por FÉLIX PIACENTINI
CIUDAD DE SALTA (NOAnomics). Esta semana las provincias recibieron la mejor noticia en más de 20 años al habérseles reconocido su derecho de recuperar la detracción de 15 puntos de la masa coparticipable que se les venía haciendo desde 1992 para financiar a la ANSeS cuando aparecieron en escena las AFJP, pero que había perdido razón de ser al privatizarse éstas.
El acuerdo firmado entre las partes acuerda reducir la detracción de los 15 puntos porcentuales a razón de 3 puntos porcentuales por año a partir del presente año, con lo que al 2020 la retención ya sería cero y las provincias recibirían el total de las transferencias que el espíritu de la ley de coparticipación había establecido.
Recordemos que un caso particular lo constituyen las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis que ya habían conseguido un fallo favorable de la Corte a fines del año pasado a favor, con lo que no deberán esperar sino que ya gozan del beneficio pleno sin tener que lidiar con el cronograma escalonado. Pero vamos dimensionando las cifras.
Este 3% implicaría que las provincias que firmaron el acuerdo podrán contar con unos $ 12.500 millones adicionales aproximadamente para 2016. En el caso del trío de jurisdicciones con fallo de la corte ya podrán disponer de unos US$ 16 mil millones.
Ahora bien, esto no quiere decir que necesariamente todos estos recursos fluyan en efectivo ya que el acuerdo también dispuso que “El Estado Nacional podrá compensar, hasta alcanzar un 50% de las sumas adicionales que anualmente le correspondan a las Provincias... los créditos que respecto de cada una de las Provincias ostente a su favor; dejando aclarado que deberá tratarse de créditos exigibles”.
Según nuestra estimación el stock de deuda de las provincias que tiene como acreedor al gobierno nacional rondaría los $ 84 mil millones, casualmente equivalente a 15 puntos de la coparticipación estimada para este año.
En este caso el distrito con mayor deuda es Buenos Aires, que por sí solo acumula casi el 40% del total con unos $ 31 mil millones. También con números significativos figuran Entre Ríos ($ 8 mil millones), Jujuy ($ 7,3 mil millones), Córdoba y Mendoza (ambas con un stock de $ 5 mil millones).
La opción de descontar deuda sería la menos atractiva para las provincias ya que gracias a los sucesivos programas de desendeudamiento con plazos y tasas muy beneficiosas, e inflación mediante, el stock se ha ido licuando. De hecho ha disminuido un 60% en términos reales desde 2003. En este sentido a las jurisdicciones les conviene el cash y continuar pagando servicios de deuda muy bajos frente a su acreedor más benévolo, el gobierno nacional.
Pero a la vez también se habilitó un mecanismo bastante extraño que consiste en la posibilidad de los Estados Subnacionales de recibir préstamos fondeados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS, por el equivalente a 6 puntos porcentuales en el año 2016 de los 15 puntos que le hubiera correspondido de coparticipación.
Para los años subsiguientes hasta 2019 este tope se reduce a 3 puntos porcentuales para cada período. El plazo de estos créditos es de 4 años a una tasa anual de sólo el 15% para 2016 y 2017 y tan sólo el 12% en 2018 y 2019 (ya en 2020 no se aplican más detracciones y por ende se extingue la opción de los empréstitos).
Lo extraño de esta alternativa es que a las provincias se les estarían prestando fondos que ya se reconoció les son propios, al margen de que la tasa es sumamente favorable y muy menor a la de mercado (la diferencia la asumiría el Tesoro).
Si todas las provincias ejercieran la alternativa de tomar estos créditos, a los $ 12.500 millones eventuales de cash (si el gobierno nacional no descuenta deuda) se agregarían casi $ 25 mil millones, con lo que el total de fondos podría rondar los $ 37 mil millones en 2016. Sin dudas la cifra es muy relevante y solucionaría los problemas fiscales de las provincias del año en curso si se manejan con un mínimo de responsabilidad.
El camino de reconocer que las detracciones no correspondían y comenzar con el proceso hacia su devolución es la mejor noticia en mucho tiempo para las provincias. Quizás hubiera sido bueno que el acuerdo incluyera una suerte de 'forward guidance' para que los montos recuperados se destinen preferencialmente a la tan postergada inversión pública.
Tampoco se ha dicho nada sobre la deuda acumulada por las sumas desviadas desde 2006 que a valores de hoy podría alcanzar la friolera de medio billón de pesos para las 24 provincias. Al margen de discusiones posteriores que surjan sobre la distribución secundaria y la equidad de los coeficientes, que necesariamente implican la reforma de la ley de coparticipación vigente, los fondos recuperados son un importante alivio para las cuentas provinciales.
Cuando se complete la devolución plena en 2020 las provincias no deberían tener urgencias fiscales. Si así fuera querrá decir que desaprovecharon una oportunidad histórica de sanear sus balances y que cedieron a la tentación de continuar aumentando sus gastos corrientes, principalmente representados por los de personal, como lo han venido haciendo hasta ahora. Ojalá no sea así.
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