El rechazo de las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que públicamente expresó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, encendieron las alarmas en el gobierno de Nicolás Maduro porque una autoridad relevante había expresado una queja grave: la ruptura del orden constitucional.
El viernes 31/03, Maduro dijo que, a partir de las discrepancias ocurridas entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, activó el artículo N° 323 de la Constitución y convocó al Consejo de Seguridad de la Nación, órgano constitucional que reune a las autoridades de todos los poderes.
"Yo como jefe de Estado asumo a través del diálogo y la constitución la tarea de resolver el impasse que ha surgido entre el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia y convoco al Consejo de Seguridad de la Nación para hoy mismo en la noche, para deliberar y sacar una resolución que fortalezca la Constitución venezolana y le dé paz y tranquilidad a Venezuela", dijo el Presidente desde la Plaza Bicentenario, en la clausura de la Expo Venezuela Digital 2017.
Entonces, el Consejo de Defensa de la Nación se reunió, con resultados no muy “contundentes”, pero significativos. Después de menos de 3 horas de discusión entre algunas de las figuras de mayor preso dentro del gobierno se llegó a una decisión: exhortar al Tribunal Supremo de Justicia a que revise las sentencias 155 y 156. El vicepresidente Tareck El Aissami fue el encargado de leer 6 puntos acordados.
COMUNICADO:
"El Consejo de Defensa de la Nación, debidamente convocado y presidido el día de hoy por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en su condición de jefe de Estado, conforme al mandato y las atribuciones que le confiere el artículo 323 de la Constitución y la Ley Orgánica de la Seguridad de la Nación, en ocasión de la controversia surgida por la Fiscalía General de la República y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha decidido:
1. Ratificar que el Máximo Tribunal de la República en su Sala Constitucional es la sala competente para el control de la constitucionalidad de los actos emanados de cualquier órgano del Poder Público Nacional que colinden con la Carta Magna, así como la resolución de los conflictos entre poderes.
2. Exhortar al Tribunal Supremo de Justicia a revisar las decisi ones 155 y 156 con el propósito de mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes, mediante los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano.
3. Reiterar que los desequilibrios y conflictos entra las distintas ramas del Poder Público Nacional se encausan mediante los mecanismos de control constitucional y la colaboración entre los poderes, los cuales son expresión del dinamismo y la pluralidad de los estados constitucionales y democráticos.
4. Destacar los loables esfuerzos del Presidente de la República como jefe de Estado, en la búsqueda de soluciones para resolver, dentro del marco constitucional y mediante el diálogo constructivo, los conflictos entre los órganos del Poder Público Nacional en atención a la independencia, la división y la autonomía de sus distintas ramas.
5. Insistir en nuestra disposición al diálogo fecundo y exhortar a la oposición venezolana a incorporarse sin demora al diálogo nacional promovido por el jefe de Estado y acompañado por Unasur, el Papa Francisco y los expresidentes Martín Torrijos, Leonel Fernández y José Luis Rodríguez Zapatero.
6. Repudiar categóricamente cualquier intervención que atente contra la independencia, la soberanía, la integridad territorial y la autodeterminación. Los asuntos de los venezolanos deben ser resueltos exclusivamente por nosotros, sin injerencia ni intervención alguna y en respeto estricto a la jurisdicción interna del Estado venezolano.
La fortaleza del sistema democrático en Venezuela y de su robusto estado de derecho, no está discusión ni entredicho. Es muestra del Estado constitucional de derecho, de justicia social y paz, edificado en un país que ha hecho de la práctica de la democracia participativa y protagónica, el vehículo para la transformación de la sociedad y la búsqueda de la mayor suma de felicidad posible."
RUPTURAS
La decisión del máximo tribunal venezolano de asumir las facultades del Parlamento y retirar la inmunidad a los diputados -muy criticada por la comunidad internacional- abrió una grieta en el chavismo cuando la fiscal general, Luisa Ortega, denunció una “ruptura del orden constitucional”.
“Se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución (…), lo que constituye una ruptura del orden constitucional”, señaló sorpresivamente este viernes Ortega, confesa chavista, en un acto en el que los asistentes le aplaudieron.
