Alberto Samid, el empresario conocido por su cadena de carnicerías, llegó esta noche a la Argentina tras ser expulsado de Belice y será alojado en la Alcaidía de la Policía Federal. El vuelo internacional aterrizó en Ezeiza poco antes de las 22:23 en el vuelo 217 de la aerolínea Avianca, y hoy será llevado a las 8:30 a los tribunales de Comodoro Py.
La llegada de Samid al país había sido confirmada esta mañana por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien precisó que el empresario detenido iba a ser trasladado "a alguna dependencia de la Policía Federal".
Fuentes oficiales confirmaron a Télam que Samid será trasladado a la sede de Drogas Peligrosas de la Policía Federal, situada en la avenida Belgrano al 1600, y no a las dependencias que la fuerza tiene en Figueroa Alcorta y Cavia, en el barrio de Palermo, edificio donde también funciona Interpol, hasta que lo reclame el tribunal oral ante el que tiene que presentarse a declarar.
También se especulaba con que "el rey de la carne" fuera alojado en la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal, en Madariaga y General Paz, Villa Lugano, en la ciudad de Buenos Aires.
Samid estaba prófugo desde hacía algunos días, pero el fin de semana fue detenido por la policía de San Pedro, una pequeña localidad situada al sur del Cayo Ambergris, en Belice. Sobre Samid pesaba un alerta rojo de Interpol, emitido a raíz de una orden de detención de la justicia argentina, por lo que enseguida intervino esta organización policial internacional.
Apenas detenido, dos agentes de la Policía Federal viajaron a ese país centroamericano para su custodia, ya que si la justicia de Bélice disponía su expulsión, tal como lo hizo, el empresario podía ir "donde quisiera", tal como lo explicó esta mañana en diálogo con La Red la ministra de Seguridad.
En esa misma entrevista, Bullrich destacó el procedimiento a través del cual "una persona que se quiso burlar de la Justicia, y que dijo que estaba en un campo en el que no lo iban a encontrar, jugando a la prescripción de la causa, fue buscado y traído de manera inmediata al país para que declare ante la Justicia".
Samid fue expulsado de Belice por considerar la justicia de ese país que incurrió en delito al mentir respecto al motivo de su viaje, que claramente no era turismo. Inclusive anoche, en declaraciones al canal Todo Noticias (TN), a bordo del avión que lo trasladaba, Samid mantuvo esa mentira y afirmó: "Me fui un fin de semana de vacaciones porque estaba muy estresado".
La detención
El empresario, dueño de una cadena de carnicerías y frigoríficos, no se había presentado a una audiencia que iba a tener lugar el miércoles último, para escuchar el veredicto del tribunal en la causa que se le sigue. Por ese motivo, el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1, -integrado por los jueces Diego García Berro, Ignacio Fornari y José Michilin-, ordenó su detención y emitió un pedido a Interpol.
Hoy, a las 10, está prevista una audiencia en ese tribunal en la causa que investiga las maniobras de evasión a través de una asociación ilícita en la que el empresario está acusado de haber participado.
En esa audiencia se tratarán las llamadas dúplicas de los abogados, es decir las respuestas a las acusaciones de la fiscalía y la querella, previo a la convocatoria a últimas palabras y veredicto.
En tanto, Gabriel Pérez Barberá, el fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico que impulsa la causa por evasión impositiva de Samid explicó hoy en diálogo con radio Mitre que "es realmente explicable" que el empresario se diera a la fuga rumbo al Caribe ya que"no había riesgo de que Samid quedara preso si continuaba compareciendo a juicio" e, inclusive, "aún cuando hubiera una condena, hasta no quedar firme no había riesgo de detención".
Por otra parte, el abogado Vicente D`Attoli, defensa del matarife, pidió al Tribunal Oral una pericia psiquiátrica para determinar su capacidad, una vez que arribe a la Argentina.
Samid está acusado por haber integrado una asociación ilícita, conformada en 1993, para cometer ilícitos tributarios que, según la AFIP, querellante en la causa, asciende a 23 millones de pesos.
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