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| GALVARINO APABLAZA GUERRA |
La vicepresidente argentina, Gabriela Michetti abrió este lunes la posibilidad de que el exguerrillero chileno Galvarino Apablaza Guerra, quien vive en Buenos Aires en calidad de refugiado, fuera extraditado a su país para que respondiera ante la justicia sobre el asesinato de un senador en 1991.
"La idea es, incluso poder, en caso de que veamos que esto no tiene ninguna inconveniencia en términos jurídicos en la Argentina, llegar a la extradición" de Apablaza, dijo Michetti en declaraciones a medios chilenos durante una visita a Santiago, reproducidas por la agencia AFP.
"Nosotros acabamos de asumir el Gobierno y necesitamos revisar el tema, ver la legalidad y cómo hacer para destrabar este problema, pero hay vocación y nos hemos comprometido en llegar a un entendimiento, a un buen puerto, incluso con la posibilidad de una extradición", expresó tras reunirse con el presidente de la Cámara de Senadores de Chile, Patricio Walker.
Apablaza, miembro del disuelto Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) de Chile, está acusado de haber participado en abril en 1991 en el asesinato del senador Jaime Guzmán, considerado el ideólogo de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y fundador del partido ultraderechista Unión Demócrata Independiente (UDI) que apoyó el régimen militar.
Ya la semana pasada la canciller Susana Malcorra se había pronunciado en términos similares tras un encuentro que mantuvo en Buenos Aires con el canciller de ese país, Heraldo Muñoz, y no había descartado la extradición luego del beneficio que le concedió en 2010 la entonces presidente Cristina Kirchner.
"Esta cuestión está en manos de la Justicia. Ha habido de parte de la Corte Interamericana (de Derechos Humanos) un pedido en este sentido (formulado por una organización chilena, que solicita la extradición) y esto vino a mediados de noviembre. Está en este momento siendo analizado dentro de los términos que ha planteado la CIDH. Suponemos que en las próximas semanas va a haber una definición", aseveró la canciller durante una conferencia de prensa.
Consultada por un periodista de la televisión pública de Chile, Malcorra remarcó que el Gobierno está analizando qué hacer, sobre la base de una "recomendación del Ministerio de Justicia", a cargo de Germán Garavano, "y en función de las argumentaciones presentadas, como para tener una posición final".
El próximo 23 de febrero se cumple el plazo fijado por el organismo internacional para que el Gobierno argentino presente sus observaciones sobre el pedido que formuló la Fundación Jaime Guzmán, que reclama justicia por el senador homónimo, por cuyo asesinato Apablaza es sindicado como autor intelectual.
Hace cuatro años, la UDI, la Fundación Jaime Guzmán y la familia del asesinado exsenador chileno -líder del partido derechista Unión Demócrata Independiente (UDI)- hicieron una presentación ante la CIDH para que intercediera en la extradición de Apablaza.
El pedido surgió luego de que tanto la Corte Suprema chilena como la argentina dieran el visto bueno a la extradición, aunque esta fuera rechazada por el kirchnerismo.
Tras ese requerimiento chileno, la CIDH respondió el 23 de noviembre pasado y dio un plazo de tres meses a la Argentina para que presentara sus observaciones. Apablaza vive en la Argentina desde 1993 y en 2004 fue detenido en su casa del partido bonaerense de Moreno a pedido de la Justicia chilena, que reclamaba su captura internacional, pero en 2005, el juez federal Claudio Bonadio, tras un juicio, rechazó su extradición por entender que no estaban dadas las condiciones políticas en Chile para su juzgamiento.
El 30 septiembre de 2010 la Comisión Nacional de Refugiados (Conare), dependiente del Gobierno, decidió finalmente otorgar el beneficio del refugio en la Argentina al exguerrillero chileno
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