POR CARLOS DEL FRADE (APe).- Abril de 2014 marcó el desembarco de la Gendarmería a la ciudad de Rosario. En estos días, octubre de 2015, fue la fecha para la llegada de setecientos efectivos de la Policía Federal. Gremios, gobierno nacional y administración provincial anunciaron el arribo de los azules.
No son días sencillos. Estas horas están plagadas de noticias que hablan de la complicidad policial con el negocio paraestatal del narcotráfico, el robo de bancos en la zona y la explotación sexual infantil, mientras abundan las promesas electorales y reviven las efímeras figuras de la política vernácula hoy venidas a menos. En forma paralela, el servicio público de justicia de la provincia de Santa Fe, en la ex geografía obrera, ha vuelto a ser cuestionada desde aquellos que todos los días le ponen el cuerpo a los efectos de la desigualdad planificada.
En las últimas jornadas, en pleno centro de la ciudad y hasta la Municipalidad, una concentración y movilización convocadas por músicos populares exigieron justicia por la muerte de Adrián Rodríguez, producida en el Café de la Flor, como consecuencia de una descarga eléctrica y, por ende, de la ausencia de controles reales para garantizar las condiciones laborales de los artistas y del público en general. Controles que, una vez más, favorecen a los que hacen negocios con el territorio de la noche. Esa precariedad o complicidad en la forma de controlar parecen canalizarse en los epílogos de las existencias tanto del músico como de un trabajador municipal.
En estas horas de patrullajes federales, grandes apagones y repetidas connivencias de agentes de la seguridad con quienes deben, supuestamente, combatir; un grupo de organizaciones sociales y políticas, una vez más, señalaron la construcción de impunidad.
El 14 de agosto de 2015, Gerardo Escobar apareció flotando en las aguas marrones del Paraná. Sus últimas horas las pasó en “La Tienda”, un local bailable propiedad de uno de los llamados “empresarios de la noche rosarina”.
Mientras los trabajadores municipales se movilizan todas las semanas frente a los tribunales provinciales, la Multisectorial que busca el esclarecimiento del caso ha formulado fuertes acusaciones contra el ocultamiento y hasta destrucción de pruebas que tienden a proteger no solamente a policías y patovicas, sino a los titiriteros, los ya mencionados propietarios de los finales del día en estos arrabales del mundo cada vez más atribulados.
-A más de dos meses del homicidio y desaparición de Gerardo “Pichón” Escobar nos vemos obligados a tener que cuestionar fuertemente la actividad del Ministerio Público de la Acusación, puesto que no sólo ha paralizado la investigación, sino que tampoco investiga la hipótesis de participación policial en la desaparición de Gerardo, luego de ser golpeado por el patovica de “La Tienda”. Fue debido a la gran presión popular, que los fiscales debieron apurarse a imputar a cinco personas que cumplían funciones de seguridad en el boliche la Tienda, tres patovicas y dos policías, uno de ellos con carpeta médica, pero luego de ello no ha avanzado en investigar las circunstancias que llevaron a que Gerardo aparezca en el río una semana después de su desaparición – empieza diciendo el profundo texto de la Multisectorial.
Agregan que no se la hace “entrega a la querella que representa a la familia de los geoposicionamientos de los móviles policiales (GPS) ni de los audios de los llamados al 911 de la fecha del hecho. No ha notificado a la querella de medidas probatorias en las que ha solicitado participar y tampoco se han ejecutado las medidas necesarias para preservar elementos probatorios como las cámaras de seguridad privadas, ni el peritado de las cámaras de video vigilancia borradas o adulteradas”, sostiene el documento.
Apuntan a responsabilidades políticas al decir que el rol que desempeña el ministro de Seguridad de la provincia, Raúl Lamberto, que “tampoco ha puesto a disposición estas pruebas, teniendo a su alcance la posibilidad de hacerlo si existiese la voluntad de que se esclarezcan los hechos. Se ve ante este accionar que tanto por parte del Poder Judicial, a través de la Fiscalía, como del poder político, representado en el Ministerio de Seguridad, hay un acuerdo cómplice para encubrir el caso que cuestiona de conjunto el accionar policial en una provincia donde la impunidad, el gatillo fácil y las relaciones policiales con el narcotráfico son moneda corriente. Sostenemos que Gerardo fue detenido ilegalmente, luego de la golpiza propinada por el patovica, y levantado por un móvil policial y trasladado hasta una seccional de policía. Esta postura proviene de testigos que involucran y ubican en forma directa o indirecta la participación de la policía en la desaparición, tortura y muerte de Gerardo Escobar”, apunta el escrito.
Termina diciendo que “las acciones, omisiones y versiones que giran entorno a la causa resultan a nuestro entender más que suficientes para ahondar en la investigación sobre la participación activa de la Policía y que nos encontramos ante la existencia del delito de Desaparición Forzada de Persona previsto en el Código Penal Argentino. Agregamos que hacemos responsable al Gobierno Provincial y al Ministerio de Seguridad en cabeza de Raúl Lamberto, por cualquier atentado contra la vida, la integridad física o psíquica de la familia de Gerardo, de los abogados querellantes o de cualquier persona de la Multisectorial por Justicia por Pichón Escobar”, concluye la denuncia.
Fuentes: Diarios de Rosario; comunicado de la Multisectorial por el esclarecimiento del asesinato de Gerardo Escobar
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