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| Sergio Urribarri tiene problemas crecientes con la Justicia, aparentemente. |
PARANÁ. Aunque aún es temprano como para ilusionarse, pareciera que la Justicia entrerriana comienza a dar algunas señales de pretender avanzar en algunas causas de corrupción.
En esta oportunidad, según revela la web especializada Página Judicial, y como una ramificación de la causa madre, que es la de enriquecimiento ilícito que iniciaron los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, el Ministerio Público Fiscal solicitó información en Casa de Gobierno sobre las contrataciones directas que hiciera el ex gobernador Sergio Urribarri mientras estuvo al frente del Poder Ejecutivo.
En el requerimiento se encontró suficiente documentación como para establecer que en varios casos el Gobierno contrató a la imprenta Cinco Tipos (actualmente bajo la denominación Formato Urbano). Es la misma que se le atribuye a Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador, quien se desempeñó en la gestión primero en la Cámara de Senadores y luego en la Casa de Entre Ríos, con sede en Buenos Aires.
La firma es la misma, sólo cambió de nombre comercial y de local. Los requerimientos surgidos en la causa por enriquecimiento ilícito llegaron también a distintos municipios con el propósito de saber si habían hecho contrataciones con las empresas mencionadas.
Dos funcionarios municipales reconocieron que las impresiones que hacía la Provincia debían ser realizadas en esa empresa. Lo mismo repiten trabajadores de otros organismos estatales. Un ejemplo concreto lo dio un trabajador raso: la Dirección Provincial de Vialidad redujo estrepitosamente sus tareas porque muchos de los trabajos que hacía pasó a realizarlos la firma del cuñado de Urribarri.
La anécdota se puede multiplicar en otras oficinas públicas. Para dar una cifra y saber de qué se está hablando, la firma facturó a lo largo de 2014 una suma de $ 4.788.623,36 al Estado provincial por la tarea de instalación de cartelería en la vía pública.
Entre los impresos más vistosos e importantes en cuanto a dimensiones y precio, obviamente, están los que se solían lucir en el frente del edificio del Consejo General de Educación. Allí se colocaron imágenes en homenaje a los combatientes en las Islas Malvinas y también a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otras.
Muchas de estas contrataciones fueron realizadas por contratación directa, sin licitación, cuando en rigor ese proceso está habilitado para casos especiales, de excepción, como puede ser una compra de frazadas o chapas ante una catástrofe climática.
¿Cuál pudo haber sido la excepcionalidad para contratar sin cotejo de precios la impresión de cartelería para una predecible fecha patria?
Esta, y otras inquietudes, deberán responder también el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez; y el subsecretario de Gestión Administrativa de la Gobernación, Hugo Félix Céspedes. Ambos están implicados en la investigación que lleva adelante el fiscal Santiago Brugo.
El ex gobernador, además de la causa por enriquecimiento ilícito, acumuló en el último mes dos investigaciones. La 1ra. por supuestas irregularidades en contrataciones durante la Cumbre del Mercosur que se realizó en Paraná en diciembre de 2014. La 2da. es sobre su frustrada candidatura presidencial. La jueza federal María Romilda Servini de Cubría tiene a su cargo una investigación por la rendición de cuentas de lo que se conoció como "el sueño entrerriano".
EX INTENDENTE JUAN CARLOS DARRICHÓN, A PUNTO DE QUEDAR SIN FUEROS
El ex intendente de la ciudad de Diamante, Juan Carlos Darrichón y actual diputado provincial (PJ), está acusado por la retención indebida de aportes de los trabajadores municipales. En principio se le había dictado un sobreseimiento, pero un tribunal consideró que debía ser investigado.
Por ese motivo el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, solicitó el desafuero del legislador. Darrichón, está imputado por la retención indebida de fondos de la Caja de Jubilaciones de la Municipalidad de Diamante en tiempos en que era intendente.
Además, el tribunal dictó el procesamiento de quien fuera secretario de Hacienda comunal, Héctor Miguel Zapata, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La causa se originó a partir de una denuncia de presentaron concejales de la oposición por no haber transferido fondos desde la comuna a la Caja de Jubilaciones Municipal.
Concretamente, se le atribuye a Darrichón haber dictado decretos por los cuales se disponía el adelanto de haberes a los empleados de planta permanente de la Comuna equivalentes al importe que les correspondía como salario, por lo cual no se realizaban los descuentos previsionales y omitía realizar el depósito mensual en la Caja de Jubilaciones de la Municipalidad.
Dicha maniobra contaba, necesariamente, con el aval del Secretario de Hacienda, y se realizó desde junio de 2005 hasta abril de 2009, en distintos ítems.
El perjuicio para la caja previsional se estimó en unos $65.000 mensuales. Ambos funcionarios habían sido sobreseídos por el juez de Instrucción, Jorge Barbagelata Xavier. Pero el fiscal Diego Guaita apeló esa resolución y ahora, en un fallo dividido, el Tribunal de Juicio y Apelaciones revocó el sobreseimiento de Zapata y lo procesó por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En cuanto al ex intendente Darrichón, los jueces Alejandro Grippo y Ricardo Bonazzola dispusieron que se prosiga con el trámite de desafuero, dada su condición actual de diputado provincial.
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