lunes, 5 de noviembre de 2018

NEONAZIS OFICIALISTAS EN UCRANIA MATAN CON ÁCIDO A INVESTIGADORA

GLOBAL / EL CASO KATERINA HANDZIUK 

Katerina Handziuk.

(U24) - El 31/07, a las 08:30, la activista Katerina Handziuk, conocida por su investigación de los casos de corrupción policial en Ucrania fue asaltada al salir de su casa en Jersón, por un hombre de 20 a 25 años, quien salió entre los arbustos con una botella cuyo líquido arrojó al rostro de Katerina antes de huir. 


Jersón está ubicada en el sur de Ucrania, a las orillas del mar Negro y junto al río Dniéper, sufrió el exterminio de la comunidad judía local a manos de los nazis durante la 2da. Guerra Mundial. El dato es significativo por el famoso vandalismo ejecutado el 06/04/2012 contra el cementerio judío local.

Centro industrial, agrícola y cultural, con astilleros, refinería y planta procesadora de algodón, con 300.000 habitantes, Jersón fue el centro de actividades de Katerina, de 33 años, quien además era asesora en la alcaldía local, y fue víctima de un asesinato por encargo.

Ella sufrió quemaduras en un 40% de su cuerpo y perdió la visión de un ojo. Tras ser trasladada a la capital, Kiev, Katerina vivió un largo calvario que incluyó 11 cirugías pero de todos modos falleció el domingo 04/11, a causa de un coágulo de sangre.

Según su abogado, Yuriy Khazov, al diario online KyivPost.com, en un comienzo la policía investigó un intento de asesinato y no un asesinato por encargado, demorando el proceso judicial y la investigación, según confirmó Amnistía Internacional.

Luego ocurrió el bochorno de una persona detenida, a la que se le intentó canjear su confesión por su mejora en otras causas judiciales. La policía local había detenido a un hombre, al que coaccionó para que firmara una "confesión", a cambio resolver unos problemas que tenía con la policía.

Sin embargo, la hermana del detenido demostró que éste no estaba en Jersón cuando se produjo la agresión. Tras 19 días de detención, la policía dejó al hombre en libertad sin cargos y pidió disculpas.

Entonces sucedió la detención de 5 sospechosos: todos veteranos del llamado Cuerpo o Ejército de Voluntarios Ucranianos, una facción de la milicia de ultraderecha Sector Derecho.

4 de ellos acusaron a un antiguo agente de Policía de Jerson, Serhiy Torbin, de planificar el ataque. El hombre está detenido y a la espera de su juicio.

En septiembre 2017, Katerina acusó a uno de los jefes de departamento de la Policía Regional de Jerson, Artem Antoshchuk, de exigir a los empresarios de la región una “mordida” del 3% (algo así como una extorsión mafiosa).

Su denuncia la llevó a tribunales, donde los magistrados terminaron por confirmar la denuncia, y Katerina ganó el juicio. Desde 2017, Ucrania ha vivido al menos 55 ataques similares contra activistas, según han denunciado organismos nacionales e internacionales.

El comisario de Ampliación de la Unión Europea, Johannes Hahn, ha denunciado a través de Twitter que los ataques contra los activistas de la sociedad civil "son inaceptables y los responsables de este crimen aborrecible deben acabar ante la justicia".

NAZIS

El caso de Katerina ha actualizado el peligro de los paramilitares ucranios. Pravy Sektor o Sector Derecho o Sector de Derecha nació como fuerza paramilitar a finales de noviembre de 2013, en el contexto de las protestas del Euromaidán contra el entonces presidente prorruso Víctor Yanukovich y contra las posteriores protestas prorrusas de 2014.

Los orígenes de la organización se remontan a los tradicionales partisanos ucranianos de la 2da. Guerra Mundial contra la entonces URSS.

Por ejemplo, el Ejército Insurgente Ucraniano o UPA (Ukrayinska Povstanska Ármia), hoy integrante del Pravy Sektor, luchó primero contra los polacos de Armia Krajowa, contra las fuerzas de ocupación de Alemania, y más tarde contra el Ejército Rojo.

Luego de su surgimiento en 2013, Pravy Sektor devino en 2014 en un partido político convertido en una alianza de los grupos nacionalistas de extrema derecha de Ucrania, estimándose en 10.000 afiliados.

Los activistas de Maidán fueron convertidos en autodefensas desplazadas a las fronteras con las repúblicas prorrusas declaradas en Ucrania (Donetsk y Lugansk). Esto le concedió un statu-quo importante a grupos como Cuerpo de Voluntarios Ucranios.

Recientemente el Cuerpo o Ejército de Voluntarios de Ucrania anunció la retirada de un sector de sus fuerzas de la zona de combates con las milicias de Donbás. "Los batallones 5to. y 8vo. se retiran de la línea del frente, pero no abandonan la guerra", informó el líder de ambas formaciones, el diputado ultraderechista Dmitri Yarosh, por el canal Otkriti.

El jefe de la operación militar en Donbás, Serguéi Naev, anticipó que en la zona de combates sólo quedarían efectivos de las Fuerzas Unificadas gubernamentales.

¿Qué ocurrió para que el gobierno del presidente Petro Poroshenko rechace la participación de los voluntarios?

El fiscal militar Anatoli Matios dijo que sólo en el 1er. semestre 2018 fueron cometidos 5.179 crímenes por integrantes de esas fuerzas irregulares.

< En 2017 las cosas fueron peor: 7.500 crímenes en igual período. Según Matios, son impresionantes los datos relativos a las pérdidas no relacionadas con combates: 1.000 muertos y 3.000 heridos, consecuencia del abuso de alcohol, el manejo negligente de armas, las novatadas y los suicidios.

La jefa del Instituto Ucraniano de Política Legal y Servicios Sociales, Elena Berezhnaya, dijo que con el alistamiento de los paramilitares, el Gobierno solucionaba 2 problemas:

< lograba tropas muy motivadas a causa de sus ideas nacionalistas, y

< se llevaba fuera de Kiev a los participantes de las protestas de 2014.

Pero gran parte de estos batallones de voluntarios es integrada por individuos que fueron condenados a penas de cárcel. O sea delincuentes comunes.

"Disponemos de información verificada de que muchos combatientes de las operaciones militares son criminales condenados a penas de cárcel (…) que fueron ofrecidos a 'ganarse' la libertad combatiendo", añadió Berezhnaya.

Borís Zajárov, abogado de un grupo de defensa de los derechos humanos, dijo: "En la zona de las operaciones militares se creó un vacío legal donde no funcionaban ni el sistema de orden público ni el judicial. Era prácticamente imposible obedecer las leyes".

Hay un caso paradigmático: en 2017 el comandante de un batallón, Nikolái Kanijovski, tuvo un conflicto con el comandante de otro batallón y ocurrió una batalla, con el uso de armas de fuego, en la capital Kiev.

La acusación solicitó que fuera detenido en forma preventiva, pero los combatientes de su batallón irrumpieron con violencia en la sala de juicio para impedirlo. El juez no tuvo más remedio que dejarlo bajo arresto domiciliario.

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