Por Adam Dubove.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- Bajo el afable nombre de “Argentina Digital”, el Congreso se prepara este martes 16 de diciembre para aprobar un proyecto de ley que prolongará las garras del Estado sobre las telecomunicaciones. Desde los servicios de correo postal y telefonía fija, hasta internet, e incluso sus contenidos, la legislación impulsada por el Gobierno de Cristina Kirchner aspira a controlar todos los medios de comunicación en el país.
El ministro de Planificación Federal, Arq. Julio de Vido, ya lo había advertido. El proyecto de ley garantiza “el derecho humano a las telecomunicaciones”, dijo al momento de presentarlo. Como sucede habitualmente, detrás del anuncio de la creación de un derecho humano se esconde una consecuencia ineludible: mayor intervención estatal. Al mismo tiempo, es una normativa que de aprobarse y ser implementado cabalmente, podría devolver a Argentina –en materia tecnológica— al siglo XIX.
El Gobierno asumirá el poder de fijar los precios de todas las tecnologías de la información y la comunicación.
Esta legislación refleja con fidelidad el modo de Gobierno que ha imperado en Argentina durante toda su historia. Siguiendo la forma de Gobierno favorita del país, el hiperpresidencialismo, en “Argentina Digital” el Ejecutivo delega un poder regulatorio casi ilimitado sobre las telecomunicaciones a una comisión donde escogerá a todos sus integrantes. Sus facultades, amplias, y ambiguas, son una invitación a la discrecionalidad y a los abusos.
Mediante el proyecto de ley, el Gobierno asumirá el poder de fijar los precios de todas las tecnologías de la información y la comunicación, un concepto difuso que no establece claros límites sobre cuales son los servicios alcanzados. “Argentina Digital” impondrá nuevos gravámenes a las empresas prestadoras del servicio, incrementará los requisitos y las exigencias burocráticas para prestar esos servicios, y, por sobre todas las cosas, pone en peligro la privacidad y la libertad de expresión.
Paranoia y privacidad
Por ejemplo, según el artículo 65, la todopoderosa Autoridad Federal de las Tecnologías de la Información y Comunicación (AFTIC) podrá interrumpir un servicio en caso de que se afecte el maleable concepto de “seguridad nacional”. En otro caso, el artículo 5 proclama la “inviolabilidad” de las comunicaciones, y exige una orden judicial para su “interceptación” y análisis —sin embargo, “no cubre la observación pasiva, la observación y el análisis de datos de tráfico, ni la geolocalización”, otras técnicas de vigilancia, sostiene Enrique Chaparro de la Fundación Vía Libre.
La ley propuesta no se limita únicamente al “mundo digital” sino que además deja expuesto a la intromisión estatal el ámbito más íntimo del ser humano: su hogar. Entre las obligaciones que la ley dispone para los usuarios de las TIC, obliga a “permitir el acceso del personal de los licenciatarios y de la autoridad de aplicación, quienes deberán estar debidamente identificados a los efectos de realizar todo tipo de trabajo o verificación necesaria”. Así el Gobierno desconoce la “inviolabilidad del domicilio” que dispone la Constitución nacional, y desliza uno de los elementos más cuestionados en un inciso que se pierde entre las montañas de texto.
La idea de que las facultades del Gobierno deben ser claras, estrictas y delimitadas es considerada una paranoia hasta que el Gobierno decide recurrir a ellas para violar los derechos de los ciudadanos.
Al comentar este punto en una charla con amigos muchos señalaron mi paranoia. “Es entendible que esté ese artículo ahí, ¿acaso creés que lo utilizarán para hacer un allanamiento sin orden judicial?”, me decían. Pueden estar en lo correcto; creer que el Gobierno argentino, una vez aprobada la ley, invadirá las casas de millones argentinos bajo el amparo de ese artículo puede sonar descabellado.
Sin embargo, la idea de que las facultades del Gobierno deben ser claras, estrictas y delimitadas es considerada una paranoia hasta que el Gobierno decide recurrir a ellas para violar los derechos de los ciudadanos. Las leyes deben ser redactadas previendo que serán los peores los que tendrán el poder de aplicarla, porque definitivamente los que nos gobiernan no son ángeles. De lo contrario nos libramos a la buena voluntad de que los gobernantes no aprovechen los recursos a su arbitraria disposición.
Licencias
Un aspecto medular del proyecto de ley es el sistema de licencias, el cual promete convertirse en una amenaza para la efectiva libertad de expresión. De la misma manera en que la ley de medios —sancionada en 2009— recurre a las licencias para autorizar o denegar el surgimiento de nuevas empresas de comunicación, e incluso mantener bajo control a los grupos de medios críticos con el Gobierno mediante la constante amenaza de quitarles su licencia, “Argentina Digital” hace lo propio en el sector de las telecomunicaciones.
El lenguaje poco claro, especialmente para definir qué es una tecnología de la información y la comunicación, deja la puerta abierta para que redes privadas, por ejemplo redes empresariales internas, deban obtener una licencia y pagar un impuesto para funcionar. Tal como se pretende aprobar la ley, servicios de video y voz como Skype o Google Hangout quedarían alcanzados por la necesidad de obtener licencias. Es decir, la nueva regulación le otorga al Gobierno un interruptor para, en caso de ser conveniente a sus intereses políticos, pueda desactivar servicios que permitan la comunicación, coordinación y ejecución de protestas u otras iniciativas.
El arte de regular
Argentina ostenta uno de los peores registros del mundo en materia de internet. Según el informe El Estado de Internet, el país sudamericano se ubica en la posición 41, de 56 respecto de la velocidad. Cuando el promedio mundial alcanza los 3,9 megabits por segundo (Mbps), en Argentina la transferencia promedio alcanza los 3,2 Mbps. Esta fotografía es el resultado de una década donde los incentivos y la seguridad disponibles para las inversiones fueron nulos. La arbitrariedad de los Estados es enemiga de la coordinación de los mercados.
Mediante esta legislación el Gobierno no hará mas que repeler inversiones, perjudicar la competencia, y terminar por hundir un sector que, a pesar de que aún no alcanzó su auge, ya está al borde del colapso.
No hay comentarios:
Publicar un comentario