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| Daniel PRESTI |
El presidente de la comisión de Justicia de la Legislatura porteña, Daniel Presti (PRO) afirmó que "la posición de nuestro bloque siempre ha sido clara en cuanto a prohibir la actividad. No vamos a legalizar, porque la gente está cansada de que la extorsionen y amenacen".
Agregó "tiene que existir un mecanismo más ágil para actuar contra esto. Las denuncias se caen porque los vecinos tienen que ir a ratificarlas, probar que existió la extorsión. Si la actividad se prohíbe, eso no va a suceder más, porque será una intervención inmediata del fiscal y personal policial. Si hay una denuncia, interviene el fiscal y da la orden a la policía. Cada uno tiene que cumplir su rol".
Respecto a la idea de regularizar la actividad, Presti afirmó que "la regulación fracasó en otros lugares del mundo, porque terminan peleándose por las zonas los regulados y no regulados".
Según datos de la Fiscalía General de la Ciudad, el año pasado recibieron 3.464 denuncias por infracción al artículo N° 79 del Código de Contravenciones, lo cual representa casi 10 denuncias diarias por trapitos, una cada tres horas, que no terminan en condena.
Actualmente, la sanción es de uno a dos días de trabajo de utilidad pública o de $ 200 a $ 400 de multa, que puede elevarse al doble para el organizador.
Al respecto, los fiscales de cámara de la Fiscalía de la Ciudad, Eduardo Riggi y Martín Lapadú, explicaron que “cuando un policía constata algún ilícito contravencional –como un trapito pidiendo dinero para cuidar un auto- no necesita ninguna orden judicial, o del fiscal para poner fin al hecho y disponer las medidas cautelares que el caso amerite”.
También informaron que "el 99% de los casos se inician por la policía y el resto por los particulares. Si la víctima no denuncia, o no sale de testigo, es imposible demostrar que le exigieron dinero, tal como lo tipifica el artículo 79 Código Contravencional".
LA OPOSICIÓN BUSCA REGULARLOS
El 10/03, la diputada Natalia Fidel (Suma+) presentó una iniciativa que busca regular el accionar de los trapitos "de manera innovadora e inclusiva".
Por un lado, propone prohibir la actividad de los cuidadores de vehículos. Pero al mismo tiempo, impulsa la creación de un régimen de excepción a esa prohibición, para que las personas en situación de vulnerabilidad económica puedan convertirse en cuidacoches legales.
Suma+ propone multas de $ 500 a $ 5.000 o de 1 a 10 días de arresto para los trapitos no autorizados.Las penas se duplicarían si el servicio es ofrecido durante espectáculos masivos, se triplicarían para quienes simulen tener autorización legal y se cuadriplicarían para el organizador.
Más acorde con la postura del kirchnerismo, (que fue aprobada en la Legislatura en 2011 y vetada por Macri) la iniciativa de Suma+ también propone crear el "Programa Cuidacoches", para que haya trapitos legales. La idea es que las personas desocupadas o sin ingresos formales puedan ejercer como cuidadores de vehículos a cambio de un beneficio equivalente al 80% de la Canasta Básica Alimentaria.
Los fondos para pagarles provendrían de la recaudación de los parquímetros. Estos cuidacoches no podrán cobrarle a los conductores por estacionar, aunque sí recibir propinas. Tendrán una zona y un horario asignados y contarán con una credencial, una pechera identificatoria y un botón antipánico. Además, estarán obligados a estudiar o capacitarse en oficios y no podrán quedarse en el programa más de 4 años.
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