Fue la 1ra. alta funcionaria del Estado que critica esos fallos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). “El gobierno está fracturado por dentro, dividido entre los que quieren seguir su conciencia y los que quieren seguir mintiendo”, dijo Julio Borges, presidente del Parlamento, de amplia mayoría opositora. Borges pidió a la Fuerza Armada y los demás poderes públicos actuar como Ortega, al tiempo que denunció que el diputado suplente Gilber Caro, detenido desde el 11/01 por supuestamente planificar “acciones terroristas”, será juzgado por un tribunal militar.
Para el politólogo Luis Salamanca, la postura de la fiscal Luisa Ortega “significa el agrietamiento, y cuidado si no el rompimiento, de la estructura interna del poder chavista”, según comentó a la agencia AFP.
La oposición ha denunciado un “golpe de Estado” por parte de Maduro y desconoce al TSJ, acusado de servir al mandatario. Asimismo, presiona para que la Organización de Estados Americanos (OEA) actúe en el caso de Venezuela.
En esa línea, el excandidato presidencial Henrique Capriles se reunió en Washington DC con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien citó al Consejo Permanente para el lunes o el martes próximos.
Capriles solicitó aplicar la Carta Democrática Interamericana, que prevé sanciones en caso de quiebre constitucional.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se sumaron a la lluvia de críticas. “Anular con una decisión arbitraria el Poder Legislativo es inaceptable. Esto claramente destruye el pilar más importante de cualquier democracia”, dijo Santos, habitualmente prudente frente a su vecino.
Incluso el gobierno de Ecuador, aliado de Maduro, expresó “preocupación”, a la vez que Panamá propondrá a Maduro una comisión internacional para establecer un diálogo en Venezuela. En tanto, otra conocida chavista, la abogada Eva Golinger, apoyó las declaraciones de la fiscal general Luisa Ortega Díaz en relación a las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia.
Golinger, conocida por sus columnas en la web Russia Today (RT) respaldó a la funcionaria en su planteamiento acerca de que las sentencias constituyen una ruptura del orden constitucional. “La separación e independencia de los poderes del Estado es un fundamento inalienable de la democracia”, escribió en su cuenta en Twitter.
Sin embargo, ella destacó que “intentar invocar una intervención extranjera en Venezuela, constituyen una violación a la Soberanía, y no se justifican”, aseguró.
“ES FALSO”
En medio de las tensiones, la canciller Delcy Rodríguez suspendió un acto en apoyo a las decisiones del TSJ. No se informaron los motivos. El gobierno aseguró más temprano que “es falso que se haya consumado un golpe de Estado”.
“Por el contrario, sus instituciones han adoptado correctivos legales para detener la desviada y golpista actuación de los parlamentarios opositores, declarados abiertamente en desacato a las decisiones” del tribunal, señaló un comunicado de la cancillería.
Para este sábado 01/04 la oposición convocó una movilización en la capital, Caracas. Venezuela también atraviesa por una grave crisis económica, con escasez de bienes básicos y una inflación que el FMI proyecta en 1.660% al cierre de 2017.
El país sufre además elevadísimos índices de criminalidad, con una tasa de homicidios de 70,1 por cada 100.000 habitantes, según la Fiscalía, casi 8 veces más que la media mundial.
EN LA ARGENTINA SIGUIERON SUCEDIÉNDOSE CONDENAS A LOS SUCESOS EN VENEZUELA. POR EJEMPLO:
* DIPUTADO ÁLVARO G. GONZÁLEZ (PRO-CABA)
"Ante los hechos ocurridos en el día de ayer en Venezuela expreso mi total repudio y rechazo a la antidemocrática decisión del Presidente Nicolás Maduro de despojar, a través del Tribunal Supremo de Justicia, a la Asamblea Nacional Venezolana de sus competencias, vulnerando la más elemental división de poderes. El espíritu republicano ya había sido violentado dos días atrás, cuando el mismo Tribunal arrebató a los Diputados opositores la inmunidad parlamentaria y concedió atribuciones especiales a Maduro en materia penal, militar, económica, social, política y civil.
Esta acción decidida por el mandatario, en la que hace abuso de su cargo y se arroga facultades sin respeto alguno por derechos esenciales de la oposición y atribuciones exclusivas del Parlamento, evidencia su absoluto desprecio por la democracia.. Quiero brindarle por ello todo mi apoyo al hermano pueblo venezolano.
