LA SIP CONDENÓ EL USO DE CADENAS NACIONALES DE CRISTINA

AGENCIA / PERIODISMO 

Integrantes de la SIP reunidos en Charleston

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) criticó este lunes 05/10 "el mínimo límite ético" que surge de lo que definió como "abuso" gubernamental de las cadenas nacionales "con fines de propaganda" en la Argentina y precisó, además, que esa práctica "va contra la Constitución y la Ley". 


En el transcurso de la 71° Asamblea de la SIP que se celebra en Charleston, capital de Carolina del Sur (USA), el titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la entidad, el uruguayo Claudio Paolillo, director del semanario Búsqueda de Montevideo, planteó también que "en este año electoral, el gobierno de Cristina Kirchner continúa usando la publicidad oficial como sistema de premios y castigos, a pesar de dos claras sentencias de la Corte".

En su informe semestral sobre la Libertad de Prensa en el continente, el vocero precisó que el gobierno argentino "ha abusado de las cadenas nacionales con fines de propaganda partidaria, lo que va contra la Constitución, contra la propia Ley y contra un mínimo límite ético".

Por otra parte, Paolillo sumó a la Argentina en una mecánica que atribuyó también a gobiernos como los de Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Bolivia, entre otros, y sostuvo que "comunicar mentiras desde la cúspide del poder y racionar la libertad en función de los intereses de los gobernantes se ha vuelto corriente".

En general, advirtió que "ningún país de América está a salvo de esta corriente censuradora que olvida que los gobernantes están obligados a rendir cuentas a sus mandantes, los pueblos" y agregó que, "en lugar de ello, los mandatarios asumen una posición cuasi monárquica, profundamente antidemocrática y antirepublicana".

INFORME SOBRE ARGENTINA

El informe sobre Argentina en materia de libertad de prensa que hoy se leyó ante la Asamblea de la SIP incluyó una serie de "obstáculos" con los que se encontró el periodismo en los últimos 12 años que son, "con matices, los mismos que se registraron en esta etapa en otros países latinoamericanos que tuvieron gobiernos intolerantes respecto de las voces críticas".

En ese aspecto, el detalle precisó los siguientes:

- "Uso de recursos públicos para montar gigantescos aparatos comunicacionales destinados a la deslegitimación del periodismo independiente y de la oposición;

- Partidización de los medios públicos;

- Distribución discriminatoria de la pauta oficial con el objetivo de cooptar a sus beneficiarios o castigar a los medios no adictos;

- Aplicación selectiva de normas para perseguir la disidencia;

- Arbitrariedad en la asignación de frecuencias de televisión digital abierta;

- Sanción de leyes específicas para desarticular a medios críticos y favorecer a voces oficialistas;

- Presión a los anunciantes privados para quebrar las ecuaciones económicas de las empresas periodísticas;

- Utilización de los organismos de control y de los servicios de inteligencia para presionar, intimidar y espiar;

- Negativa a brindar información a periodistas críticos;

- Destierro de las conferencias de prensa presidenciales;

- Empleo de cadenas nacionales con fines proselitistas y

- Discurso oficial estigmatizante para los periodistas".