La conducción del PRO en IOMA lleva la sintonía del "sinceramiento" que ejecutan los funcionarios del gobierno en todos los niveles: la segunda obra social más grande del país (con 2,5 millones de afiliados y 22.000 millones de pesos anuales de presupuesto) presidida por Sergio Casinnotti dispuso el aumento de un 15% en los bonos, subas en porcentajes similares al valor del aporte mensual de afiliados voluntarios y el achicamiento del plazo de pagos para éstos, que se acortó de los 30 días habituales a sólo los primeros 10 días del mes.
Desde luego, el conjunto de medidas genera problemas a los afiliados y afecta, entre otros, a jubilados que no cobran por el Instituto de Previsión Social de la provincia y afiliados voluntarios que tienen sus ingresos atados a otras variables.
Por ejemplo, un jubilado nacional hoy cobra su haber entre los días 19 y 21 de cada mes. Para esa fecha, con la nueva normativa, IOMA ya venció.
Lo mismo le pasa a un cuentapropista y hasta a monotributistas que pueden ser “empleados” del propio IOMA, precarizados en una de las tantas empresas tercerizadas que prestan su nombre para insuflar trabajadores a la obra social bajo regímenes de trabajo laxos y fuera de la ley.
Además, habrá aumentos a 60 pesos para la categría "B" y a 95 pesos para la "C". Mientras tanto, las coberturas se achican.
Es el caso de prácticas en laboratorios, medicamentos y tratamientos específicos que se recortaron de las prestaciones de la obra social, según pudo comprobar Letra P consultando fuentes profesionales y gremiales.
Este nuevo proceso en IOMA se inició con un escándalo por el nombramiento del nuevo presidente: en la rosca previa a las elecciones, la UCR había obtenido el compromiso del massismo para quedarse con ese lugar y hasta había un nombre que era número puesto, el del reconocido médico platense Marcelo Uriarte, presidente de la Junta Central de la UCR La Plata, del ala del storanismo.
El lugar quedó en manos del actual funcionario, vinculado al gremio UPCN, que conduce el poderoso Carlos Quintana. Por otro lado, las deudas de la obra social bonaerense se acumulan incluso en los servicios que ya han sido brindados y pagados por los afiliados: se calcula que serían unos 5 millones de pesos.
Además, desde la propia obra social estimaron que el aumento del 15% en los bonos de consulta no será el único del año para las prestaciones de la primera línea del ámbito de la salud, como médicos, odontólogos y kinesiólogos.
Es decir, el ajuste recién empieza, ya que no se descartan nuevas subas en el mediano plazo cuando la Provincia retome las negociaciones paritarias. Se pautarán nuevos incrementos en los honorarios profesionales, aseguran fuentes de la obra social.
Los profesionales nucleados en distintas entidades pretenden equiparar los aumentos al índice inflacionario y consideran exiguo lo otorgado. Los honorarios médicos quedaron rezagados ante la escalada del costo de vida, que suma no menos del 20% en el primer cuatrimestre y se proyecta en 40% a 50% para 2016, lejos de todo acuerdo partidario de los sectores que tienen la “suerte” de trabajar en blanco.
Para entender el reclamo profesional basta explicar que un médico recibe alrededor de 200 pesos por consulta y con pagos muy retrasados, mientras que cualquier profesional de la salud que atiende por fuera de la obra social cobra $400 de base.
Fuentes de la Asociación de Profesionales del IOMA entienden que, con los 22 mil millones de pesos de presupuesto que tiene la obra social, se podría brindar una cobertura mucho más amplia. Y sostienen que no se controla cómo se gasta el dinero, ya que las auditorias de campo y las contables prácticamente no existen.
En tanto, la Sociedad Odontológica La Plata asegura que el aumento no alcanza porque se compone de otros gastos, como el que ocasionan insumos o servicios como la luz, el agua y el gas, además de los honorarios profesionales.
En medio de las denuncias cruzadas de corrupción y desmanejo que rodean a las administraciones de la obra social (el anterior presidente, Antonio La Scaleia, aparece en los Panamá Papers), desde el Concejo Deliberante de La Plata hicieron un pedido formal y oficial para que se atiendan los reclamos de algunas entidades que dan servicios a la entidad.
Son entidades prestadoras del IOMA que, si no cobran la deuda que la entidad mantiene, pueden ver su futuro comprometido. Se trata, entre otras, de la Asociación Pro Ayuda al Discapacitado Mental (APADIM), el Instituto de Ayuda al Niño Irregular (IDANI), el Instituto de Psicopedagogía Especial (IPE) y la Asociación Pro Rehabilitación Infantil La Plata (APRILP).
Si no reciben esos fondos, podrían dejar de prestar servicios. “Muchas instituciones de La Plata se encuentran en riesgo de continuar prestando servicios ante la deuda que mantiene IOMA. Según nos informaron las propias autoridades, el endeudamiento alcanza sumas que oscilan entre los 400 mil y 5 millones de pesos por prestaciones ya realizadas a afiliados que han abonado puntualmente sus cuotas afiliatorias”, informó el concejal por el Frente Renovador José Arteaga.
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