(U24) - Esta semana comenzó con un duro comunicado emitido desde el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, cuyos máximos representantes se reunieron el fin de semana en Junín, en medio de un clima caldeado y agitado.
Hoy, casi sobre el final de la semana, se conoció otro en igual sintonía de otro de los grandes colegios de abogados del país, el de la Capital Federal. El comunicado que tiene fecha de hoy denuncia, entre otros, la intromisión en la justicia del poder político, económico y mediático.
Sostiene que el "valor ideal Justicia" es el que es "atacado" por "operadores, pseudoespías, servicios de inteligencia oficiales o clandestinos, periodistas militantes, corporaciones, magistrados tiempistas o convertidos en obsecuentes servidores del poder, y hasta algunos legisladores quienes suponen ser importantes que la propia República Argentina".
A continuación, el documento:
El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal asiste con escozor ante los azotes permanentes y los cuestionamientos constantes y lapidarios hacia aquellos que se ocupan de brindar el servicio de Justicia. Los mismos provienen desde todos los sectores (sin perjuicio de que muchos de las críticas resultan más que certeras).
Entre quienes cuestionan, se encuentran principalmente representantes de los otros Poderes Constituidos del Estado, los que tienen la obligación constitucional primaria de mantener una equidistancia saludable, de conformidad con la forma de gobierno republicana que establece el artículo 1º de nuestra Carta Magna.
Por ello, creemos imprescindible poner de manifiesto algunos puntos centrales:
El fuero Federal se ha convertido en el apéndice mediático de la Justicia. Es el lugar por donde desfila el poder político y económico, prevaleciendo para muchos magistrados el oportunismo tiempista antes que el verdadero sentido de Justicia.
Dicho show es puesto ante los ojos de la Sociedad en su conjunto como una némesis, provocándose así una suerte de farandulización de las Instituciones aunque así, en muchas ocasiones, resulten pulverizados derechos y garantías de los justiciables y/o de sus Abogados; o bien las reglas del debido proceso y hasta la presunción de inocencia.
Una lamentable práctica política es la de enfrentar a distintos sectores de la sociedad. El Poder Judicial no ha quedado fuera de ella. Así se cuestiona la eficiencia de los magistrados conforme su simpatía política (cierta o supuesta) y no por su trabajo.
En efecto, la tarea fundamental de la judicatura radica en la imparcialidad y el respeto de las garantías constitucionales vigentes en un Estado de Derecho. Así, los jueces deben ser evaluados por si sus sentencias se ajustan o no a la Constitución y las leyes; pero nunca por sus ideas ni por sus creencias.
A contrario sensu los magistrados tienen la obligación de tratar de ser justos, apegándose al texto y al espíritu de la ley y de la Constitución y, hacer todo lo que esté a su alcance para que se respeten los derechos y garantías de los justiciables, escindiéndose para ello de toda ideología o preconcepto.
Tanto ayer como hoy, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal advierte una creciente costumbre la de injerencia del poder político, económico o mediático sobre el Judicial, traducido en el intento liso y llano de coparlo o disciplinarlo cuando el mismo no responde a su agenda política o a los caprichos de los gobiernos de turno.
Así, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en el caso 'RIZZO', marcó precisamente la necesaria y saludable distancia que debe existir entre poderes constituidos del Estado para responder al verdadero equilibrio diseñado por Aristóteles y Polibio, receptado por Montesquieu y Hamilton, llegando hasta nuestros días.
Sin embargo, vemos con honda preocupación que aquellos a quienes estaba dirigido el fallo y, quienes declamaban por una justicia independiente pugnan por ser quienes lo incumplan con mayor esmero.
Hoy es el valor ideal Justicia el que es atacado; es víctima de operadores, de pseudoespías, de los servicios de inteligencia oficiales o clandestinos, de periodistas militantes, de corporaciones, de magistrados tiempistas o convertidos en obsecuentes servidores del poder, y hasta de algunos legisladores quienes suponen ser importantes que la propia República Argentina.
Advertimos que se produce un caos tal que, por ejemplo, algunas de las resoluciones judiciales de mayor impacto en la sociedad son conocidas por los medios de difusión antes que sean suscriptas por los jueces o bien, que habiéndose firmado, aún no fueran notificados a las partes, echando por tierra todo aquello que también la CSJN destacó en “HALABI” sobre la ilegalidad de la intercepción de comunicaciones de cualquier índole. o la facilitación de documentos públicos como, sin duda son los fallos de los magistrados.
