EL PORTEÑO / DESCENTRALIZACIÓN
En primer lugar, María Rosa Muiños plantea que el Poder Ejecutivo de la Ciudad, arbitre las medidas necesarias para que en la elaboración de la Ley de Presupuesto del 2017, considere a las Comunas de la Ciudad, como jurisdicciones independientes.
Muiños afirma que las comunas "aún continúan sujetas a la jurisdicción Nº 90, correspondiente a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, en clara contraposición con las cláusulas constitucionales y legales" y sostiene que deben ajustarse a la ley 70 de la Ciudad que expresa "el carácter de jurisdicción de las Comunas y los anteproyectos preparados por las mismas para introducir los ajustes que consideren necesarios.
La Vicepresidente 2ª de la Legislatura también propone el procedimiento de elaboración participativa del presupuesto comunal a fin de garantizar la adecuada representación ciudadana en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de cada comuna (lo cual ya expresa la Ley 1777, que creó las Comunas en 2008, pero que no se aplica del todo).
Para tal fin, se deberá convocar a todos los vecinos de la Comuna, las instituciones públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales.
En tanto, los anteproyectos presupuestarios de la Comunas abarcarían aspectos como mantenimiento urbano de las vías secundarias, reparación de las vías de tránsito peatonal, intervención sobre el arbolado, mantenimiento de los espacios verdes, participación vecinal y control comunal, sin perjuicio de los servicios y competencias que en futuro se transfieran a las Comunas.
De las propuestas que se consideren en cada Consejo Consultivo Comunal, la Junta comunal correspondiente deberá remitir el anteproyecto al Gobierno porteño en 30 días.
Según la diputada del FPV con estas medidas "se establece un sistema accesible para los vecinos y sencillo de realizarse a nivel comunal, se privilegia la participación ciudadana, asegurándose en el marco del Consejo Consultivo un espacio de debate, participación activa y elaboración".
Además, "este mecanismo de participación ciudadana, supone un cambio de paradigma del sector público, comprometiendo a la sociedad en el debate y la gestión presupuestaria, experiencia que ya ha sido desarrollada en la intendencia de Porto Alegre, Brasil y que ha redundado en experiencias satisfactorias, dejando de lado la participación de la población tan solo limitada al voto, ubicando al ciudadano en un activo protagonista de la gestión pública".
El Presupuesto Participativo ya se implementa positivamente en países como Brasil, Perú, Uruguay y España.
En Argentina el primer municipio en adoptar un presupuesto participativo fue la ciudad de Rosario, en el 2003. Actualmente, hay 56 distritos en nuestro país que utilizan esta iniciativa de participación directa, conformadas en la Red Argentina de Presupuesto Participativo (RAPP).
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