miércoles, 7 de octubre de 2015

REACTIVAN UNA CAUSA CONTRA DE VIDO POR ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

AGENCIA / JUSTICIA
 

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- Tres meses después de que la Cámara Federal de Casación Penal hiciera lugar a una apelación de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y revocara el sobreseimiento de Julio De Vido y de su esposa, Alessandra Minnicelli, en la causa por enriquecimiento ilícito, el juez federal Luis Rodríguez le pidió al fiscal federal Patricio Evers que amplíe el objeto de la investigación hasta la actualidad y así uno de los pocos funcionarios kirchneristas que atravesó los tres gobiernos K, volverá a ser investigado. 


Al matrimonio se le cuestiona la compra de una chacra de cuatro hectáreas en Zárate, el alquiler de otro inmueble en la Capital y la relación de los imputados con distintas sociedades cuyos directivos y/o accionistas tomaron intervención en esas operaciones inmobiliarias.

El juez Rodríguez entendió que como la chacra se terminó de pagar en 2008, el caso debe ampliarse hasta ese año y, aún más, debe abarcar los bienes del funcionario hasta el presente.

Mientras se aguarda la ampliación de Evers, según el diario La Nación, en el juzgado federal ya preparan una batería de medidas de prueba para ahondar la investigación sobre el patrimonio del ministro que manejó un presupuesto multimillonario en todas las obras públicas nacionales realizadas en los últimos 12 años. e trata de oficios a la Oficina Anticorrupción, para pedir las declaraciones juradas de bienes, las públicas y las reservadas; oficios al Banco Central, para conocer sus cuentas bancarias y saber con qué bancos opera el funcionario, y a la Bolsa de Valores, para saber si tiene acciones u otros instrumentos de inversión.

También prepara un pedido para que la Unidad de Información Financiera (UIF) le informe si algún banco o aseguradora emitió algún reporte de operación sospechosa (ROS) que involucre al funcionario y oficios a los registros de la Propiedad Inmueble, Automotor, de yates y de aviones, para saber qué propiedades y vehículos tiene a su nombre.

Se trata del protocolo estándar para averiguar datos en las investigaciones de enriquecimiento ilícito.

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