(U24) - El viernes pasado (16/3) destacamos en Urgente24 que era muy importante la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al invalidar la actuación del Tribunal Oral Federal N°9 por la exposición mediática que había alcanzado la intervención que muchos creyeron no fortuita del TOF 9 (Alejandro Martin Becerra, Silvia Estela Mora y Alejandro Nocetti Achával) en temas muy sensibles.
Entonces le ha quitado las causas que son de gran repercusión pública, entre ellas dos que tienen a Cristina Kirchner como acusada.
Se trata del supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA y por la obra pública en Santa Cruz, fusionado con el expediente por lavado de dinero contra Lázaro Báez y su círculo cercano.
Tres de los cinco jueces de la Corte, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda rechazaron darle la habilitación al Tribunal Oral Federal 9 porque, por ejemplo, sus integrantes designados no obtuvieron acuerdo del Senado para la función que el Ejecutivo Nacional pretendía que asumieran.
El TOF 9 es considerado un 'tribunal M'. Es decir, la Corte tachó prácticamente de inconstitucional lo echo por el Gobierno. Así las cosas, las causas deben volver a sortearse. El TOF 9 era un tribunal de competencia ordinaria. Como los tribunales orales federales son pocos, por impulso de la Administración Macri y con la venia del Consejo de la Magistratura pasó de juzgar robos comunes, hombres golpeadores, homicidios en riña y delitos de esa naturaleza, a tener competencia para determinar qué funcionarios (ex funcionarios) deben ir presos.
Tras esta decisión, se conoció la liberación de Cristóbal López y Fabián de Souza por parte de la Cámara Federal que además cambió la carátula de la causa, y esto permite llevarla de la Justicia Federal a la Justicia Penal Tributaria, lo que podría permitir a los empresarios solicitar la adhesión a una moratoria que les posibilitaría una considerable reducción de la deuda que tienen con el Fisco y seguir con sus negocios.
Tras la última novedad, reapareció Elisa Carrió, gran enemiga de Ricardo Lorenzetti. La diputada nacional despotricó a través de las redes sociales por la liberación de López y De Souza y lo vinculó a la salida de Abad de la AFIP.
Ahora tomará la iniciativa: este martes (20/3) tendrá una reunión con las espadas legislativas de Cambiemos en el Congreso para trazar un plan de acción.
Según el periodista Ignacio Zuleta en el diario Clarín, la decisión de la Corte sobre el TOF9 “es una captura de la Corte del control de la justicia federal. "Blindan a Comodoro Py", dicen los funcionarios del gobierno”.
“Con esa decisión, el tribunal afirma que se pueden crear juzgados, pero que la designación de los titulares está regida por la Constitución de una manera que el Consejo de la Magistratura ignoró en dos casos que la tienen a Cristina de Kirchner en la carátula.
Los críticos de esa acordada, que desbarata la integración de los tribunales que tienen las causas de Cristina de Kirchner, minimizan la importancia de que sea ella la encausada. Miran por sobre el cerco y creen ver un golpe de mano de Ricardo Lorenzetti, para recuperar aire después de que el Gobierno designase una comisión que revisará el Código Civil y Comercial, algo que el presidente de la Corte asume como la obra maestra de su carrera judicial”, agrega el periodista.
Y agrega: “Entre los disgustos con la Justicia suma también la demora en Tribunales en atender el pedido de declaración que hizo el ministro de Finanzas Caputo, para aclarar las denuncias sobre propiedades presuntas en empresas offshore. Esa presentación es del 17 de noviembre y no lo han llamado, y es una muestra de que la justicia no sólo tiene en capilla a la nomenklatura kirchnerista”.
Por último, Zuleta destaca la aparición estelar de Carrió: “el Gobierno tiene lista la pieza de artillería más estruendosa para enfrentarlo a Lorenzetti, Elisa Carrió”.
Por su parte, el diario Ámbito Financiero subraya este lunes (19/3) que “La Ley de Fortalecimiento de Tribunales quedó en letra muerta, se dinamitó uno de los pilares del Programa Justicia 20 20 y el Consejo deberá borrar de la orden del día el proyecto para federalizar otros tres Tribunales Orales en lo Criminal. Esa iniciativa iba a quedar firme en la próxima reunión”.
“En tribunales apuntan a un "control de daños" porque no solo quedó herido el representante del Ejecutivo en el Consejo, Juan Bautista Mahiques, uno de los ideólogos del festival de traslados de jueces, sino también su padre, Carlos Mahiques quedó en la línea de fuego por haber saltado a Casación desde la Justicia ordinaria.
A la Corte le bastó una decisión de superintendencia, y no un fallo, para poner en crisis la política judicial del Gobierno. Los propios jueces que habían negociado la confección de los listados de beneficiarios quedaron también dañados por la decisión.
Si a futuro se aplican los términos del voto de la mayoría de la Corte, ningún traslado de los que ha hecho el Gobierno desde que a sumió cumple con los requisitos constitucionales y está a tiro de una eventual remoción.
En Casación provocó un desbande con respecto a Mahiques y la amenza de renuncia del actual presidente del tribunal, Eduardo Riggi y de su antecesora, Liliana Catucci. Ambos quedaron escorados tras el inesperado sablazo de la Corte”. Y sobre la liberación de Cristóbal y De Sousa advierte que “Jorge Ballestero actuó en defensa propia.
Interlocutores oficiosos ya le habían hecho saber que el Gobierno iba por su cabeza en el Consejo. Su contundente voto en el procesamiento a López, De Sousa y Ricardo Echegaray hizo una alusión directa a la causa Correo Argentino y a las consecuencias que debería tener un encarcelamiento preventivo si se tomara esa vara para causas con perjuicio patrimonial al Estado.
Su colega, Eduardo Farah completó el desempate para el cambio de calificación siguiendo su inobservancia a la denominada doctrina Irurzun que había aplicado para los casos de Julio De Vido y Amado Boudou.
El rol del autor de la doctrina y titular de la Cámara Federal también quedó en un tembladeral por la ausencia de pruebas de que hubiera habido un sorteo para designarlo a cargo de las escuchas legales”.
Y la reacción del Gobierno: “El Gobierno no pudo disimular su malestar, algo que pese al barniz de institucionalidad lo emparenta con el kirchnerismo ante fallos adversos. Sin reacción por los TOF, el Gobierno solo pudo argumentar que así los juicios se retrasarán indefinidamente.
Garavano se enteró por un portal de internet de la decisión de la Corte. También mascullaron bronca contra Ballestero, aunque el artífice para la mayoría fue Farah.
La AFIP, gestión saliente de Alberto Abad, anunció una nueva apelación a Casación, en lo que se asemeja a la historia sin fin a menos que se persiga la quiebra de Indalo, algo que allegados a Mauricio Macri, aseguran como su objetivo primordial”.
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