AGENCIA / POLÍTICA
El Senado aprobó una ley que garantiza la gratuidad en las universidades públicas y prohíbe la posibilidad de implementar exámenes de ingreso. Además, la norma abre la puerta para que se puedan flexibilizar los requisitos para que los alumnos mantengan la condición regular.
El proyecto fue impulsado por la diputada del Frente para la Victoria Adriana Puiggrós y surgió como una modificación a la Ley de Educación Superior. El principal cambio es la inclusión del artículo 2 bis, que establece la "prohibición "de establecer "cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa " sobre las carreras de grado en las universidades públicas.
El texto de la norma define el ingreso a la educación universitaria como "libre e irrestricto". Los fundamentos del proyecto explican que este punto busca evitar que se restrinja el acceso a las facultades públicas vía "exámenes eliminatorios" u "otros mecanismos de exclusión".
Los expertos explicaron que esta modificación echa por tierra los cursos de nivelación que realizan algunas facultades. Uno de los casos emblemáticos es el de Medicina, en La Plata.
A partir de esta ley, cada universidad podrá definir los requisitos de regularidad de sus alumnos.
Hasta ahora estaban obligados a aprobar como mínimo una materia por año -en algunos casos son dos-. Una vez que se reglamente la modificación sancionada en la Cámara Alta podrán definir criterios propios más flexibles.
Los expertos rechazan la nueva ley, en parte porque, establece medidas "demagógicas". "Cada universidad ha construido modos de garantizar la inclusión con calidad, definiendo formas diversas y creativas de acceder a la universidad a partir de claros problemas de formación en el nivel secundario, atendiendo a diferentes perfiles de alumnos en diferentes condiciones.
Lo que se ha aprobado echa por tierra esa diversidad, uniformando una riqueza de experiencias institucionales muy valiosas", afirma Mónica Marquina, especialista en política universitaria de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
"La decisión ignora los problemas del nivel secundario, dándoles una solución uniformadora, un tanto demagógica e irresponsable –dice Marquina–. Está más que demostrado que el ingreso irrestricto per se no asegura democratización de la universidad, y los problemas se trasladan al futuro".
En diálogo con el diario 'Clarín', Marcelo Rabossi, investigador de la Universidad Di Tella, ilustra: "La universidad gratuita es sobreutilizada por los sectores socioeconómicos más ricos.
El 50% de los jóvenes del quintil más rico de la sociedad asisten a la universidad, contra solo el 10% del quintil más pobre". Y agrega: "El ingreso irrestricto se presenta como un sistema igualitario, pero no lo es tanto. Los alumnos universitarios de los sectores más pobres tienen el doble de probabilidad de abandonar los estudios antes de graduarse que los de los sectores más ricos. Entonces, el sistema es democrático –y hasta por ahí nomás– en el ingreso, pero selectivo en el egreso".
No hay comentarios:
Publicar un comentario