Luego de que la Corte Suprema anulara la prescripción de la causa Guido Antonini Wilson en abril de 2016, sus 800 mil dólares serán redirigidos al Estado para que el Ministerio de Desarrollo Social construya en Tucumán dos centros de primera infancia, que albergarán a unos 200 niños y niñas de 45 días a 4 años.
Así lo confirmó el jefe de Gabinete Marcos Peña al aire de radio Mitre ayer (26/03/2017): "Ojalá sea el camino para muchas otras acciones y que la Justicia pueda recuperar los recursos perdidos con la corrupción y eso vuelva a la gente", Peña agregó que el juez en lo penal económico Pablo Yadarola le pidió que definiera "cuál sería el mejor destino en términos de utilidad pública (salud, educación o cualquier otro) para que la suma de dinero incautada pueda reparar, en alguna medida, el daño causado a la sociedad".
A 10 años del inicio de la causa, la Justicia todavía intenta establecer si ese dinero (aunque se presume que sería más) estaba destinado o no a financiar parte de la campaña de Cristina Fernández de Kirchner.
#LÁZARO BÁEZ
En tanto, con Lázaro Báez tras las rejas mientras la Justicia investiga, Vialidad Nacional presiona para que parte de su flota comience a rodar y se pueda avanzar en obras en la Patagonia argentina.
Se trata de 986 unidades que pertenecen a Austral Construcciones. Estas serían entregadas al Estado para que las use en las obras que encare mientras dure el proceso judicial. Así lo confirmó el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. 141 camionetas, una tuneladora, 236 camiones, 88 motoniveladoras, 71 vibrocompactadores lisos, 56 rodillos neumáticos y 43 retroexcavadoras forman parte de la empresa que Báez supo armar a costa gracias al apoyo kirchnerista para ganar gran parte de las licitaciones.
Tal como se ha visto por televisión, los rodantes "duermen" en un predio sobre la ruta 3 en el ingreso principal a la ciudad de Río Gallegos, en la sede operativa de Austral Construcciones. La nación recuerda que Vialidad se presentó ante la Justicia y alegó que la paralización de todas las obras por parte de Austral Construcciones había generado un perjuicio al organismo.
Luego de un dictamen del fiscal Guillermo Marijuan, el juez Sebastián Casanello le otorgó provisoriamente todo el equipamiento a Vialidad.
Austral Construcciones no se quedó quieta. Apeló la medida de Casanello y ahora las partes esperan la decisión de la cámara. En Vialidad son optimistas y creen que finalmente saldrá como ellos pidieron.
De acuerdo con sus tiempos, cuando efectivamente sean entregados al organismo, el proceso de sacar los vehículos de los lugares donde están llevará 60 días. De acuerdo con una auditoría, de las 986 unidades 459 se encuentran en buen estado de conservación, 206 están en condiciones regulares y 321, en mal estado.
Ocurre que, tal como denunció el periodista Luis Gasulla en su libro 'El negocio político de la obra pública', “Lázaro Báez no era la excepción sino la regla del manejo de la obra pública en la Argentina kirchnerista.
Cambiar las condiciones en que se manejaron y gestionaron los fondos públicos, específicamente en los grandes proyectos, sería un enorme desafío del gobierno encabezado por Mauricio Macri. Su padre Franco había sido un símbolo de la “patria contratista”.
Los vínculos comerciales y de negocios en la obra pública entre Julio De Vido, ex ministro de Planificación de los Kirchner, con empresarios como Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, formaban parte de una historia sutilmente escondida por los protagonistas de esta obra.
“El primer número en la lista de contactos del celular del ‘Negro’ era Ángelo”, relató el mejor amigo de Lázaro Báez. Ángelo es el primo del Presidente. Más aún, Pablo Schoklender me explicó que cuando Hebe de Bonafini alzaba demasiado la voz contra Mauricio Macri, De Vido la mandaba llamar para calmarla: “No está bien que nos metamos en el tema viviendas ni inmobiliario”.
Su hermano, Sergio Schoklender, explica que 'las solicitudes que atendía rápidamente Néstor Kirchner eran las de sus empresarios amigos, como Nicolás Caputo'. Todos formaban parte del club de la obra pública en el que el ex financista de Néstor Kirchner, Ernesto Clarens, era el 'armador'.
Pero para el establishment comunicacional, 'Nicky' Caputo es sólo un empresario amigo del actual presidente Macri, sin vinculaciones con el kirchnerismo. No es así. Caputo, a través de su empresa SES SA, en el año 2010 ganó la licitación para refaccionar el hospital Posadas. Lo hizo uniéndose con el Grupo Farallon, de Eduardo Gutiérrez, a quien el fiscal Federico Delgado apuntó como el posible testaferro del ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José López, tras su detención en el convento de General Rodríguez.
Caputo recibió 1.400 millones de pesos en contratos con la Ciudad de Buenos Aires entre 2007 y 2015. A pesar de su amistad con el detenido López, el Grupo Farallon aportó a la Fundación SUMA, de la vicepresidenta Gabriela Michetti”.
Entonces, ¿qué ocurre que la Justicia no avanza en la investigación sobre la obra pública, al menos, durante los años K?
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