Vale la pena recordar, en ese contexto, el inequívoco y permanente alineamiento que las autoridades de nuestro país habían mostrado con el régimen venezolano hasta el 10 de diciembre de 2015, En este nuevo período de la Argentina, decidido en las urnas por la soberana voluntad de su pueblo, en el que reina un respeto irrestricto por la división de poderes y se protegen todas las garantías consagradas en nuestra Constitución, no podemos dejar de condenar categóricamente este tipo de prácticas en nuestra región, que tanto dañan a la ciudadanía y sus instituciones."
* DIPUTADO JOSÉ LUIS GIOJA (SAN JUAN-PJ)
El presidente del Consejo Nacional del Partido Justicialista sostuvo: "Lamento que los esfuerzos realizados, tanto por Su Santidad, el Papa Francisco, como por otros líderes mundiales, para mantener el orden institucional en la República Bolivariana de Venezuela no hayan arribado al tan deseado anhelo de todas las naciones del mundo".
"Hoy, nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela enfrenta una crisis institucional derivada de la intromisión de un Poder del Estado en otro de los Poderes, quebrantando, de esta manera, el equilibrio que ordena la Constitucional Nacional de ese país", dijo Gioja.
El referente sanjuanino dejó en claro que "como militante político y como peronista me mantendré fiel a la doctrina emanada de nuestro líder, el General Juan Domingo Perón, que recomendaba no inmiscuirse en los asuntos internos de otra nación libre e independiente" y agregó que "abogo porque cuanto antes se restablezca el Orden Institucional en Venezuela para que puedan volver a funcionar a pleno las instituciones de la República y la división de sus poderes".
* FRENTE RENOVADOR
A raíz del conflicto en la República Bolivariana de Venezuela en donde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictara un fallo con el que asume las funciones del Parlamento, los diputados nacionales Sergio Massa y Graciela Camaño firmaron un proyecto de resolución mediante el cual el Congreso de la Nación expresa su más enérgico y determinante repudio a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela por la que "el mismo ha decidido arrogarse competencias parlamentarias y suspender en sus funciones a la Asamblea Nacional, avasallando los principios republicanos y democráticos sostenidos por el pueblo venezolano y por todos los países de la región".
En el mismo, le solicitan al Poder ejecutivo que "arbitre urgentemente los me dios conducentes a la aplicación de la 'cláusula democrática' prevista en la Carta Democrática Interamericana aprobada en Lima, Perú, el 11 de Septiembre de 2001". La medida surge luego de que el Secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, denunciara que hubo un "autogolpe de Estado" en Venezuela tras la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que despojó de sus competencias a los diputados de la Asamblea Nacional y declaró legal que los magistrados asuman sus funciones.
* DIPUTADA PROVINCIAL LAURA RICCHINI (PRO-JUNÍN)
Laura Ricchini presentó en la Legislatura bonaerense, un proyecto que propone declarar el rechazo al fallo del Tribunal Supremo de Venezuela, mediante el cual se arroga funciones legislativas, despojando de sus fueron a los legisladores elegidos por el pueblo. Sobre el hecho, e lla expresó “como legisladores debemos repudiar estos hechos que atentan contra el sistema democrático. Es inadmisible lo que sucedió en Venezuela, donde se ha violado el orden constitucional y uno de los principios básicos de la democracia, como lo es la división de poderes”.
El texto del proyecto presentado por Ricchini dice: “La Honorable Cámara de Diputados declara: Su más enérgico rechazo y condena a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, de arrogarse funciones de la Asamblea Nacional, cuyos representantes fueron elegidos por voluntad popular, negando así el orden constitucional, constituyendo un irrefutable golpe de Estado. De igual forma, se repudian las agresiones propiciadas por la Guardia Nacional Bolivariana a legisladores venezolanos”.
LAS FANB
La agencia estatal francesa AFP distribuyó el siguiente contenido: Casi todo escasea, no hay dinero que aguante la brutal inflación, el rechazo popular es enorme y el desprestigio internacional creciente. ¿Por qué en la peor crisis de Venezuela en décadas los militares apoyan al presidente Nicolás Maduro?
