infobae.com.ar)
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