(U24) - El Gobierno nacional declaró la "emergencia en materia penitenciaria" por tres años, ya que las cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF) están superpobladas. El ministro de Justicia, Germán Garavano, firmó la resolución que dice que eso se debe a "las políticas exitosas de seguridad pública" y que la cantidad de presos seguiría aumentando.
Según una resolución que citó el sitio Infobae, el Gobierno sostiene que "la población penitenciaria alojada en establecimientos del SPF ha experimentado un incremento significativo en los últimos años".
"La población detenida en cárceles federales al 31 de diciembre de 2015 era de 10.274 personas, mientras que el SPF ha informado que los internos alojados al 13 de marzo de 2019 ascienden a 13.773".
La actual capacidad es de 12.235 personas. A partir de la declaración de emergencia, se crearía una Comisión de Emergencia en Materia Penitenciaria integrada por un representante de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, otro de la Dirección Nacional del SPF, y se invitaría a los Ministerios del Interior, de Hacienda y de Seguridad o nombrar a un funcionario.
Desde el Gobierno, sostienen que esta superpoblación se debe a "las políticas exitosas de seguridad pública y, consecuentemente, de persecución del delito para combatir la inseguridad ciudadana y el crimen organizado" y adelantan que la cantidad de presos "seguirá incrementándose sustancialmente durante el año en curso, proyectándose un crecimiento sostenido de la población carcelaria".
Sin embargo, no hay ninguna solución inmediata al actual y futuro hacinamiento de los presos. Desde que Mauricio Macri asumió la presidencia, se creó solo una nueva cárcel: el complejo federal de Cuyo, en Mendoza, que fue inaugurado parcialmente a fines del año pasado.
Actualmente, está en marcha la construcción de la cárcel federal de Coronda, en Santa Fe, y otra en la localidad bonaerense de Mercedes. Sin embargo, no todos hablan de "políticas exitosas" cuando se refieren al sistema penitenciario.
Desde la Cámara del Crimen, sostienen que las cárceles "no son aptas para la condición humana" por un "aumento sostenido de los internos alojados con la consecuente sobrepoblación y hacinamiento".
Según los datos oficiales, la población en las cárceles aumentó un 35% en los tres últimos años. "Lo más sincero sería hoy afirmar, tras relevar tanta falencia, que las cárceles no son aptas para la condición humana", concluyó la Cámara. Por este motivo, se ordenó al Gobierno que tome medidas concretas para solucionar el problema.
La pronunciación de la Cámara surgió a partir de un reclamo de presos alojados en la Unidad 28, que es la Alcaldía del Palacio de Tribunales, una cárcel de tránsito en la que, a mediados de febrero, había unos 169 detenidos. La misma tiene celdas para ocho o nueve personas en las que había entre 28 y 36, con solo dos baños y con alimentación y atención médica insuficiente.
En este establecimiento, se prevé que los presos permanezcan por un máximo de 24 horas, pero había algunos que estuvieron allí una semana. La Constitución Nacional establece que "las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ella".
Hace varios años que se denuncia el incumplimiento de este derecho, pero la situación fue tomando una gravedad extrema en los últimos años. Por la superpoblación, algunas cárceles habilitaron los gimnasios (que deberían ser espacios recreativos) para convertirse en nuevos pabellones.
Esto ocurrió en Devoto, Ezeiza y Marcos Paz, las tres más grandes del SPF y que alojan al 62,8 por ciento de los más de 13 mil presos que hay en el sistema federal.
"La crisis que enfrenta el Servicio Penitenciario Federal, las constancias incorporadas al legajo y, particularmente, lo tratado en las audiencias celebradas, dejan al descubierto la paupérrima situación penitenciaria y el estado de emergencia en el que se encuentra el sistema producto del aumento sostenido de los internos alojados con la consecuente sobrepoblación y hacinamiento", resumieron los jueces.
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