(U24) - La Asociación Civil Bajo La Lupa, que lidera la exdiputada y líder del GEN, Margarita Stolbizer, difundió el listado de abogados externos contratados por el Estado, que la organización cuestiona dado que "los departamentos jurídicos de los ministerios tienen un plantel de unos 5000 profesionales".
De acuerdo a un informe confeccionado a partir de un relevamiento en base a información provista por al Procuración del Tesoro, La Lupa sostiene que "nos ha llamado la atención estas contrataciones sin que las mismas se encuentren justificadas de manera suficiente".
Según la ONG, dicho relevamiento realizado en el mes de abril detectó 104 contratos celebrados con abogados externos a lo largo de distintas reparticiones estatales, que incluyen ministerios, otros entes y hasta el Banco Central.
El documento detalla cada una de las 104 contrataciones y consigna algunos casos particulares. Así también publica los montos percibidos por algunos de los abogados mencionados.
En el caso de la AFIP, el organismo recaudador determinó que "los valores a abonar de acuerdo al mercado"pero "estableció como tope las erogaciones que realiza el Organismo para la contratación de asesores externos".
Así el tope del excamarista Ricardo Gil Lavedra era de $181.500 mensuales. El tope de los doctores Juan José Avila y Tomás Farini Duggan se estableció en $96.800 mensual para cada uno.
"El monto total abonado al Dr. Gil Lavedra desde agosto de 2016 hasta julio de 2018 asciende a la suma de $4.198.216. El monto to tal abonado al Dr. Avila desde octubre de 2016 hasta julio de 2018 asciende a la suma de $2.032.800. El monto abonado al Dr. Farini Duggan desde agosto de 2017 hasta julio de 2018 asciende a la suma de $1.161.600", detalla el informe.
En el caso de la Comisión Nacional de Valores, se informó que el Dr. Alejando Martín Becerra fue contratado como "consultor" por 12 meses hasta el próximo 31/12/2018 honorarios convenidos por $699.776,28
Entre las conclusiones del informe, La Lupa señaló que no fue posible "determinar el monto total" del gasto en abogados externos "por no haberse brindado tal información", así como se pudo confirmar el"cumplimiento del objetivo del contrato por parte de los estudios externos".
"En todos los casos se tratan de contrataciones directas que vulneran los principios de transparencia", advierte y denuncia que "se estarían privatizando tareas" propias del Estado, lo que -dice- duplica " los costos toda vez que la Administración Pública cuenta con personal que realiza o podría realizar las mismas tareas".
El documento finaliza diciendo que "dicha contratación implica un sobrecosto para el Estado que no ha sido suficientemente justificado".
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