Días atrás el presidente Mauricio Macri anunció en San Juan la quita de las retenciones a las exportaciones mineras, equivalente a unos 220 millones de dólares que no ingresarán al Estado.
La medida se inserta en el marco de otras reducciones de retenciones, como en el caso del sector agrícola, y abrió el debate sobre si la medida representará un beneficio para la Argentina o solo será un traslado de recursos para las empresas que explotan minerales en el país.
El Decreto 349/2016, publicado el 15 de febrero pasado, se justificó en que las retenciones provocaron “una situación de pérdida de competitividad frente a las restantes naciones con actividad minera”, en “que los mencionados derechos de exportación inciden sobre los márgenes de utilidad” y “generan un mayor costo operativo”, en “la reciente caída en el precio internacional de los metales y demás productos minerales” y en que “la incidencia negativa de los derechos de exportación sobre las operaciones mineras en marcha excede considerablemente los beneficios que se generan para el erario”.
Diversos legisladores criticaron la medida (que revierte el régimen de retenciones de entre 5 y 10% para la exportación de productos del sector desde marzo de 2002), al considerar que se le otorga un beneficio a empresas transnacionales y a una actividad con alto costo ambiental sin un requerimiento previo de inversiones o desarrollo local.
El presidente Mauricio Macri anunció la quita de las retenciones a las exportaciones mineras, equivalente a unos 220 millones de dólares que no ingresarán al Estado. Las retenciones a las exportaciones mineras eran un impuesto no coparticipable, por lo que financiaban al Estado nacional.
En 2015, el sector minero facturó 4000 millones de dólares por exportaciones y ha llegado a los 5500 millones en años en los que las commodities tenían mayores precios.
En los últimos días también se ha reactivado el Consejo Federal de Minería, en el que tienen representación todas las provincias y la nación, para elevar propuestas de política nacional minera.
El ingeniero en minas y director del Centro de Estudios para la Sustentabilidad de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Hugo Nielson, se muestra optimista y afirma que “sacar las retenciones a la minería hará aumentar la producción. En los países mineros hay una ley que otorga estabilidad fiscal a los proyectos.
Desde el momento en que un proyecto es inscripto no se le pueden agregar impuestos nuevos y haber puesto las retenciones a las exportaciones hizo que la Argentina fuera menos atractiva para las inversiones.
Por ejemplo, la empresa Glencore tenía dos proyectos en competencia para extracción de cobre en América Latina, uno en Las Bambas, Perú, y el otro en San Juan, Argentina.
Finalmente ganó Las Bambas y hoy ese proyecto está en producción, y se han creado más de 18.000 puestos de trabajo. Un solo proyecto pagaría más de lo que se recauda hoy en la Argentina”. Sin embargo, Nielson considera que sería prudente revisar el sistema impositivo minero: “Hay que hacerlo en general, de manera que las provincias puedan obtener mayores ingresos, ya que sufren las consecuencias de la extracción. Porque, si no, la gente no ve los beneficios de la minería. También habría que revisar el concepto de regalías, que hoy es del 3 % del valor boca-mina. Habría que discutir cómo se calcula ese 3% y si no debería ser sobre el precio final del producto. Tal vez se podría generar alguna revisión de las regalías, para que queden más beneficios para las provincias y para los departamentos donde están emplazados”.
Por el contrario, la economista y doctora en Estudios de Política Científica y Tecnológica Anabel Marin, que es investigadora del CENIT, afirma que “en este tipo de producciones de commodities, la producción en el corto plazo no depende para nada de las retenciones, sino de la demanda internacional y de la perspectiva de inversiones a largo plazo que tenga la empresa”.
Para Marin, “quitar las retenciones a las empresas sin ningún tipo de plan de inversión a largo plazo me parece una medida que no tiene sentido. No podemos esperar que se traduzca en nada positivo para el desarrollo local. En todo caso, si uno estuviera de acuerdo, habría que hacerlo en el marco de un programa de largo plazo, el cual implique un acuerdo con las empresas de inversión y desarrollo de proveedores locales. Me parece una medida muy poco feliz”.
CINCO RÍOS ENVENENADOS
Cuando se habla de riesgo ambiental por la explotación minera no se trata de algo remoto o improbable, sino más bien de una posibilidad cercana que ya se ha producido y que nuestro país ha vivido de cerca en los últimos meses.
Un nuevo peritaje oficial realizado en San Juan sostuvo que el derrame de cianuro de octubre pasado en la mina Veladero, de la empresa Barrick Gold, provocó la contaminación de cinco ríos de la región.
"Estamos ante una clara infracción de la ley 24.051 [de residuos peligrosos], por encontrarse acreditada la contaminación en los ríos Potrerillos, Jachal, Blanco, Palca y Las Taguas, en virtud de hallarse sustancias tóxicas fuera de la reglamentación", sostiene el informe, que fue elaborado por la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA).
El estudio había sido encargado por la justicia federal, que investiga el derrame y la posible responsabilidad de funcionarios públicos nacionales que debían encargarse de controlar a la empresa en materia ambiental. La causa está radicada en el juzgado de Sebastián Casanello, que delegó la investigación en el fiscal Ramiro González.
Además de ser el fiscal de este caso, González es el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (Ufima), la única fiscalía especializada en la materia. El informe de la PFA, al que accedió LA NACIÓN, fue presentado a fines del año pasado, pero hasta ahora no se conocía.
Ayer, este diario se comunicó con voceros de Barrick, que no quisieron hacer declaraciones. Sostuvieron que no estaban al tanto aún del contenido del peritaje. De acuerdo con este informe, "todas las muestras analizadas, ya sean líquidas o sólidas, evidenciaron presencia de cianuro total"; en algunos casos, por encima de los valores máximos permitidos por la ley. Lo mismo pasó con otros metales pesados. Además, se identificó "una excesiva concentración" de sales y cobalto en el agua de red domiciliaria.
"Para responder si la dosis existente es inadecuada para el consumo, debería consultarse con un profesional médico", advirtió el peritaje. Como consecuencia, el fiscal acaba de pedirle a la Facultad de Medicina de la UBA que analice las muestras de la red domiciliaria de Chinguillos y Agualasto (donde se detectó exceso de sales y cobalto) y dictamine si estas concentraciones "pueden resultar dañosas para la salud" de la gente.
También citó a declarar al jefe de Delitos Ambientales de la PFA. Junto con este estudio, el juez encargó además otro, en paralelo, al Instituto Nacional del Agua (INA), que usó parámetros propios y obtuvo resultados menos categóricos.
En ningún momento afirmó -como sí lo hizo la PFA- que se hubiera violado la ley. Los especialistas del INA también fueron citados. El año pasado, un informe de la Universidad Nacional de Cuyo ya había advertido contaminación. El gobierno sanjuanino denunció entonces que ese estudio escondía una campaña "dañina" del gobierno de Mendoza.
La más fuerte de las conclusiones del informe de la PFA es la última, que sostiene: "En la presente investigación, la matriz (agua) se encuentra afectada por estar presente en ella contaminantes peligrosos por fuera del rango legislado, lo que constituye una amenaza seria para su diversidad biológica".
Y termina: "El volcar efluentes fuera del rango legislativo es considerado evacuación contaminante, por tal motivo el haber descubierto constituyentes peligrosos por fuera de los valores establecidos para la preservación de la vida acuática, constituye una clara infracción a la ley 24.051 en este caso".
En simultáneo con esta causa, la justicia de San Juan investiga también el derrame. La Corte deberá decidir dónde quedará el caso.
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