CIUDAD DE BUENOS AIRES (Idesa). Generó sorpresa la decisión de la presidenta Dilma Rousseff de tomar como ejes de su nuevo periodo de gestión un enérgico compromiso para combatir la corrupción y la inflación. Esto se ha traducido en hechos concretos. Las investigaciones sobre contrataciones del Estado ya han conducido al encarcelamiento de importantes empresarios y políticos.
En paralelo, se designó como ministro a Joaquim Levy, un reconocido economista con convicciones muy claras en la idea de que la estabilidad de precios exige el ordenamiento de las cuentas públicas. El Partido de los Trabajadores de Brasil tiene una profunda raigambre de izquierda, sindical y popular.
Por eso, resulta muy relevante observar que la presidenta de Brasil pone en marcha un cambio radical y estructural de combate a la corrupción y al ordenamiento fiscal para llevar a la práctica esta orientación ideológica.
Subyace el convencimiento de que la inflación y la corrupción tienen un impacto social regresivo, además de que deteriora la capacidad inversora y, por ende, la potencialidad de la economía brasileña.
Ante el cambio de estrategias políticas que viene aplicando Brasil, resulta pertinente hacer algunas comparaciones con la situación de la Argentina:
- En Brasil, la inflación anual a octubre fue de 6,6% anual.
- En Argentina, el crecimiento anual de los precios llega al 27% según el INdEC y al 41% según las mediciones privadas.
- El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional ubica a Brasil en el puesto 69° mientras que a la Argentina en el 107° sobre 174 países.
Estos datos muestran que tanto la inflación como la corrupción son mucho más intensas en la Argentina que en Brasil.
Sin embargo, es el gobierno de Brasil el que se adelantó impulsando un plan de ordenamiento fiscal, en el entendimiento de que aumentar impuestos (incluyendo el inflacionario) para financiar gasto público espurio y corrupción es recesivo y regresivo.
Se trata de una reacción para hacer frente al ritmo cansino que muestra la económica brasileña que, en materia de crecimiento económico, supera en la región a la Argentina y Venezuela pero se ubica por detrás de Chile, Perú, Colombia y México.
A esto se le agrega el presagio de que el contexto internacional no será tan favorable para la región como lo fue en los últimos años.
Estos cambios, más allá de la calidad de estadista de la presidenta de Brasil, reflejan la percepción que tiene la sociedad brasileña sobre la importancia y las causas de la inflación y la corrupción. En este aspecto parecería que en la Argentina cuesta asociar la inflación con las jubilaciones sin aportes en favor de familias de altos ingresos; el empleo público para militantes y amigos; las tarifas ridículamente bajas; las empresas públicas deficitarias; el abuso de la publicidad oficial.
Por el contrario, en muchos ámbitos prevalece el convencimiento de que el alza sostenida de los precios es producto de la especulación empresaria.
Un fenómeno análogo sucede con el flagelo de la corrupción. Cuesta asociarla a la degradación de las instituciones, como la independencia del Banco Central, de los entes regulatorios, del Consejo de la Magistratura o del Congreso Nacional.
Con mucha frecuencia se adhiere a la equivocada idea de que el combate a la corrupción sólo depende de un buen periodismo de investigación y un juez dotado de arrojo y valentía.
Sería muy provechoso mirar a Brasil no sólo en el plano económico sino en el de los procesos políticos.
La dirigencia de ese país está teniendo una inteligente reacción al asumir que la inflación y la corrupción no derivan de acciones aisladas de individuos inescrupulosos sino de instituciones degradadas y corrompidas.
Por eso buscan poner énfasis en una administración más austera y transparente del gasto público, el manejo de las empresas estatales y el financiamiento de la política.
Se trata de un proceso a imitar para un país como la Argentina que sufre similares problemas de estancamiento, inflación y corrupción, pero mucho más graves en intensidad que los de Brasil.
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