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| André Corrêa al llegar a la sede de la Policía Federal (Foto: www.odia.ig.com.br). |
(U24) - La Policía Federal detuvo este jueves (08/11) en Río de Janeiro a sospechosos de participar en un esquema de corrupción comandado por el ex gobernador Sérgio Cabral, preso desde 2016 por diversos delitos de corrupción. Entre los detenidos hay 10 diputados.
En los últimos años, los diputados estatales de Río y otras doce personas -entre ellas, un diputado federal electo este año, un secretario de Gobierno y un ex presidente del Detran-RJ (Departamento de Tráfico del Estado de Río de Janeiro), son blancos de la Operación Furna de la Onza, desdoblamiento de la Cadena Vieja, en el ámbito de la investigación Lava Jato.
Según el expediente del caso, "la organización delictiva encabezada por Cabral" pagaba una coima mensual a diputados estatales a cambio de apoyo. "Diez diputados estaduales de Río de Janeiro están siendo investigados por usar la Asamblea de Río al servicio de intereses de la organización criminal del exgobernador Sérgio Cabral, que a cambio pagaba una coima mensual durante su segundo mandato (2011-2014)", informó la fiscalía en un comunicado.
Según las investigaciones, esas coimas eran resultado del sobreprecio de contratos públicos del Gobierno del estado de Río y del Gobierno central.
Además de Cabral, también lideraban la organización criminal los expresidentes de la Asamblea, Jorge Picciani y Paulo Mello, detenidos hace tiempo en el marco de la operación Lava Jato y que este 8 de noviembre recibieron nuevas órdenes de prisión.
De acuerdo con la procuradora Renata Ribeiro Baptista, las coimas variaban desde US$ 5.000 hasta US$240.000. Lava Jato informó que el esquema movió más de US$14,5 millones desde la gestión de Cabral, incluyendo sobreprecios de contratos de obra pública.
Alrededor del mediodía, 20 de los 22 mandatos de prisión ya habían sido cumplidos, incluyendo tres contra diputados que ya se encontraban detenidos. Las prisiones fueron determinadas por el Tribunal Regional Federal de la 2ª Región tras decisión unánime de cinco desembargadores que componen la 1ª Sección Criminal del TRF2. Gabinetes de Alerj (Asamblea Legislativa de Río de Janeiro) y el Palacio Guanabara, sede del gobierno del estado, fueron rastreados esta mañana por la Policía Federal.
También se cumplen 47 órdenes de búsqueda y aprehensión en más de 40 direcciones. Según el Ministério Público Federal (MPF), la operación investiga la participación de diputados estatales de Río en esquemas de corrupción, lavado de dinero y loteo de cargos públicos y mano de obra tercerizada, principalmente en el Detran del estado.
El actual presidente del Detran, Leonardo Silva Jacob, y su predecesor Vinícius Farah, recién electo diputado federal por el MDB, también están siendo buscados por la policía. Ellos son los únicos que aún no han sido localizados.
Entre los presos está Affonso Monnerat, actual secretario de Gobierno de Luiz Fernando Pezão (MDB) y responsable de la interlocución entre Alerj y prefecturas. También es responsable de la articulación entre el gabinete del gobernador y las secretarías de estado.
De los diez diputados, siete son blancos de orden de arresto por primera vez. Jorge Picciani, ex presidente de Alerj, Edson Albertassi y Paulo Mello, todos del MDB, ya habían sido arrestados en noviembre del año pasado en la Operación Cadena Vieja. Los tres tienen órdenes de prisión preventiva sin plazo.
Picciani pasa cumplir arresto domiciliario por motivos de salud el 28 de marzo, tras la decisión del STF (Supremo Tribunal Federal). Albertassi y Mello están presos en Bangu. Los otros 19 objetivos de la operación tuvieron la prisión temporal (por hasta cinco días) decretada.
De los otros 7 diputados con orden de detención, 5 fueron reelectos este año: Andre Correa (DEM),Chiquinho da Mangueira (PSC), Marcos Vinícius Vasconcelos Ferreira (PTB), Luiz Martins (PDT) y Marcos Abrahão (Avante). Coronel Jairo (Solidariedade) y Marcelo Simão (PP) fueron candidatos pero no consiguieron la reelección.
"De acuerdo con las investigaciones, la 'coima' [pagada a los diputados] era resultado de sobreprecio de contratos estatales y federales. De forma ilícita, los parlamentarios se beneficiaban aún con el loteamiento de cargos en diversos organismos públicos del estado, donde podrían asignar mano de obra comisionada o tercerizada ", dijo la PF en un comunicado.
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