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| LEÓNIDAS MOLDES |
El siguiente texto fue publicado por LPO el 15/05, y todavía no hay novedades.
Tan llamativo como grave: El caso es de tal gravedad que vulnera el más mínimo sentido de justicia. El denunciado abuso de las niñas se descubrió cuando la madre llevó a la menor de ellas, entonces tenía tres años, a una prestigiosa clínica de barrio parque, porque se quejaba de dolores vajinales.
Luego de examinarla el director médico de la clínica llamó a la madre. “Mire su hija fue abusada hace unas cinco horas ¿Con quien estaba en ese momento?”. Desencajada la madre explicó que con el padre.
“O usted lo denuncia o nosotros tenemos la obligación legal de denunciarlo a él y a usted”, le explicó el médico. En ese instante se desató un infierno que dura hasta hoy. La madre se enteró del abuso cuando llevó a su hija de entonces tres años al médico porque tenía dolores y le anunciaron que hace apenas cinco horas había sido abusada sexualmente.
El fiscal federal estuvo ocho años procesado por el abuso sexual de sus hijas, aplastado por una gran cantidad de pruebas como el propio testimonio de las niñas, que impugnó reiteradamente, obligándolas a recordar una y otra vez el horror sufrido.
Siempre mantuvieron la versión inicial. Los abogados de la madre sostiene que la Cámara Gesell de las niñas es estremecedora y la del Cuerpo Médico Forense, constató en su momento, lesiones compatibles con abuso sexual.
Sin embargo, gracias a sus contactos el fiscal federal logró trasladar la causa a la Capital –la familia es orienda del interior de la provincia de Buenos Aires-, donde tenía sus principales contactos judiciales,
Así, finalmente en un fallo dividido y pese a la montaña de evidencias acumuladas en su contra, logró ser sobreseído porque existían “dudas” sobre su culpabilidad. Pero logrado esto, el fiscal federal fue por más y accionó en la justicia para forzar la “revinculación” de sus hijas.
Esto es que la justicia las obligue a hacer lo que ellas sensatamente no querían: Volver a tener una relación con el hombre acusado de abusarlas. El proceso como es lógico fue y es muy traumático para las niñas, causándoles un daño psicológico imposible de mesurar en toda su dimensión.
Pero el fiscal no se detuvo allí. Ante las dificultades que presentaba la “revinculación”, por la lógica resistencia de las niñas, demandó a la madre para que le quiten la tenencia y pongan a las chicas a su cargo.
UNOS JUECES EN EL COLEGIO
En este tortuoso camino, el fiscal consiguió una ayuda inestimable: La Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que integran los camaristas Mauricio Luis Mizrahi, Omar Díaz Solimine y Claudio Ramos Feijoo.
Estos magistrados llegaron a la desmesura de constituirse personalmente en el colegio de las niñas, obligando a las autoridades de la institución a entregárselas, sin dar aviso a la madre.
Allí a las niñas que entonces tenían ya 8 y 9 años, les informaron que estaban “obligadas” a “revincularse” con su padre por decisión de ellos. Fueron cinco días los que los camaristas se acercaron al colegio para “adoctrinar” a las niñas, obligando además a las autoridaddes de la institución con una orden de “confidencialidad” a no dar aviso a la madre.
No hay que ser un pedagogo infantil para entender lo que esa situación de coerción y secretismo puede causar en dos niñas presuntamente abusadas.
Los camaristas Mizrahi, Solimine y Ramos Feijoo irrumpieron en el colegio de las niñas, obligaron que las retiren del aula y las lleven ante ellos en la oficina de la directora, donde les anunciaron que estaban obligadas a verse con su padre.
Las niñas, en un episodio con ecos a la Dictadura, fueron sacadas de sus aulas y trasladadas a la oficina de la Directora porque, se les dijo, “hay personas que quieren hablarles”. Lo notable fue que el interrogatorio ocurrió ante la presencia de la defensora de menores, que avaló en silencio todo lo realizado.
Días después, alertada la madre de lo que había ocurrido, empezó a pleitear en la Justicia, explicando que cumplir con esa manda judicial implicaría revictimizar a sus hijas. Ajenos a las preocupaciones de la madre y el terror de las niñas, los camaristas labraron un acta en el que determinaron que no pueden salir del país, mudarse o incluso cambiar de escuela, sin autorización judicial.
Y no sólo eso, debían presentarse para ser revinculadas con su padre forzadamente en un centro de “Familias” judicial y sino lo hacían su madre debería pagar fuertes multas. Fue un clarísimo caso de abuso de poder y complicidad corporativa, para los abogados de la madre, que denunciaron lo ocurrido ante el Consejo de la Magistratura, que ya abrió un expediente para analizar la actuación de los camaristas Mizrahi, Solimini y Ramos Feijoo.
El fiscal tiene además lazos con una poderosa jueza del fuero federal y gracias a ella influencia sobre el Cuerpo Médico Forense.
La madre denuncia que sufre un hostigamiento permanente de la justicia que la cita a continuas indagatorias, acusándola de impedir la revinculación. Una estrategia para construir un caso que le permita al padre quitarle la tenencia de las niñas.
La madre denuncio también reiteradas amenazas de muerte y la intimidante presencia del fiscal que la esperaba en la puerta de su domicilio junto a custodios armados.
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