Según el diario 'La Nación', la última suba de precios, de 4%, fue aplicada este mismo mes. En todo 2014, los afiliados sufrieron un incremento acumulado de 28,5%, pero las empresas habían advertido que eso no alcanzaba para hacer frente al encarecimiento de las prestaciones.
Ahora, los directivos ratifican el reclamo en una carta enviada a funcionarios del Gobierno, en la que señalan que, si se agrava más la "acuciante" situación, estará en riesgo "la calidad de los servicios que se brindan y la supervivencia de muchas organizaciones".
Citan, como caso concreto, que la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Córdoba declaró el corte de servicios a las prepagas. La nota, firmada por directivos no sólo de prepagas sino también de clínicas, centros de diagnóstico y farmacias, fue recibida el martes pasado en la Superintendencia de Servicios de Salud, a cargo de Liliana Korenfeld.
Pero el reclamo les llegó también a los ministros de Salud y de Economía, Juan Luis Manzur y Axel Kicillof, respectivamente, y al secretario de Comercio, Augusto Costa.
Al no haber -según las entidades- un correlato entre las variaciones de costos e ingresos, el ajuste recae sobre las variables que pueden controlarse, tal como admiten en el sector.
¿Cuáles son?
Los honorarios de los profesionales, los salarios del personal fuera de convenio, el pago de obligaciones fiscales y los plazos de pago a proveedores y prestadores.
De acuerdo a la fuente mencionada, en el escrito se menciona que, en un listado de 1000 medicamentos, se observó que en los últimos 12 meses hubo subas de entre el 30 y el 140%. Se agrega que la canasta básica de insumos hospitalarios se encareció 36% en un año, con casos de variaciones mucho más elevadas, como la del precio de las jeringas descartables (243%).
La nota advierte que la situación "hace predecir una crisis de consecuencias irreparables si no se actúa de manera urgente".
La razón por la cual las clínicas y centros prestacionales reclaman junto a las prepagas es que la mejora de los aranceles que cobran por sus servicios depende del alza de los precios de los planes de salud.
Desde el sector prestador se advierte desde hace tiempo que hay una situación crítica, sobre todo en el interior del país.
Una señal de eso es que más de 1200 clínicas mantienen deudas con la AFIP, que no las puede embargar por la vigencia de la ley de emergencia sanitaria.
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