¿Quién despreciaría tal dosis de poder discrecional, más si el costo político de obtenerlo lo sufrió otro?
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). La suba del IVA. El impuesto al cheque. La emergencia económica. El impuesto a los cigarrillos. Y la lista sigue.
Medidas que resultaban transitorias pero que todos los gobiernos extendieron y aprovecharon. Esos ejemplos, plagados de arbitrariedades, podrían ser reflejo de otras leyes que se sancionaron durante la era K y que, aunque controversiales, serían aprovechadas por el próximo Presidente, cualquiera sea este.
¿Quién despreciaría tal dosis de poder discrecional, más si el costo político de obtenerlo lo sufrió otro?
En el caso de la emergencia económica, que rige desde 2002, el Gobierno podría extenderlo para el próximo ejercicio. O sea, para el gobierno que lo suceda.
Aquella ley, la 23.697, es una herramienta que permite al Poder Ejecutivo renegociar contratos de servicios públicos, reordenar el sistema financiero, el bancario y el mercado de cambios, entre otros puntos. La ley permite, entre otras cosas, mantener congeladas las tarifas energéticas.
El resultado es un gigantesco déficit fiscal, porque la diferencia la paga el Estado. Pero también es una poderosa herramienta electoral.
Otro caso es la disposición que se conoció este martes y que le permite a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) espiar a las entidades financieras, los supermercados y las alimenticias, entre otras, con el presunto fin de evitar un "golpe de mercado". Nadie se imagina otra cosa que sendas denuncias contra las empresas con el argumento de preservar "la vida democrática".
Se sospecha de una herramienta de presión a utilizarse arbitrariamente, más allá de las promesas de institucionalidad de Oscar Parrilli.
El mes pasado, la mayoría oficialista sancionó una ley para que el Consejo de la Magistratura pueda designar jueces subrogantes con mayoría absoluta de sus miembros presentes, "en los casos de suspensión, vacancia, recusación, excusación o cualquier otro impedimento de los jueces o juezas" titulares.
Así, el oficialismo sacó del camino a un juez incómodo, como Luis María Cabral, quien tenía la mira puesta en el Memorándum firmado con Irán. ¿Desaprovecharía la próxima administración tal oportunidad?
En 2014, el Gobierno consiguió la sanción de una nueva Ley de Abastecimiento, que permite regular las ganancias de las empresas y determinar precios de referencia mínimos y máximos. Todo el arco opositor se comprometió a derogar la norma en caso de convertirse en gobierno. Pero ya nadie habla de eso.
En 2013, los funcionarios se vieron beneficiados con una nueva ley de Declaraciones Juradas, que limita la información sobre sus bienes de cara a la sociedad. ¿La abolirá el próximo mandatario para garantizar la transparencia?
Los ejemplos abundan. Lo que abre el interrogante ¿se encamina la Argentina hacia una discrecionalidad permanente?
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