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| Mauricio Macri en problemas para conseguir su reelección 2019/2023. |
(U24) - La fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín reclamó que el Gobierno acuerde el pago de la deuda con el Estado de la empresa de la familia Macri, Correo Argentino S.A, y detectó presuntas irregularidades en el manejo de los fondos de la compañía de la familia Macri. Se trata de un monto de $35 millones utilizados para el pago de consultoras, estudios jurídicos y ejecutivos a pesar de no tener actividad comercial.
En un detallado dictamen, la fiscal advirtió que varias de estas empresas beneficiadas están relacionadas directamente a miembros del directorio de Correo Argentino y a sus abogados.
Además, pidió que se investigue el rol de funcionarios del gobierno de Macri que deben participar en la negociación.
Tal es el caso del Secretario de Modernización, Andrés Ibarra. Mientras la empresa de la familia del mandatario aún adeuda al Ejecutivo un monto que equivalía a $300 millones, que arrastra hace 18 años, Correo Argentino SA benefició a consultoras, estudios jurídicos y ejecutivos por casi $35 millones a pesar de no tener actividad comercial.
Los presuntos pagos irregulares fueron detectados por la fiscal ante la Cámara Comercial y surgen de la lectura y estudio de los libros contables de la compañía.
"En la administración de la concursada existieron pérdidas de activos líquidos inexplicables y sin justificación apropiada considerando que desde el 19/11/2003 ésta no registra actividad", explica Boquín en el dictamen.
Para la fiscal, se está produciendo un “vaciamiento progresivo” de la empresa de la familia Macri en medio del proceso judicial por la deuda que el Correo mantiene con el Estado desde hace 18 años. Según Boquín, los fondos que habrían sido desviados a un reducido grupo de personas y empresas vinculadas a los directores de la compañía deberían haberse usado para pagar la deuda.
En otras palabras, la compañía habría desviado sus millones a un círculo reducido de personas y empresas vinculadas a ellos mismos, cuando ese dinero debía destinarse al pago de la deuda con el Estado.
Y no sólo los beneficiados mantenían una relación, sino que además de las sumas que recibían, eran apoderados de los acreedores de Correo Argentino, según Boquín. Algunos de ellos son funcionarios del actual Gobierno o cercanos a ellos, como el hermano del diputado Pablo Tonelli que dirige el estudio de abogados Tonelli y que recibió alrededor de $4 millones en concepto de honorarios profesionales por el concurso de acreedores, entre 2004 y 2007; una parte de los $14.386.053,68 con los que se recibieron nueve estudios jurídicos.
Cabe destacar que el legislador fue uno de los principales críticos de Boquín cuando frenó el acuerdo entre el Ejecutivo y Correo que garantizaba una quita del 98% de la deuda. La fiscal solicitó a la Procaduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que investigue el accionar de los mismos que deben intervenir en la negociación con Correo Argentino SA y que al mismo tiempo integraron la compañía de la familia Macri.
El mayor apuntado de los funcionarios es el secretario de Modernización, Andrés Ibarra, quien tiene potestad de intervenir en el caso y quien designó a los abogados que representan al Estado en las demandas que Correo le inició al propio Estado por sumas millonarias.
Fue director suplente, director titular y apoderado de la empresa “La extensión del trámite en este proceso ha posibilitado un vaciamiento progresivo de la concursada. Merced a numerosas erogaciones que van desde el pago de cifras millonarias en concepto de honorarios profesionales por 'asesoramiento ilegal concursal', hasta pagos a estudios jurídicos de los cuales forman parte integrantes del propio directorio de Correo.
A ello, deben agregarse otros egresos por importantes sumas a favor, en su gran mayoría, de consultoras o empresas de publicidad que tienen alguna vinculación con los letrados de la concursada, sus directores y/o apoderados, los que deberán ser analizados...también se han efectuado pagos por mantos elevadísimos en concepto de 'anticipos al directorio' en infracción a la normativa societaria”, escribió la fiscal en su dictamen.
Por ejemplo, hay pagos que, si bien no fueron los únicos realizados por la deudora en concepto de honorarios, son los que resultan más llamativos por su elevado monto o por el vínculo existente entre los estudios jurídicos involucrados y los directores de la concursada. Ellos ascienden a la suma de $ 14.875.530.
El estudio Kleidermacher se llevó el mayor monto: una suma de más de $9 millones, una parte entre julio de 2004 y diciembre de 2005 y la gran mayoría entre enero de 2006 y mayo de 2015. Jaime Kleidermacher es uno de los históricos abogados de la familia presidencial.
El actual secretario de Legal y Técnico de Mauricio Macri, Pablo Clusellas, integra la empresa Romero Zapiola & Clusellas y es otra de las contratadas por la compañía por $120.082 entre julio 2004 y junio 2005, y por otros $130.855 entre agosto 2005 y marzo 2007 por asesoramiento en temas legales de recursos humanos.
Otro caso llamativo es el del estudio que dirigen Jaime Cibilis Robirosa como Sebastián Castro Cranwell,que integraron los directorios de Correo Argentino y Socma Americana De acuerdo al dictamen de la fiscal Boquin, cuatro consultoras también entraron en el esquema de desvíos sin justificación de la familia Macri.
Entre ellas, Doris Capurro (también relacionada a Kleidermacher) y cuatro empresas vinculadas: Supergol S.A, Be Good S.A, Optimedia Internacional S.A y Capurro S.A.
En conjunto, entre 2004 y 2007, recibieron $1.121.373 de Correo Argentino SA. Además, la empresa Logística de Avanzada S.A recibió casi $5 millones del Grupo Macri entre noviembre de 2003 y febrero de 2004. Casualmente, dos de los miembros de la compañía fueron a su vez directores de Correo Argentino SA.
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