CIUDAD DE SALTA (NOAnomics). Cuando parecía que la mayoría de los gobernadores se habían resignado a aceptar la derogación del Decreto emitido por CFK pocos días antes de vencer su mandato, que extendía a todas las provincias el fallo de la Corte Suprema restituyendo el 15% de pre coparticipación que se detraía a las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis para financiar al ANSES; ha resurgido el reclamo en los últimos días tanto de ahora opositores como de algunos aliados.
Quizás lo que quebró la aparente aceptación fue la decisión del gobierno nacional de duplicar el porcentaje de coparticipación a la CABA (Ciudad de Buenos Aires) por Decreto y unilateralmente.
Por lo menos en el frente de gobernadores peronistas, salvo algunas excepciones, el reclamo por los 15 puntos de coparticipación parece haberse hecho más fuerte, con algunos manteniéndose en la decisión de judicializarlo.
Desde este espacio hemos sostenido que coincidimos con la postura de las provincias, siendo que el origen de la detracción consistía en fondear el ANSeS cuando aparecieron en escena las AFJP.
Una vez privatizadas éstas, su justificación resulta difícil de sostener. El argumento del gobierno nacional es que si cediera los 15 puntos en discusión el ANSeS quedaría con serios problemas financieros, pero Nación sería capaz de reconocer el Decreto de CFK (emitido con más malicia que repentino respeto por el federalismo fiscal) si se redujeran a su mínima expresión las transferencias discrecionales, que además son las que generan las mayores inequidades de la actual relación entre Nación y provincias.
Pero vamos por partes.
En primer lugar resulta interesante cuantificar el perjuicio que han sufrido las provincias por no contar con estos recursos desde 2006, año a partir del cual del fallo de la Corte establece que no se deberían haber realizado las sustracciones a los tres distritos favorecidos por la demanda.
Actualizando a valores de hoy estas detracciones acumulan un estimado de $ 537 mil millones. Obviamente por sus mayores tamaños los distritos que más sufrieron son Buenos Aires, que resignó un acumulado de $ 105 mil millones a valores de hoy, seguida por Santa Fe ($ 48 mil millones) y Córdoba ($47 mil millones).
Sin dudas son cifras siderales difíciles de interpretar, pero para ponerlas en términos más fáciles de asimilar cada provincia cedió fondos por un equivalente a 1,3 vez lo que recibió por coparticipación durante el año 2015, es decir que han acumulado una pérdida que supera un año de giros por recursos tributarios de origen nacional.
En términos relativos, los montos cedidos cada año han significado en promedio desde 2006 un 6,4% de los Ingresos Totales del consolidado de las 24 provincias, llegando al 11% promedio en Santiago del Estero y en el rango del 10% al 9% promedio anual para San Luis, Formosa, Catamarca, Corrientes, San Juan, Salta, Jujuy, La Rioja, Chaco y Tucumán.
Las que acusaron menos impacto relativo son CABA, en donde los fondos resignados sólo dieron cuenta del 1,5% de los Ingresos Totales en promedio desde 2006, mientras que para Neuquén, Santa Cruz, Chubut y Buenos Aires la cesión se encuentra en el orden del 4% al 5% del total de recursos.
Con esos 15 puntos porcentuales (p.p.) adicionales, en lugar de presentarse un déficit consolidado para todos los períodos entre 2006 a 2015, excepto 2006 y 2010, las provincias podrían haber exhibido crecientes y holgados superávits para todos esos años.
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Por ejemplo, para 2015 estimamos que el déficit consolidado de los 24 distritos habría llegado a los $ 26.700 millones (-0,5% del PBI), pero sin haber cedido recursos de coparticipación ese resultado se habría convertido en un superávit de $ 34 mil millones (0,6% del PBI).
A nivel individual, en lugar de la mitad de las provincias cerrando con déficits en el año 2014 sólo lo hubieran hecho Santa Cruz y Chubut. Ahora, si en lugar de haberlos ahorrado para revertir los números rojos, los 15 puntos se hubieran destinado a infraestructura se tendría que en vez de un ratio de Gastos de Capital sobre Gastos Totales del 14% (promedio entre 2006 a 2015) se podría haber alcanzado uno del 20%.
En este caso no sólo San Luis y Santiago del Estero hubieran llegado al 30% de su presupuesto total destinado a inversión pública sino que se les hubiera sumado San Juan (39%), Formosa (38%), Misiones (36%), La Rioja (31%), Catamarca (31%), La Pampa (31%) y Chubut (30%).
Superando la marca del 25% podrían haberse listado 14 provincias, en lugar de sólo 5. Por último, de contar con el ingreso de los 15 puntos de coparticipación quizás las provincias no habrían aumentado tanto la presión fiscal ejercida por sus impuestos provinciales.
Entre 2006 a 2015 la presión fiscal provincial se duplicó, pasando de 3 a 6 puntos del PBI. Sin detracciones esa carga fiscal hubiera sido hoy de 1 punto porcentual menos y rozando 5 puntos del PBI.
Por medio de este ejercicio de simulación se ha pretendido cuantificar el daño fiscal que las provincias debieron asumir por contar con 15 puntos menos de coparticipación durante la última década.
Muchos arguyen que este escenario era inevitable debido a que sin esos fondos la ANSeS hubiera quedado desfinanciada, lo que sin dudas hubiera implicado un costo inaceptable. Justamente ese es el principal argumento que esgrimió el gobierno nacional para derogar del decreto de CFK y frenar los reclamos de las provincias.
Sin embargo, un camino posible para dejar a ambas partes contentas puede ser el de reducir al mínimo las trasferencias discrecionales, esas que siempre dependen más de criterios políticos. Y es que si se suman las Transferencias Corrientes y las de Capital, neteando los giros del Fondo Federal Solidario que se distribuyen automáticamente de acuerdo a los coeficientes del régimen de coparticipación, se observa que éstos han sido superiores todos los años desde 2006 a lo que hubiera significado recibir los 15 puntos adicionales.
Para 2015 estimamos que por transferencias discrecionales las provincias podrían haber recibido unos $ 78 mil millones, que son unos $ 17 mil millones más de los $ 61 mil millones extra que hubieran recibido de no haberse detraído los 15 puntos.
Sin desfinanciar al ANSES, ya que el resultado neto todavía sería positivo para el gobierno nacional, se reemplazarían transferencias discrecionales por mayor coparticipación con criterios de distribución más objetivos, y que aunque también son sujetos a crítica, por lo menos no dependen de la afinidad política de los distritos con el gobierno de turno.
Es decir que, honrando el derogado decreto, podría darse un poco más de transparencia al actual esquema reduciendo su discrecionalidad. Quizás sea difícil hacerlo inmediatamente pero con un plan gradual y progresivo de aquí en adelante (y dejando de lado lo adeudado) pueda servir para acercar las partes, mostrar buena voluntad de la flamante gestión nacional y facilitar el debate mientras se logre allanar el camino para lograr la, por 20 años, demorada reforma del régimen de coparticipación.
Para el 2016 los fondos en discusión pueden llegar a $ 64 mil millones, excluyendo Córdoba, Santa Fe y San Luis que ya consiguieron el reconocimiento. Tal vez este informe pueda servir como pequeña guía de negociación para el resto de los gobernadores enojados con el gobierno nacional..
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