Mientras espera por la famosa lluvia de dólares, el Gobierno de Mauricio Macri decidió apelar a la financiación interna. Así fue como el Ministerio de Hacienda dispuso este lunes (02/05) la emisión de Letras del Tesoro por US$526,4 millones en suscripción directa al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, que controla la ANSeS.
Así quedó establecido a partir de una Disposición de la Subtesorería General de la Nación, publicada ese mismo día en el 'Boletín Oficial': "Dispónese la emisión de Letras del Tesoro en dólares estadounidenses con vencimiento 21 de Julio de 2016, por 526.372.392 millones, que se colocará en dos tramos", según el primer artículo del texto oficial.
El primer tramo se colocó el 21 de abril por un monto de 394,9 millones de dólares y el segundo tramo el 25 de abril por 131,5 millones de dólares, de acuerdo con lo dispuesto.
Nada de ello llamaría tanto la atención, de no ser por el "supuesto trabajo" macrista para diferenciarse de la anterior gestión. No sólo no hace falta hacer un gran esfuerzo para recordar las quejas de cuando el kirchnerismo avanzaba sobre estos fondos, sino que a la par de ello, el titular de ese organismo, Emilio Basavilbaso, se pasó desfilando y hablando sobre la intención del Gobierno de conseguir fondos frescos para pagar las sentencias favorables a los jubilados, paso en el que los kirchneristas también se quedaron atrás.
Se dijo que el gobierno de Mauricio Macri tenía en carpeta un proyecto que traería mucha tela para cortar. Y lo hará, aunque no por los motivos expresados. El plan sería vender las acciones que la ANSES posee dentro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y así pagar las sentencias a favor de jubilados que ganaron sus juicios por ajustes de haberes.
El FGS se creó en 2008 y consiste en el stock de acciones que la ANSES "heredó" con la estatización de los fondos de las AFJP. El Estado consigue fondos a partir de los dividendos de esas acciones y los reinvierte.
Clarín, Macro, Techint y Telecom son algunas de las empresas en donde el Estado cuenta con algún tipo de participación y que ahora el Gobierno de Macri pensaría en desprenderse.
En efecto, el Presupuesto 2016 prevé el pago de unas 50 mil sentencias aproximadamente, por un monto cercano a los $12.500 millones, pero hay aún unos 300 mil juicios que podrían tener un fallo favorable este año.
Para poder avanzar, el gobierno debería derogar una ley que aprobó el kirchnerismo a partir de la cual se creaba la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (ANPEE). La normativa establecía que el Estado no podía vender esas acciones si no contaba con dos tercios de los votos de ambas cámaras del Congreso, pero podría derogar la ley con mayoría simple para concretar su plan.
De prosperar, el Gobierno se haría de fondos frescos en lo inmediato para pagar esas sentencias que se fueron acumulando contra la ANSES. El punto negativo es que dejaría de percibir los dividendos como accionista de estas empresas, y que entraría en una contradicción al mejor estilo K...
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