por ISAAC RUDNIK y MARCELO MAQUEDA
CIUDAD DE BUENOS AIRES (ISEPCi). El Presidente Macri anunció una serie de medidas que tendrían el objetivo de favorecer a los sectores sociales de más bajos ingresos. Veamos cual es el impacto real de las mismas en estas franjas de la sociedad.
Devolución del IVA a los productos de la Canasta de Alimentos.
Si bien el anuncio carece de precisiones mínimas que permitan evaluar su impacto sobre los ingresos de los beneficiarios, hay algunos elementos para evaluar su escasa repercusión.
En la medida que sea sólo sobre los alimentos, en el mejor de los casos que la totalidad de los alimentos sean comprados con tarjetas de débito, el descuento mensual sería de $138 por persona, y $428 para una familia de dos adultos y dos niños pequeños.
El ministro Triaca dijo que el tope de las devoluciones es de $300, con lo cual el beneficio sería aún más reducido. Si tenemos en cuenta que los ingresos necesarios para solventar sus gastos mensuales generales, para la misma familia está en el orden de los $ 9.164 (según Índice Barrial de Precios de marzo) esos $300 de reintegro significarían una reducción del 3,27%.
El anuncio tampoco contempla la experiencia concreta, que indica que los titulares de estas cuentas –jubilados, titulares de los planes sociales- no usan las tarjetas ligadas a ellas como débito (a pesar que están habilitadas), sino que retiran el total de lo depositado y compran sus alimentos en efectivo.
Entre otras razones porque los pequeños negocios de los barrios donde habitualmente se proveen, no trabajan con tarjetas. Estos comercios chicos, tienen entre otros problemas para incorporar este régimen de ventas, que los bancos cobran una tarifa del 3% del total de cada operación por proveer este servicio.
Sin medidas concretas que resuelvan esta situación, esta medida es impracticable.
Asignación de emergencia de $500 para las jubilaciones mínimas.
Teniendo en cuenta que la jubilación mínima es de $4.990, una retribución por única vez de $500, asignada en mayo que se cobraría en junio, es absolutamente insuficiente. Si consideramos que en enero hubo un pago de similares características de $400, y sumados los prorrateamos hasta setiembre que es el mes que por ley los jubilados recibirían un nuevo incremento, llegamos a un aumento mensual de menos de $112.50 desde enero.
Si a ese monto le agregamos los $138 por devolución del IVA, (desde que se implemente la ley que lo habilite) llegamos a un ahorro total mensual de $250 (+5% en sus ingresos) para los jubilados con asignación mínima.
Esto se suma al incremento del 15,35% que por la ley de movilidad reciben a partir de marzo, lo que hace un total de un 20% hasta el próximo aumento de setiembre.
Con la inflación de 6% proyectada a abril, los aumentos en los productos de las canastas básicas están en el orden del 30% en el último semestre, por lo estamos en presencia de una pérdida del poder adquisitivo superior a los 10 puntos en medio año, que estas medidas no aciertan a revertir.
La universalización de la AUH.
La eliminación de las incompatibilidades con los planes sociales para el cobro de la Asignación Universal por Hijo, y la extensión a los monotributistas sociales, es un paso que avanza en la dirección correcta, si se implementa correctamente.
Debemos esperar su reglamentación para saber si efectivamente alcanza rápidamente a esos sectores. Las carencias más evidentes.
Tarifas sociales.
No hubo anuncios respecto a las tarifas sociales, teniendo en cuenta que la quita de subsidios, produce aumentos en energía eléctrica, gas y transporte público, que descargan aumentos indiscriminados sobre los trabajadores y los sectores de menores ingresos.
El gobierno sigue sin mencionar cual es el límite de ingresos que separa las familias que están por debajo de la línea de pobreza, que todo indica que está en un mínimo de 9000/12.000 pesos. Es indispensable entonces generalizar el alcance de los beneficiados con estas tarifas sociales a las familias que perciben un piso de dos salarios mínimos, o sea unos 10.000 pesos de bolsillo. Como también lo es, la extensión de la devolución del IVA a todos los productos de la Canasta Básica Total (no solo a alimentos), a los hogares que tengan ese ingreso.
Despidos.
Tampoco hubo anuncios para prohibir o limitar los despidos. El incremento del subsidio a los desempleados, tiene su llegada reducida a los trabajadores en blanco cuyos empleadores hayan aportado al Fondo Nacional de Empleo en los últimos 3 años.
Los despedidos de trabajos precarios o informales, o que estuvieron en blanco menos de 3 años, no tienen derecho a este subsidio.
El flagelo de los despidos que empieza a azotarnos nuevamente, no es considerado un problema importante por el gobierno. El objetivo de la pobreza cero, es un horizonte cada vez más lejano.
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