En diciembre de 2011, la sanción de la ley de tierras 26.737 estableció un límite de 1.000 hectáreas para cada uno de los extranjeros que quiera invertir en el país que, sumado el cepo, los campos sufrieron una fuerte caída de sus precios.
Ahora, el presidente Mauricio Macri -a través del decreto 820- planteó la modificación de esa ley y del decreto 274/2012 para supuestamente adecuar la realidad del mercado y favorecer la inversión extranjera, aunque los vacíos legales confunden y, entienden, debe debatirse de manera responsable.
Contarrestando la anterior legislación, dicha normativa ahora define cómo computar las adquisiciones de tierras rurales cuando ellas se producen con motivo de transferencias de paquetes accionarios y en qué plazo transferir.
Se soluciona también la cuestión de cómo estimar las equivalencias respecto de la zona núcleo, en función de los límites fijados para cada tipo de explotación, municipio, departamento y provincia.
Además, se solicita a las provincias o el Consejo Interministerial de Tierras Rurales (donde participan varios Ministerios) en caso de falencia o renuencia de aquella que determine esas equivalencias.
"La nueva reglamentación busca facilitar la llegada de inversiones productivas de capital extranjero en todo el país a través de la regulación de situaciones que no habían sido contempladas en el decreto 274 de 2012.
Asimismo, se pondrá bajo estudio de la Nación y de las provincias el sistema de equivalencias actualmente vigente ya que no responde a la realidad del comercio de tierras rurales en nuestro país ni a las necesidades de expansión del negocio agroindustrial de las provincias", dijo Martín Borrelli, subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia, al diario La Nación.
En tanto, desde el mercado también ven esto con muy buenos ojos. Juan José Madero, de L.J. Ramos Brokers Inmobiliarios, entiende que con estas modificaciones se pueden "destrabar algunas situaciones puntuales" mientras se da una señales a los inversores externos.
"Aunque todavía el régimen sigue siendo restrictivo dado que lo que impera es la fuerza de la ley, estos últimos aspectos del nuevo decreto pueden, por lo menos, destrabar algunas situaciones puntuales, más que atraer nuevas inversiones extranjeras. Sí es una clara señal hacia dicho inversor", opinó.
"Quizá sea un primer paso para, en un futuro, abrir un debate para replantear la ley actual, hacia una más racional y productivista", agregó en diálogo con dicho medio. Sucede que esto se ve como un anticipo para modificar la ley 26.737 sancionada el pasado 11 de diciembre de 2011, por lo que deberá será importante que se dé un debate responsable.
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