Es grave la situación política que se vive por estas horas en Venezuela, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -máximo tribunal del país, controlado por el chavismo-, se adjudicara competencias legislativas
Como reacción a esta sentencia, el parlamento venezolano se declaró este jueves (30/03) en rebelión y dijo que desconocerá los fallos del Tribunal. La oposición denuncia que hay un "Golpe de Estado".
Ayer, el TSJ, que ya había anulado muchas acciones del Congreso desde que pasó a ser controlado por la oposición a inicios del 2016, dictaminó expresamente que su sala constitucional abarcará el rol de los diputados.
"Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas por esta Sala o por el órgano que ella disponga", indicó la sentencia fechada el miércoles 29/03.
En su primera medida bajo esta nueva prerrogativa, el TSJ autorizó al presidente Nicolás Maduro crear empresas mixtas en el área petrolera, invalidando el procedimiento constitucional que establece que deben ser aprobadas por el Congreso.
"Este parlamento se rebela y desconoce esta sentencia de la Sala Constitucional", dijo hoy el presidente del legislativo, Julio Borges, rompiendo un ejemplar de la sentencia frente a los periodistas.
"Esta Asamblea Nacional desconoce al TSJ, ellos se escogieron a ellos mismos, a nosotros nos eligieron 14 millones de venezolanos", agregó. Por su parte, el líder de la oposición y dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles, pidió desde Bogotá que la comunidad internacional fije una posición sobre el hecho.
"¿Qué más pruebas necesita la comunidad internacional para terminar de fijar posición unánime y firme de que en Venezuela hay una dictadura?", se preguntó Capriles.
"Si hoy no hacemos nada por salvar la democracia en Venezuela, mañana tendremos una situación en Colombia y pasado mañana en otro país de la región y así va en cadena", agregó.
El TSJ sostiene que las decisiones de la Asamblea Nacional son nulas por estar en "desacato" al no haber apartado a tres diputados acusados de comprar votos en las elecciones parlamentarias de fines del 2015.
Pese a que los tres diputados no están ejerciendo funciones por decisión de la propia Asamblea, el TSJ sigue manteniendo su posición, lo cual ha llevado a la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a acusar al máximo tribunal de cercenar el parlamento para favorecer al Gobierno.
Diversos miembros de la oposición compararon el episodio con el "fujimorazo", como se conoce a la disolución del parlamento perpetrada en 1992 por el entonces presidente de Perú, Alberto Fujimori, quien, a partir de allí, gobernó con mano dura.
De hecho, en la primera reacción internacional, Perú anunció el retiro de su embajador en Caracas como medida de protesta.
"La decisión adoptada (...) que otorga al Presidente de Venezuela facultades que corresponden constitucionalmente a otros poderes del Estado, es un flagrante quebrantamiento del orden democrático en ese país", dijo la cancillería peruana en un comunicado, en la primera reacción de un país latinoamericano.
"Frente a la gravedad de estos hechos, el Gobierno del Perú ha decidido retirar de manera definitiva a su Embajador en la República Bolivariana de Venezuela", agregó.
El presidente peruano Pedro Kuczynski, quien ha sido muy crítico de la situación venezolana, condenó también la decisión por Twitter: "América Latina es democrática. Es inaceptable lo que ocurre en Venezuela".
La cancillería dijo que ha iniciado consultas con países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que adopten medidas por la situación en Venezuela con la mayor urgencia. "Dicha ruptura es incompatible con las normas del sistema interamericano", agregó.
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