PODER INSTITUCIONAL
Si bien la Fuerza Armada tenía amplio poder durante el gobierno del fallecido teniente coronel Hugo Chávez (1999-2013), éste ha crecido con Maduro, cuya gestión rechazan siete de cada diez venezolanos. Un militar activo y diez en retiro ocupan 11 de 32 ministerios, incluidos los de Defensa, Agricultura y Alimentación.
La Fuerza Armada, que ha jurado lealtad incondicional a Maduro, controla la producción y distribución de alimentos básicos -en grave escasez-, además de una compañía petrolera, una televisora, un banco, una ensambladora de vehículos y una constructora.
Para el analista Benigno Alarcón, al menguar su base electoral el gobierno decidió conservar el poder por la fuerza y compró la lealtad de quienes se lo garantizan, incluso más allá de los cuarteles. "Lo hace pagándoles mucho más o dándoles posiciones desde las cuales se puedan enriquecer", señaló Alarcón.
Según el mayor general Clíver Alcalá, quien ayudó a restituir a Chávez durante un fugaz golpe de Estado en 2002, la Fuerza Armada tiene 1.000 generales, cuando solo requeriría 200. "Eso hace que cuiden el puesto, no asuman riesgos, porque hay 800 esperando", comentó este oficial chavista, crítico de Maduro (elegido hasta 2019).
Venezuela tiene 165.000 efectivos militares y 25.000 en reserva, además de miles de integrantes de una milicia civil. Salvo el Parlamento de amplia mayoría opositora -al que el Tribunal Supremo acaba de despojar de sus funciones-, el chavismo controla todo el aparato estatal.
"PODER CORRUPTOR"
Varias instituciones que manejan los militares son acusadas de corrupción por dirigentes opositores, pero esa mano oscura iría más lejos. "Hay informes que alegan que varios tienen vínculos muy estrechos con narcotráfico y otras formas de criminalidad", dijo Michael Shifter, presidente del centro de análisis Diálogo Interamericano, basado en Washington.
Oficiales como el ministro de Interior, general Néstor Reverol, o el ex director de inteligencia Hugo Carvajal son acusados por la justicia estadounidense de tráfico de drogas. Alarcón observa que el presidente también ha puesto a los uniformados en cargos clave para ejercer una suerte de chantaje. Son responsabilidades que los hacen vulnerables a que les abran "expedientes por violaciones de derechos humanos, lavado de dinero o narcotráfico".
"Es como si estuvieras en un barco que se está hundiendo, la gente que más va a cooperar para que no naufrague es la que no sabe nadar", ilustró. Alcalá sostiene que "hay un grupo de militares corruptos que vende la idea de sostener a Maduro", con el cual no se identifica la mayor parte de la institución.
"Maduro fue inteligente al involucrar a la Fuerza Armada en cuestiones de difícil solución como la escasez, pues la hizo parte del problema", apunta.
MIEDO
Ante ello algunos oficiales respaldarían a Maduro, más que por convicción, por temor a una cacería de brujas. "Hay una Fuerza Armada asustada porque muchos sienten que su libertad, su vida, su patrimonio dependen de mantener la estabilidad del gobierno. Piensan que con la oposición en el poder van a ser perseguidos", opina Alarcón.
El opositor Julio Borges, presidente del Parlamento, admite que ese miedo es una de las trancas más grandes para que haya un cambio de gobierno, pues a su juicio a Maduro solo lo sostiene la cúpula castrense.
"Si no desatamos ese nudo podemos pasar décadas teniendo la misma película", opinó Borges, quien el jueves llamó a los militares a romper su silencio frente a lo que denunció como un "golpe de Estado" de Maduro contra el Legislativo. El diputado plantea incluso un sistema de justicia transicional al que se puedan acoger los oficiales involucrados en delitos.
MÁS ALLÁ DEL CAMUFLAJE
Pero no solo los militares sostienen a Maduro, enfrentado a un cóctel explosivo que quizá en otro país ya le hubiera costado el puesto a un presidente. Tras la aplastante victoria en las legislativas de 2015, la oposición chocó contra el muro institucional del chavismo y terminó dividida -una vez más- en torno a cómo anticipar la salida de Maduro y un fracasado diálogo para resolver la crisis.
Todo ello en medio del colapso económico (la inflación cerraría este año en 1.660% según el FMI) y una criminalidad galopante. No hay un liderazgo que enamore a las masas o les haga sentir pasión por el cambio, dice el analista Luis Vicente León.
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