El polémico testamento de Lázaro Báez sumó otro capítulo a la causa Los Sauces. En el protocolo que firmó el escribano Leandro Albornoz, las transacciones no figuran cronológicamente. P
or eso, el juez Claudio Bonadío investiga si existió una maniobra de adulteración de documento público.
La sospecha del magistrado es que se dejaron folios liberados para ocultar información de transacciones ilegales o inexistentes, que luego fue agregada al documento.
El testamento firmado el 26/7 del 2010 tiene una cláusula que le impide a los hijos de Báez acceder a las propiedades y acciones antes de que pasen 30 años de la muerte de su padre. Según figura en el protocolo complementario que difundió el domingo 26/3 en el programa periodístico La Cornisa (América TV), ese día Báez le donó US$ 300 mil a su hijo Leandro.
También, en la misma fecha Pamela Alejando Cantín le transfirió a título de venta un lote en Río Gallegos por $70 mil al dueño de Austral Construcciones.
Después de estas transacciones, en el documento de la escribanía figura una operación previa a las anteriores.
El 6/7 Luciana Báez, hija de Lázaro Báez, le transfirió a su papá tres parcelas en Río Gallegos por $40 mil. La siguiente operación es del 10/8 del 2010. Se trata de un crédito hipotecario del Banco Nación por $20 millones a favor de la empresa Kank y Costilla, representada por Martín Báez.
¿Qué había dicho Leo Fariña?
El ex valijero K, Leandro Fariña, declaró en la Justicia que algunas escribanías dejan hojas de los protocolos en blanco para ser completadas con operaciones ilícitas a favor de sus clientes.
Según el valijero, por esta maniobra los escribanos podían cobrar hasta un 15% del valor total de la operación.
El delito de adulteración de documento público contempla una pena de prisión de uno a seis años y de seis meses a dos años si se tratara de un documento privado, según el artículo 292 del Código Penal.
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