Ni que hablar de que se toma con una asombrosa naturalidad ante el delito que constituye la fuga para su emisión pública de conversaciones privadas, grabadas de manera legal e incluso ilegal, por parte de servicios de inteligencia oficiales u clandestinos.
Todo ello deriva en un desfile inacabable de opiniones de personajes, personeros y opinólogos interesados e insaciables, los que deambulan por los diferentes canales de televisión, los diarios y las radios, muchos de ellos desinformando por caer en discursos desajustados a la ley y carentes de algún fundamento jurídico.
Lo único que se obtiene con los mismos es profundizar la división de los argentinos e incluso, desafiar constantemente la autoridad judicial por parte de todos los involucrados, incluso aún por parte de los algunos miembros de la familia judicial quienes, en caso de ser convocados por los magistrados se valen de las mismas argucias de las que se quejan y denuestan cuando están del otro lado de la mesa de entradas de los juzgados.
En tal sentido, recordaba siempre el Carlos Santiago Fayt que "Los hechos son sagrados, la opinión es libre". A todas luces, la opinión del viejo Maestro, más allá de su perfección, resulta una mera ilusión. Una quimera. La declamada defensa de la República no se traduce en expresiones discursivas mediáticas grandilocuentes sino en hechos concretos; así como nuestro Colegio obtuvo los precedentes “HALABI” y “RIZZO”, o bien cuando hizo todo lo que tuvo a su alcance para "frenar el nombramiento por decreto de dos Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", entre muchas otras.
Nuestro norte ha sido y sigue siendo el ponerle coto a estas injerencias a la independencia del Poder Judicial. En dicha inteligencia nuestra Institución exhorta y exige a los poderes constituidos del Estado y en especial al Judicial que pongan el sano límite republicano que nuestro país necesita, abandonando el personalismo, las pasiones, los intereses políticos, económicos o corporativos, las ideologías o los enconos, e ir definitivamente en procura de la defensa irrestricta de las garantías que aquellos que nos precedieron en el camino de la vida diseñaron “para afianzar la justicia… y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino.
” Nuestro deber es tratar de impedir que estos males se sigan enquistando en la sociedad. Cambiar la realidad es posible. Solo de nosotros depende pero de todos." De modo similar, desde el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires denunciaron que "vivimos a diario la más deplorable pérdida de todo sentido de justicia en manos de algunos magistrados y funcionarios visiblemente parciales; de operadores y de servicios de inteligencia; de resoluciones apuradas o demoradas estratégicamente según el interés del poderoso; de una agenda de la Corte Federal y de muchos Superiores Tribunales de Provincia, organizada a medida de los tiempos políticos y económicos pero alejados de los intereses de la ciudadanía, de denuncias altisonantes o de la instauración de mecanismos de impunidad, ante los órganos que deben controlar el funcionamiento del Poder Judicial", concluye uno de los primeros párrafos, donde ya queda expuesto el consenso de los más grandes colegios de abogados.
Los letrados indicaron también que estas situaciones "no son nuevas", y que ello contribuye "al descrédito social". Ante esto, señalan que "el Estado Constitucional de Derecho solo se construye y se consolida a través de un Poder Judicial independiente, que posea todas las garantías para cumplir con su función jurisdiccional, sin interferencia de los restantes poderes del Estado o de grupos de interés".
En ese marco, pidieron "restaurar la confianza perdida y superar prácticas viciosas que han generado el visible descreimiento en los tres poderes del Estado". "Desde la colegiación legal que nuclea a la abogacía de la provincia hemos procurado realizar nuestros mayores esfuerzos y concretar propuestas tendientes al mejoramiento del servicio de Justicia. Sin embargo, estas medidas no resultan suficientes si no se avanza coordinadamente en la conformación de una verdadera política de Estado que defina cuestiones estructurales de la Administración de Justicia", indicaron.
Desde el Colegio agregaron además que "cuando se politiza el Poder Judicial o se pretende judicializar la política, la que pierde es la República y con ella toda la ciudadanía que necesita este poder del Estado, como último garante, para la protección de sus derechos".
No hay comentarios:
Publicar un comentario