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| RAÚL CANTINI JUNTO A CFK |
En julio de 2015, el intendente kirchnerista de la ciudad santacruceña de Río Gallegos, Raúl Cantín, renunció junto a su gabinete en medio de un conflicto salarial con los trabajadores municipales, que llevaban 119 días con medidas de fuerza.
La dimisión la presentó un día después de la visita de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a la ciudad donde encabezó un acto con anuncios para el distrito y se encontró con las calles llenas de basura por la falta de recolección.
El Concejo Deliberante aceptó la renuncia de Cantín y asumió hasta el 10 de diciembre, el concejal kirchnerista Pablo Grasso, quien dejó su lugar al ganador de las elecciones de octubre, el radical Roberto Giubetich.
Así las cosas, tras asumir, Giubetich inició un censo en el municipio para determinar la herencia recibida de la gestión K y según indica hoy (27/01) el diario Clarín, descubrió presos nombrados y cobrando salario municipal y otra gran cantidad de empleados que ni siquiera viven en la Provincia pero que figuran en la nómina de personal percibiendo sus haberes como si realmente prestaran servicios.
El municipio tiene 4.200 empleados. La ciudad quedó sin fondos y con deudas. Además denunciarán fondos provenientes de YPF para la compra de maquinaria que llegó pero el dinero no está.
“Nos encontramos con una persona que está en prisión hace ocho meses y cobraba el salario como si trabajara, algo que detuvimos y ya no se le paga hasta que no se resuelva su situación”, explicó el intendente Giubetich.
No sólo Cantín hizo descalabros. El saliente intendente K Pablo Grasso, integrante de Kolina y ahora funcionario de Alicia Kirchner, nombró desde el 1° de noviembre al 1° de diciembre 177 personas en el municipio.
“A varios les dimos de baja, de los 77 que pasó a planta permanente al 70% los dejamos sin efecto por no cumplir con la antigüedad requerida para ser planta”, señaló el intendente radical.
Giubetich remarcó que no van a "bancar a aquellas personas que cobran un sueldo y no están en la ciudad o que no cumplen ninguna función. Este es un primer paso, luego deberemos controlar que todos cumplan el horario correspondiente dentro del Municipio, y no que se vayan afectados a otros lugares bajo el ala de un padrino político".
Pero hay más. No sólo hubo despilfarro y nombramientos masivos de empleados, también hubo robos. Por 180 días el intendente declaró a Río Gallegos en emergencia económica, financiera, administrativa y patrimonial, con posibilidades de extenderla por seis meses más.
Se creó una comisión de verificación de deuda y se detectaron varias irregularidades como faltante de “computadores, mobiliarios, expedientes, vehículos -que están retenidos en algún lado-, celulares que les tuvimos que cortar para que devuelvan, se los llevaron directamente”.
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