La Policía Civil de Rio de Janeiro paralizó el lunes sus tareas, en una medida de fuerza por ocho horas con la que buscará llamar la atención sobre sus problemas financieros.
El Sindicato de los Comisarios de la Policía (Sindelpol) de Rio denuncia falta de agua, papel higiénico y tinta para imprimir denuncias en las comisarías. El presidente de Sindelpol, Rafael Barcia, dijo que ninguna investigación fue llevada a cabo o continuada durante el lunes, excepto los casos de homicidio.
"Estamos en una situación límite", dijo Barcia. La semana pasada un comisario reclamó sobre la imposibilidad de usar un helicóptero para perseguir un traficante. Algunas patrullas, además, están paralizadas por falta de mantenimiento y combustible.
De los seis blindados de la Policía Civil sólo tres funcionan. En el aeropuerto internacional de Rio de Janeiro, en la zona norte de la ciudad, agentes esperaron a pasajeros con un gran cartel en inglés con la leyenda "Bienvenidos al infierno. Policías y bomberos no son pagos. Cualquier persona que llegue a Rio no estará segura".
HOMICIDIOS
Dos violentos homicidios perpetrados este fin de semana volvieron a poner en duda la seguridad de la ciudad olímpica, que en menos de 40 días inaugura unos Juegos Olímpicos, sobre los que hay serias dudas de organización.
El sábado en la tarde una doctora de 35 años fue asesinada durante un asalto cuando viajaba en su auto en la Línea Roja, una de las vías rápidas más concurridas de la ciudad y la única que enlaza el aeropuerto internacional de Río de Janeiro con el centro de la ciudad.
El asesinato se produjo alrededor de las 19:00 horas y, de nuevo, provocó estupor entre los cariocas, que llevan semanas colgando videos y fotos de asaltos en grupo y tiroteos en esta pista rápida crónicamente congestionada por el exceso de autos y la mala planificación vial.
Horas después, en una zona próxima donde fue asaltada la doctora, un policía militar que formaba parte del cuerpo de seguridad del alcalde de la ciudad, fue asesinado en otro intento de asalto cometido por criminales.
El teniente Denilson Theodoro de Souza, de 48 años y padre de dos hijos, fue asesinado por disparos cuando intentó resistir a un asalto perpetrado por cuatro personas mientras iba en su auto. La noche del domingo, la seguridad de otra de las vías rápidas de la ciudad, la Avenida Brasil, que enlaza el norte con el centro de la ciudad, fue escenario de un asalto armado en grupo a conductores que estaban dentro de sus vehículos.
Los relatos e imágenes colgadas en las redes sociales muestran cómo algunos conductores en pánico intentan, pese al intenso tráfico, dar la vuelta y conducir en dirección contraria para escapar. La violencia también afectó a varios atletas, como a los equipos español y australiano de vela olímpica y paraolímpica, respectivamente, quienes fueron asaltados a punta de pistola en semanas recientes en turísticos y concurridos barrios durante el día.
Estadísticas oficiales sobre homicidios y robos aumentaron en el último semestre en el estado de Río de Janeiro incluso en céntricas áreas de la capital, y las propias autoridades admiten que faltan recursos económicos para aumentar el número de policías en las calles.
Este lunes comenzó una huelga de la Policía Civil –encargada en Brasil de investigar los crímenes– para protestar por la falta de recursos, así como por los salarios impagados y la escasez de gasolina para los helicópteros de apoyo o, incluso el papel higiénico.
Una marcha fue organizada este lunes en el centro de Río de Janeiro en la que decenas de policías exhibían pancartas con inscripciones como “Olimpiadas con policías sin salarios”.
El Estado de Río de Janeiro declaró hace diez días estado de ‘calamidad’ financiera ante la profunda crisis provocada por la caída de la recaudación de recursos, en especial por el hundimiento del precio del petróleo.
Funcionarios, policías y pensionistas llevan meses recibiendo sus sueldos y pensiones atrasados, ante la incapacidad del estado de Río –contrariamente al municipio– para cumplir con sus deudas. El gobernador en ejercicio, Francisco Dornelles, logró la semana pasada que el gobierno federal le concediera un crédito a fondo perdido por valor de tres mil millones de reales (unos 850 millones de dólares), con el objetivo de pagar salarios y hacer frente a las obras de la línea 4 del metro. Sin embargo,
Dornelles dijo en una entrevista publicada este día en la prensa brasileña, que el dinero aún no llega, lo que puede provocar que la Olimpiada sea “un enorme fracaso”.
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