La denuncia fue presentada por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático cuyo titular, Fernándo Miguez, explicó a Télam que el eje de la denuncia pasa por el hecho de que "Uber es una empresa que no está registrada en la IGJ, los usuarios pagan con tarjetas de crédito de bancos nacionales y toda esa plata no tributa impuestos".
Miguez relató que entre los funcionarios nacionales y porteños que fueron denunciados se encuentra el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich; la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso; y el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici.
"¿Cómo puede ser que ningún organismo de control detectara operaciones sospechosas? Se trata de una empresa que no tributa pero que a la vez pagó de arranque multas de 70.000 pesos por cada uno de los autos que les fueron secuestrados. ¿Cómo ingresó ese dinero al país?", se preguntó Miguez.
El denunciante sostuvo además que la reacción gubernamental a la instalación de Uber en la Ciudad de Buenos Aires se limitó a la una serie de "declaraciones periodísticas".
La denuncia recayó en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo y en la fiscalía que encabeza Guillermo Marijuan, y tiene entre los principales acusados a los presuntos dueños de Uber Garret Camp, Travis Cordel Kalanic y David Plouffe, quienes según el denunciante, estuvieron en Argentina durante la última visita del presidente de los Estados unidos, Barack Obama.
Para el denunciante, detrás de la instalación de la plataforma que contacta a potenciales pasajeros con conductores de autos que cobran por el servicio de transporte, podría existir también una maniobra de lavado de dinero "mediante movimiento de divisas y cuentas corrientes", según consta en la denuncia. (T)
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