(APe).- Definitivamente el tango está equivocado: veinte años son muchos. Demasiado tiempo para las consecuencias de una impunidad construida desde arriba, desde ese entramado de relaciones políticas, económicas, judiciales, legislativas y sociales que se llama poder.
En la semana santa de 1995, el Banco Central de la República Argentina, en tiempos de la presidencia de Carlos Menem y Roque Fernández como ministro de Economía, dispuso primero la suspensión y luego el cierre del llamado Banco Integrado Departamental con sede en Venado Tuerto, sur de la provincia de Santa Fe, y sucursales en casi todo el país.
Era la tercera institución privada más importante del sistema financiero argentino. Dos mil trabajadores quedaron en la calle, más de veinte mil ahorristas fueron damnificados, entre ellos los ex obreros de Somisa a quienes les había depositado el retiro voluntario en las arcas del Banco de la Ribera, uno de los absorbidos por el BID, y mil millones de dólares se esfumaron.
El entonces gerente y uno de los contadores, Roberto Cataldi y Miguel Ángel Arduino, fueron los únicos que pagaron con alguna temporada en la cárcel. En los más de 120 cuerpos del expediente de la estafa financiera más grande de la historia argentina se leen acusaciones sobre lavado de dinero y hasta influencias del narcotráfico. Todo con conocimiento de las antiguas administraciones del Banco Central.
El pasado 30 de junio, veinte años después, la principal referente de los ahorristas damnificados, Matilde Sermoneta, fue citada por el mismísimo Banco Central para dar testimonio de lo ocurrido. Los robados y estafados veinte años atrás, ahora, una vez más, son los que tienen que poner la cara ante la prepotencia de la impunidad del corazón mismo del poder financiero argentino, aquello que Manuel Dorrego definiera como la aristocracia del dinero, uno de los peores dramas de aquel país que todavía no se había formado, sobre la segunda mitad de la década del veinte del siglo diecinueve.
No es casualidad. La ley que rige el sistema bancario en la Argentina sigue siendo la de entidades financieras de la dictadura de Videla y Martínez Hoz. Hay cosas que no cambian. Por lo tanto, quizás, el cálculo debería ser mayor, veinte años de impunidad sobre la estafa del BID, casi cuarenta por la permanencia de aquella forma de pensar los bancos que viene del terrorismo de estado y se mantiene vigente en la actualidad.
Dice Matilde Sermoneta en una carta que hizo pública en estos días que la mayoría de los ahorristas del ex BID eran pequeños y medianos: “…que vieron frustradas necesidades y expectativas, y sus sueños, teníamos un sueño que no pudimos cumplir , además entidades sociales, comunas, fue un caso social; los fondos comprometidos fueron mil millones de pesos o dólares en tiempos de la “Convertibilidad”; este banco estaba considerado entre los diez primeros del sistema; estaba o están ubicados sus restos en el sur provincial, Venado Tuerto, región que se vio privada de un factor económico, pero tenía sucursales en todo el país; en todo este tiempo no se conocieron los nombres de los que lo vaciaron, el fraude quedó también para la historia; el Banco Central, entidad que debió supervisar el estado de la entidad no reconoció su responsabilidad ni esclareció nada.
Se inició un proceso judicial del que participaron todas las instancias judiciales, jueces se jubilaron, camaristas miembros de las Cortes de Justicia provincial y nacional, cambiaron integrantes. El presidente actual de la Suprema Corte, doctor Lorenzetti, declaró en 2013 que de no haber mayor celeridad en los procesos estos se transforman en “tragedia jurídica”, la vicepresidente dijo en 2009 nadie soporta un juicio durante 5 años”, sostiene la señora que viene luchando hace veinte años. Enfatizando en la situación de los ahorristas, “en no pocos casos sus titulares fallecieron y hoy son sus sucesores los que deben acreditar su titularidad cosa que algunas veces resulta un gasto más que si es gravoso se abandona. Dije que había muchos pequeños y medianos ahorristas, gente trabajadora, en su mayoría que confió en el sistema financiero, o confió en la Argentina”, apunta Sermoneta.
“Estamos pidiendo que se nos devuelva dinero que contante y sonante está depositado en un banco de Venado Tuerto por la suma de 520 millones de pesos, que están inmovilizados hace varios años por cuanto el Banco Central sostiene que tiene prioridad sobre esa suma, en tanto nosotros sostenemos que corresponden a los ahorristas, que aquel debe asumir la responsabilidad de haber efectuado redescuentos al ex Bid cuando debió conocer su verdadero estado”, dice en la parte final de su carta.
El caso del saqueo del BID constituye el más claro ejemplo de la impunidad con que se manejan los bancos en la Argentina. Por eso no es casualidad que todavía rija la ley de entidades financieras de la dictadura. Algunas cosas cambian, las que tienen que ver con los privilegios de las minorías, no.
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