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| Imagen captura TV |
(U24) - Bajo el nombre "EL BUITRE QUE BLOQUEA A LOS MAPUCHE", Susana Lara publicó en el sitio 'El Cohete a la Luna' un artículo en el que se extiende sobre un conflicto que desatado en Bariloche por el bloqueo por parte del reconocido Arelauquen Golf & Country Club SA de la servidumbre de paso a la comunidad Lof Che Quijada, el camino más corto sobre la ladera del Cerro Otto.
El reclamo no es nuevo. Publica el sitio que: "Arelauquen Golf & Country Club SA, del grupo belga BURCO, no reconoce a la lofche Celestino Quijada el derecho a usar el camino tradicional a su territorio, ni cumple el acuerdo de acceso por la propiedad privada alcanzado el año pasado en una mesa de trabajo dispuesta por la Defensoría del Pueblo de la ciudad".
Remarca el sitio de Horacio Verbitsky que "Mohammad Ladjevardian, bonista de un fondo buitre que litiga contra el Estado argentino, y Pierre Andurand, financista que anticipó el derrumbe de los precios del petróleo en 2008, son algunos de los propietarios de fracciones en la urbanización de Burco Desarrollos S.A..
Arelauquen y Burco Desarrollos son algunas de decenas de firmas con las que opera Belgian Urban Renovation Company (BURCO) en Argentina, acaparando al menos 24.000 hectáreas en la zona rural de Río Negro."
La comunidad Quijada sostiene la ocupación tradicional en la ladera sur-este del Otto, donde cría animales de granja y produce frutas y verduras, en tierras que lindan con Arelauquen. El uso tradicional de campo abierto se interrumpió con la consolidación de la urbanización cerrada, hace 12 años. Entonces se vio obligada a ingresar caminando por más de dos horas y dar un rodeo de varios kilómetros para acceder.
En un tiempo, el directorio del country estuvo más predispuesto a permitir el ingreso por tierras privadas, trasladándolos en las camionetas de la empresa, aunque con ello no se reconoció el derecho al uso de los caminos tradicionales en al territorio mapuche.
Por un lado, denunciaron la falta de intervención estatal firme, y por otro, afirman que desde el country argumentan que el nuevo directorio del mismo endureció la posición respecto a Quijada, que denunció públicamente el incumplimiento del acuerdo alcanzado en la Defensoría del Pueblo.
El instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) reconoció a Quijada, aunque el derecho al territorio no está formalizado por un título de propiedad comunitaria. Tiene sin concluir el relevamiento dispuesto en Río Negro por aplicación de la ley de Emergencia de los Territorios Indígenas.
Su espacio es parcialmente reclamado en propiedad por el Ejército Nacional, que además mantiene demandas contra las comunidades vecinas Millalonco-Ranquehue y Tripay Antü, siempre en los faldeos del Otto, y contra Tambo Báez, ladera del Bella Vista.
Otro asunto en el que se denunció el año pasado una situación casi de película con el interés de una comunidad mapuche en desarrollar, junto a un reconocido empresario inmobiliario, un gran complejo de golf en uno de los terrenos más valiosos de la zona.
En fin, volviendo al tema de Arelauquen, por el que hace 3 semanas se vieron imágenes de integrantes de la comunidad mapuche reclamando el paso a través de 'Wall Kintun Tv': Para sumar "capitales privados" a la madición, en el artículo se aclara que en Arelauquen tiene domicilio público "Nicolás van Ditmar, operador de Joseph Lewis y sus firmas en la región.
El ex ministro de Economía Alfonso Prat Gay es otro inversor, así como el polista Eduardo Novillo Estrada." Además, remarca la presencia como propietario de un lote de Alberto Pérez Chada, cuyo estudio de abogados representa al Presidente Macri, Gustavo Arribas, Boca Juniors y grupo Clarín, entre otros clientes.
Se alejó del directorio de Puerto Manso S.A., inmobiliaria que formó con el director técnico Héctor Cuper, pero la firma mantiene una propiedad en el country."
Luego, la traducción del reclamo: "la imposibilidad de acceder a su territorio por el camino más corto y menos empinado, el de toda la vida, que conecta por la ladera sur del Otto en minutos con el barrio Unión, en la zona sur de la ciudad, expresa una de las tantas formas en que se avasallan los derechos elementales del pueblo mapuche.
Cuatrocientos metros hacen la diferencia que asfixia económica, política y simbólicamente a Quijada". Beatriz Oñate, defensora del Pueblo de la ciudad, reconoció que el acuerdo alcanzado entre las partes no resolvía el conflicto de fondo aunque insiste en que el Estado municipal debe hacer operativa su condición "intercultural" y que no es conveniente llegar a la instancia de la judicialización.
Aseguró tener voluntad de reflotar la mesa de trabajo del año pasado de la que participaron Arelauquen, el Ejecutivo local, el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (Codeci) que es autoridad de aplicación de la ley provincial del indígena, el Ejército y la propia comunidad, "aunque los tiempos de la mediación están muy lejos de las urgencias cotidianas de la comunidad postergadas por años", concluyó la nota que termina por caracterizar esta situación como parte de esta "etapa neoliberal".
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